viernes, 25 de marzo de 2011

NUNCA MAS. DICTADURA ARGENTINA Y HOMOSEXUALIDAD

A 35 años del golpe del 24 de marzo de 1976, las víctimas homosexuales de la dictadura continúan sin ser, sin estar. El informe Nunca Más que elaboró la Conadep no ha nombrado a una sola persona detenida o desaparecida a causa de su orientación sexual.

En materia de género, la dictadura representó un duro golpe que todavía no fue debidamente reconocido, porque desarticuló y produjo un estancamiento en los movimientos feministas y de liberación homosexual que venían desarrollándose desde la década anterior. Se produjo un enorme retroceso, imponiéndose roles de género tradicionales, que relegaban a las mujeres a espacios domésticos y les demandaban una actitud pasiva en todo. La Iglesia fue erigida en la autoridad moral que determinaba roles y modos de comportamiento y vinculación para todos los hombres y las mujeres.

El Estado argentino no ha otorgado aún ningún resarcimiento por el daño a desaparecidos homosexuales, o a sus familiares. Según datos de varias organizaciones de derechos humanos, se estima que unos 400 homosexuales fueron detenidos durante la dictadura: muchos de ellos torturados, violados, y hasta asesinados. Sin embargo no existen archivos que confirmen esos casos.

Carlos Jáuregui, en La homosexualidad en la Argentina, cuenta que uno de los responsables de la Conadep (Comisión Nacional sobre Desaparición Forzada de Personas) le afirmaron la existencia de esa cifra de homosexuales integrando la lista del horror. Y dice que “el trato que recibieron fue similar al de los compañeros judíos desaparecidos, especialmente sádico y violento”. Esto no se contó en el Nunca Más.

Mucho tiempo después, Jáuregui contó que el rabino Marshall Mayer le había admitido que esa escandalosa omisión se habría debido a las presiones del ala católica de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos.

Sin embargo, no existen datos cuantitativos seguros sobre las personas de diversidad sexual que pasaron por los centros: existía la doble militancia en el Frente de Liberación Homosexual ya que muchos de sus miembros pertenecía a fuerzas revolucionarias.

Ni Madres de Plaza de Mayo, ni Abuelas, ni la agrupación HIJOS ni otros organismos de derechos humanos han manifestado la orientación sexual como causa de la desaparición de alguno de sus familiares.

Fueron años difíciles, sobre todo por la campaña moralizadora que se ejercía desde el gobierno. Muchos gays militantes en partidos políticos, algunos de los cuales habían conformado el Frente de Liberación Homosexual (FLH), como el poeta Néstor Perlongher y Héctor Anabitarte, se exiliaron buscando la protección que aquí no encontraban. Otros escapaban los fines de semana a las islas del Tigre y organizaban reuniones para divertirse.

Quienes no se exiliaron debieron desplegar estrategias de subsistencia: redes de baños públicos de trenes (teteras), barrios alejados de las vigiladas ciudades, fiestas privadas con música a sonido apto para los/as vecinos/as.

El que cuenta muy bien cómo era la vida cotidiana para los homosexuales durante la dictadura es Oscar Villordo. Con registros de la época ves que la vida era verdaderamente atroz. La cuestión homosexual en nuestro país, se había manifestado públicamente en 1968 mediante la publicación de una revista llamada “Nuestro Mundo”, y con el posterior surgimiento, en 1971 del Frente de Liberación Homosexual (FLH), que intentó plasmar las reivindicaciones homosexuales en la sociedad de los ´70. Sin embargo, tanto para las feministas como para homosexuales, el enemigo principal era la Iglesia con su enorme poder. Todo aquello que se había conseguido, con aquello mínimo de haber salido a la calle, volvió al único lugar admitido que eran los baños de las estaciones de trenes, de los cines. Eran lugares de encuentro muy mórbidos, el único lugar de socialización. Si la policía te detenía, llamaba a tu casa para decir que estabas preso por homosexual y que ibas a estar 15 días en Devoto. Eso hacía la vida imposible”, narra el activista.

La breve historia del Frente de Liberación Homosexual (FLH) y la aparición de las Brigadas de Moralidad de la Policía Federal que purgaban las calles de gays y travestis aplicando el represivo inciso 2º H –escándalo en la vía pública– de los nefastos edictos policiales echaron por tierra la visibilidad que el colectivo había ganado. También el macabro Plan Cóndor pretendía “acabar con los homosexuales” frenó las reivindicaciones de toda clase, sobre todo feministas y homosexuales, que no sólo eran blanco de los militares en términos de represión política y desaparición física, sino que sufrieron también el embate del discurso religioso y conservador de la Junta a nivel social, que se plasmó en todas las instituciones (escuelas, legislación, iglesia, etc.), y que significó un terrible retroceso en cuanto a la lucha por el reconocimiento de la diversidad sexual, de los derechos sexuales y reproductivos, del derecho al aborto, etc. La sociedad argentina debió marchar al paso de las botas militares, que querían mujeres amas de casa, madres y sobre todo sometidas. Los hombres debían ser machos heterosexuales. Las lesbianas en este esquema no existían.

Según la investigación realizada por Osvaldo Bazán en su libro Historia de la homosexualidad en Argentina, durante los primeros meses de la dictadura algunos lugares todavía permitían homosexuales. Los boliches se encontraban en la periferia de la ciudad de Buenos Aires, y muchos de los que buscaban “acción” lo hacían en los baños públicos de las estaciones de trenes. Las redadas contra los homosexuales se intensificaron, y muchos optaron por la clandestinidad o por emigrar.

Del mismo modo que los/as trabajadores/as sociales en villas miseria y sindicalistas combativos/as, las mujeres que luchaban por la legalización del aborto o que abortaban, las feministas y los homosexuales y lesbianas fueron sujetos de punición para el jefe de la División Moralidad de la Policía Federal, quien en el año 1977 llegó a sostener que uno de sus objetivos era “espantar a los homosexuales de las calles para que no perturben a la gente decente”, pensamiento cercano a los policías, funcionarios y legisladores/as que impulsaron el artículo 71 que “autoriza” el hostigamiento policial y las golpizas contra las travestis en la hoy Ciudad Autónoma.

Valeria Ramirez, activita travesti detenida, brindó a SentidoG.com su testimonio sobre la realidad de aquellos años. “Esa sensación de persecución está presente en la mente de Valeria. “Ser homosexual o transexual en esa época era muy difícil, éramos constantemente perseguidos por la policía. Teníamos que arreglar con los jefes, y aún así éramos arrebatadas por patrullas de otras zonas porque necesitaban justificar que el plan se estaba cumpliendo. Nos venían a buscar”, recuerda y compara esa situación con una realidad que todavía hoy viven personas GLTB (gays, lesbianas, travestis y bisexuales) en muchas provincias argentinas. “En el país están todavía en vigencia en muchos lugares los Códigos de Faltas que tienen más de 30 años. La ausencia de una Ley de Identidad de Género hace que aún existan figuras represivas y que estemos condenadas a la persecución y a la prostitución como medio de vida, sin poder salir. Para las personas trans aún no ha llegado la democracia”, se lamenta.

El calvario vivido como detenida no encuentra consuelo. “Padecí violaciones para poder acceder a la comida o ir al baño. Nunca sentí miedo de morir. Vi la tortura y tuve que callar para poder seguir. Nuestras vidas no valían nada. La segunda vez que recuperé la libertad, mi abogado me dijo que si quería seguir viviendo me fuera de esa zona.”

Ramírez, desde la sede de la Fundación Buenos Aires Sida donde se desempeña como voluntaria, pide que el Gobierno “deje de invisibilizar a todos los que vivimos una sexualidad diferente. Aún hoy no sabemos dónde están tantos compañeros de lucha y de militancia. Y esto es parte de nuestra historia, que espero no vuelva a repetirse, pero que necesitamos hacerla pública, sacarla de este armario que nos impuso la sociedad durante tanto tiempo”.

Marcela Romero, transexual militante, afirma que la democracia aún no llegó a las personas travestis que deben prostituirse para sobrevivir o soportar la falta de una Ley de Identidad que reconozca el género elegido y aún esperan iniciativas estatales que hagan de la igualdad, la verdad y la justicia un horizonte cercano y que fueron pilares de la resistencia, aún con su simple deambular público, en la Argentina oligárquica que siempre amenaza con volver.

Invisibles, sin nombre ni identidad, la historia argentina aún no logra sanar las heridas de un pasado que no se borra de la mente de aquellos que han sufrido en carne propia la crueldad sólo por tener una orientación sexual diferente de la establecida. Es hora que la memoria salga del clóset y reivindique a esos 400 homosexuales que permanecen desaparecidos entre los desaparecidos. Treinta y cinco años después, siguen pidiendo su Nunca Más.

* El golpe del 24 de marzo de 1976 destituyó a Isabel Martínez de Perón para reemplazarla por la junta de comandantes integrada por el Teniente Gral. Jorge Rafael Videla, el Almirante Eduardo Emilio Massera y el Brigadier Gral. Orlando R. Agosti. La junta designó como presidente de facto a Jorge Rafael Videla y así comenzó el “Proceso de Reorganización Nacional”, que impuso el terrorismo de estado y se cobró la vida de 30.000 hombres y mujeres, sin contar aquellxs que fueron encarceladxs sin juicio previo y lxs miles que tuvieron que partir al exilio. Además del secuestro forzado, existió otro plan: la apropiación sistemática de niñxs. Lxs niñxs eran robadxs a las madres que parían en los centros clandestinos de detención o eran secuestradxs junto a sus padres y madres, para luego ser inscriptos como hijxs propixs por muchos miembros de la represión, por sus allegadxs, vendidxs o abandonadxs en institutos.


A 35 años del golpe cívico-militar, los juicios son política de Estado
Los procesos de memoria y justicia que se multiplican en todo el país les otorgan una vigencia inédita a los Derechos Humanos. El siguiente paso es desnudar la complicidad civil con la represión.
Al cumplirse 35 años del último golpe de Estado, el avance de las causas contra los represores de la última dictadura militar le da a los Derechos Humanos en la Argentina una vigencia impensada en años anteriores. A la fecha, hay ocho juicios orales desarrollándose en simultáneo en todo el país y al menos siete a punto de comenzar durante 2011. Estos procesos involucran a casi 140 personas, que se podrían sumar a los ya 200 condenados por delitos de lesa humanidad que hay desde la vuelta de la democracia.

El último eslabón en la cadena del terror

La Unidad Especial de la Procuración analizó 2758 planillas de vuelo realizados entre 1976 y 1978. Al margen de Adolfo Scilingo, condenado en España, sólo hay un procesado con prisión preventiva por participar en los “vuelos de la muerte”.

La impunidad de centenares de militares, marinos, policías y civiles que participaron en los vuelos de la muerte podría comenzar a revertirse. El fiscal federal Miguel Osorio, que investiga el Plan Cóndor de coordinación entre las dictaduras del Cono Sur, dejó trascender el martes, durante un panel realizado en el Congreso, que está identificado el vuelo específico en el que fueron arrojadas al Río de la Plata las fundadoras de Madres de Plaza de Mayo secuestradas por un grupo de tareas de la ESMA en diciembre de 1977. La investigación, que permitirá avanzar contra sus tripulantes y la cadena de mandos que les daba órdenes y les garantizaba el encubrimiento, fue realizada por la Unidad Fiscal de coordinación de causas de lesa humanidad de la Procuración General de la Nación y está en poder de los jueces federales Norberto Oyarbide –que instruye la causa Plan Cóndor–, Sergio Torres –a cargo de la megacausa ESMA– y también de Eduardo Taino, fiscal de la causa. Ante un pedido expreso de la Justicia, Página/12 omite por el momento los nombres de los involucrados y otros datos que puedan perturbar el avance de la pesquisa.

El informe final de la investigación realizada por la Unidad Especial que conduce el fiscal general Jorge Auat y coordina Pablo Parenti data del 19 de noviembre pasado. A partir de un universo de 2758 planillas de vuelo realizados entre 1976 y 1978, los investigadores analizaron regularidades y, en contraposición, excepciones: vuelos cuya duración no se condice con los puntos de despegue y aterrizaje, horarios sin relación lógica con las finalidades explicitadas, un mismo destino de salida y llegada en vuelos de “instrucción”, omisiones llamativas en los registros.

El universo se acota primero según la duración: por la velocidad de los aviones y en base a las precisiones que aportó el condenado ex capitán Adolfo Scilingo sólo se consideran vuelos de dos horas y media como mínimo. El segundo parámetro es el destino. Descartados los vuelos de duración justificada (a provincias del norte, la Mesopotamia o la Patagonia), los restantes tienen una particularidad: el despegue y el aterrizaje tiene lugar siempre en el Aeroparque Jorge Newbery o en la base de Punta Indio, y en algunos casos ambas en el primero. El dato es sugestivo: los dos vuelos en los que participó Scilingo despegaron desde Aeroparque. El marino confesó que “todos los ‘traslados’ tenían como plan de vuelo Punta Indio pero sin aterrizar: continuaban vuelo a baja altura mar adentro para no ser detectados por el radar de Mar del Plata”.

El tercer filtro es la nocturnidad, asociada por la Unidad Fiscal “a todo aquello que pretende ocultarse”. Los vuelos entre las seis de la tarde y las seis de la mañana son excepcionales: rondan el seis por ciento en 1976 y 1977, crecen hasta casi un diez por ciento en 1978. Por último se considera la “finalidad”. En más de la mitad de los casos se menciona un genérico “traslado”, por lo general con un objeto preciso: “material clasificado”, “buzos”, “maquinaria”, “contraalmirantes”. También figuran finalidades específicas: “apoyo regata”, “sanitario”, “relevo de personal”, “arrojar paracaidistas”, “vuelo de prueba”, “patrullaje” o “instrucción”. Los vuelos que sortean los cuatro filtros y en los que se menciona a Aeroparque como punto de partida y llegada son apenas once en tres años. Todos menos uno tienen por finalidad la “instrucción” y en ninguno se registra la existencia de pasajeros. A partir de este análisis se pudo individualizar el vuelo en el que se habría “trasladado” a las monjas francesas y a las fundadoras de Madres de Plaza de Mayo.

El operativo del grupo de tareas de la ESMA en la iglesia de la Santa Cruz fue el 8 de diciembre de 1977. Dos días después fue secuestrada Azucena Villaflor de De Vicenti. El grupo de familiares estuvo en cautiverio en la ESMA al menos hasta el 14 de diciembre, cuando los marinos fotografiaron a las monjas francesas Alice Domon y Léonie Duquet con una bandera de Montoneros de fondo y un ejemplar del día del diario La Nación en sus manos. Los restos aparecieron en las costas de San Bernardo y Santa Teresita entre el 20 y el 28 de diciembre, y fueron enterrados como NN en el cementerio de General Güemes. El Equipo Argentino de Antropología Forense identificó en 2005 los restos de Duquet, de Angela Aguad y de tres fundadoras de Madres de Plaza de Mayo: Villaflor de De Vicenti, Esther Ballestrino de Careaga y María Ponce de Bianco. “Las fracturas son compatibles con la caída desde una altura determinada y el impacto contra un cuerpo duro”, dictaminó el EAAF.

El método argentino de desaparición de personas, que Rodolfo Walsh denunció en 1977 y Scilingo confesó en 1995, continúa dando frutos. Más allá de condenas aisladas como las de Riveros, Verplaetsen & Cía. por el asesinato de Floreal Avellaneda, cuyo cadáver apareció en la costa uruguaya, los asesinos que participaron de las ejecuciones que según Scilingo bendijo la jerarquía eclesiástica e incluyeron hasta “invitados especiales” aún disfrutan de impunidad y anonimato.

Al margen de Scilingo, condenado en España a un millar de años de prisión, el único procesado con prisión preventiva por ese delito es el capitán Emir Sisul Hess, quien contó en privado que las víctimas “caían como hormiguitas”. El teniente de fragata Julio Alberto Poch, extraditado desde España luego de confesar su actuación ante colegas de la aerolínea holandesa Transavia, se benefició con una resolución de la Cámara Federal, que le encomendó al juez Torres mejorar los argumentos del procesamiento. El juez volvió este año a tomar una serie de declaraciones testimoniales en Holanda, pero no a pronunciarse sobre la situación del marino. El magistrado no avanzó aún contra la cadena de mandos que estaba por encima de Hess y de Poch, ni contra el suboficial Rubén Ricardo Ormello, quien –tal como informó Página/12 en 2009– relató ante sus compañeros de trabajo de Aerolíneas Argentinas su participación en vuelos que partían de Ezeiza. El juez Torres tampoco indagó aún al abogado Gonzalo Torres de Tolosa, mencionado por Scilingo entre quienes lo ayudaron a tirar personas al vacío en uno de los dos vuelos que confesó, y mucho menos a los capellanes Luis Antonio Manceñido y Alberto Angel Zanchetta, que sedaban las conciencias de los marinos y continúan en actividad en las filas de la Iglesia Católica.

POR: GMAGAZINE. TIEMPOARGENTINO. PAGINA12.

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