¿Embarazos para todas y todos?
La media sanción en la Cámara de Diputados de un proyecto de ley que obliga a obras sociales y prepagas a cubrir los tratamientos de reproducción generó polémicas, porque alcanza no sólo a las parejas heterosexuales infértiles sino también a homosexuales. Lo que la ley no dice. Las controversias que vendrán.
La media sanción en la Cámara de Diputados de un proyecto de ley que obliga a obras sociales y prepagas a cubrir los tratamientos de reproducción generó polémicas, porque alcanza no sólo a las parejas heterosexuales infértiles sino también a homosexuales. Lo que la ley no dice. Las controversias que vendrán.
El 27 de junio pasado fue un día de paradojas. Mientras el sindicalista Hugo Moyano convocaba a la Plaza de Mayo para reclamar por el impuesto a las ganancias, la Cámara de Diputados daba media sanción a un proyecto de ley sobre fertilidad asistida frente a la Plaza del Congreso. Aunque no parezcan tener nada que ver, ambos sucesos podría ser unidos por la magia de las estadísticas: casi tantas personas sufren por las remuneraciones como por la esterilidad en la Argentina.
Entre el 10 y el 20% de las parejas tiene problemas para concebir un hijo naturalmente, en tanto el 19% de la población, según la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, aporta una porción de su sueldo en concepto de ganancias. Más allá de los malabarismos numéricos, la pregunta que sobrevuela al debate de la ley de fertilidad es si corresponde redistribuir parte del dinero de todos entre los que no pueden tener hijos por sí solos.
Los especialistas en reproducción humana alegan que la infertilidad es una enfermedad y, como tal, debe ser contemplada por el sistema de salud de un país. Otros médicos, en cambio, deslizan que hay muchas otras necesidades sanitarias que están antes que las dificultades para concebir. Hay quien plantea que sería mejor simplificar el sistema de adopción antes que estimular la reproducción artificial. Y, también, quien advierte que no parir hijos es un dolor inconcebible para quien no lo padece.
La realidad es que la mayoría de las personas quieren agotar todas las posibilidades de gestar hijos biológicos –aunque sea con óvulos o espermatozoides donados– antes de optar por la adopción de un niño ajeno. La ciencia lo hace cada vez más posible.
Desde que Louise Brown vio la luz en Gran Bretaña hace 34 años, ya nacieron cinco millones de “niños de probeta” en el mundo. Las técnicas de reproducción se han convertido en rutina y muchos países, desde Italia y España hasta Gran Bretaña y Australia, contemplan los tratamientos de fertilidad como parte de la cobertura de salud de su población.
Argentina es pionera en técnicas de reproducción asistida, pero hasta el momento los avances se han mantenido en la esfera de la medicina privada, que suele facturar más de 25 mil pesos por un ciclo de tratamiento.
Se calcula que existen 60 mil argentinos que no pueden concebir naturalmente, y sólo una pequeña proporción de ellos puede acceder a los tratamientos de alta complejidad. Apenas el 10% de los pacientes tienen hoy cobertura para recurrir a la reproducción asistida. Hay que tener en cuenta, además, que en cada ciclo de tratamiento sólo el 40% de las mujeres menores de 35 años logra un embarazo, cifra que baja a un 25 a 35% de éxito en las mujeres de entre 35 y 40 años. Por eso, usualmente se requiere hacer más de un ciclo de fertilización para conseguir un embarazo que llegue a buen término. No todos pueden permitírselo.
Anualmente se hacen unos 12 mil tratamientos FIV en la Argentina. Pero, si se aprueba la cobertura universal, la cantidad podría más que duplicarse. De ahí que tanto pacientes como clínicas privadas se hayan aliado detrás del reclamo de inclusión en el Plan Médico Obligatorio (PMO).
Hace dos semanas, los diputados apoyaron por 169 votos a favor y 7 abstenciones la cobertura de los tratamientos para quienes busquen tener hijos con ayuda tecnológica, ya sean parejas heterosexuales infértiles, mujeres independientes, homosexuales o sobrevivientes del cáncer.
Según el proyecto, las obras sociales y las prepagas deberán pagar las hormonas, las inseminaciones artificiales, las operaciones de endometriosis, las inyecciones de un espermatozoide en un óvulo (método ICSI) o cualquier otra técnica aprobada por la OMS para lograr que una mujer porte un bebé en su vientre.
“Desde la Cámara Alta trabajaremos para tratar pronto el proyecto que ya tiene media sanción de Diputados, ya que no nos parece justo que actualmente este tipo de prácticas sean posibles sólo para aquellos que poseen recursos económicos para solventarlas”, señaló Daniel Filmus, senador porteño por el Frente para la Victoria.
Aunque el proyecto busca no discriminar por orientación sexual ni estado civil, no avanza en cuestiones prácticas –y espinosas–, que fueron dejadas para el momento de la reglamentación, a cargo del Ministerio de Salud de la Nación. En esa instancia se tendrán que decidir el número de intentos de fertilización cubiertos por el PMO, el tiempo que se permitirá tener congelados los embriones y qué se hará con los sobrantes.
En principio, los embriones de freezer pueden ser implantados en la misma pareja que los “encargó”, donados a otras mujeres, usados para investigación o descartados. En este último caso, aunque los embriones a eliminar tengan unas pocas células, algunos sostienen que no pueden ser eliminados porque se trataría de un crimen.
Como sea, el proyecto recibió el apoyo de médicos y pacientes. “Es muy positiva la ley que se debate actualmente, porque garantiza la cobertura de los tratamientos para todos los pacientes y porque coincide con la reforma del Código Civil, que definirá las cuestiones más complejas”, evalúa Sergio Pasqualini, director del Instituto Halitus, quien agrega que las sociedades científicas y los especialistas “esperamos que nos convoquen a la hora de reglamentarla”.
“La ley es buena, pero debería incorporar la posibilidad de acudir a úteros subrogados por motivos médicos, ya sea porque una mujer no tiene útero o porque presentó varias fallas de implantación”, señala Ester Polak de Fried, del Instituto CER, desde el Congreso Europeo de Medicina Reproductiva, donde los expertos recomendaron transferir sólo un embrión en cada intento de fertilización, con el objetivo de disminuir la mortalidad de los bebés gestados en embarazos múltiples.
Por su parte, la asociación de pacientes Concebir, que también reclama ser consultada para la reglamentación de la ley, insiste en la creación de un Registro de Donantes de gametas y en el derecho a la identidad de los niños nacidos por fertilización in vitro que deseen conocer a quienes donaron los óvulos o espermatozoides que les dieron origen. Esta medida, que se está empezando a aplicar en unos pocos países, no es vista con buenos ojos por los donantes, especialmente los de semen, que suelen entregar sus espermatozoides puramente por motivos económicos y temen quedar pegados a futuros problemas de herencia y otros reclamos de paternidad.
“El proyecto actual de ley universal es un avance, pero es incompleto”, afirma la odontóloga Isabel Rolando, madre de una hija nacida por FIV y presidenta de la ONG Concebir. “El Poder Legislativo dejó todo en manos del Ejecutivo para reglamentar la ley, y tememos que no se tome en cuenta el congelamiento de embriones, que es parte de la técnica y evita el riesgo de un embarazo múltiple y la sobreestimulación ovárica en cada ciclo femenino”, agrega Rolando.
La provincia de Buenos Aires, que ya cubre dos intentos de FIV en mujeres de 30 a 40 años, fue pionera en la cobertura de tratamientos de fertilidad asistida en la Argentina. Pero la ley bonaerense no alcanza a paliar las necesidades de la población infértil, ya que no cubre el congelamiento de embriones ni la ovodonación.
“Apoyamos la ley nacional porque queremos el acceso igualitario a los tratamientos”, afirma Sergio Papier, presidente de la Sociedad Argentina de Medicina Reproductiva (Samer). “Pero creemos que la ley debería incorporar la criopreservación y la ovodonación. Además, debería clarificar el rol del Estado en la cobertura de pacientes que no tienen ninguna obra social. Y también debería haberse basado en una planificación para establecer qué centros van a atender la demanda, de dónde saldrá el presupuesto para atenderla y la formación de recursos humanos suficientes”, agrega el médico especialista en fertilidad asistida.
Hace más de 15 años que la Argentina da vueltas en torno de una ley de fertilidad que regule las prácticas que se llevan a cabo en el país. La ley que dará cobertura universal será la primera de América Latina, pero su verdadero impacto social y sanitario dependerá de la reglamentación que reciba en los próximos meses.
Los especialistas en reproducción humana alegan que la infertilidad es una enfermedad y, como tal, debe ser contemplada por el sistema de salud de un país. Otros médicos, en cambio, deslizan que hay muchas otras necesidades sanitarias que están antes que las dificultades para concebir. Hay quien plantea que sería mejor simplificar el sistema de adopción antes que estimular la reproducción artificial. Y, también, quien advierte que no parir hijos es un dolor inconcebible para quien no lo padece.
La realidad es que la mayoría de las personas quieren agotar todas las posibilidades de gestar hijos biológicos –aunque sea con óvulos o espermatozoides donados– antes de optar por la adopción de un niño ajeno. La ciencia lo hace cada vez más posible.
Desde que Louise Brown vio la luz en Gran Bretaña hace 34 años, ya nacieron cinco millones de “niños de probeta” en el mundo. Las técnicas de reproducción se han convertido en rutina y muchos países, desde Italia y España hasta Gran Bretaña y Australia, contemplan los tratamientos de fertilidad como parte de la cobertura de salud de su población.
Argentina es pionera en técnicas de reproducción asistida, pero hasta el momento los avances se han mantenido en la esfera de la medicina privada, que suele facturar más de 25 mil pesos por un ciclo de tratamiento.
Se calcula que existen 60 mil argentinos que no pueden concebir naturalmente, y sólo una pequeña proporción de ellos puede acceder a los tratamientos de alta complejidad. Apenas el 10% de los pacientes tienen hoy cobertura para recurrir a la reproducción asistida. Hay que tener en cuenta, además, que en cada ciclo de tratamiento sólo el 40% de las mujeres menores de 35 años logra un embarazo, cifra que baja a un 25 a 35% de éxito en las mujeres de entre 35 y 40 años. Por eso, usualmente se requiere hacer más de un ciclo de fertilización para conseguir un embarazo que llegue a buen término. No todos pueden permitírselo.
Anualmente se hacen unos 12 mil tratamientos FIV en la Argentina. Pero, si se aprueba la cobertura universal, la cantidad podría más que duplicarse. De ahí que tanto pacientes como clínicas privadas se hayan aliado detrás del reclamo de inclusión en el Plan Médico Obligatorio (PMO).
Hace dos semanas, los diputados apoyaron por 169 votos a favor y 7 abstenciones la cobertura de los tratamientos para quienes busquen tener hijos con ayuda tecnológica, ya sean parejas heterosexuales infértiles, mujeres independientes, homosexuales o sobrevivientes del cáncer.
Según el proyecto, las obras sociales y las prepagas deberán pagar las hormonas, las inseminaciones artificiales, las operaciones de endometriosis, las inyecciones de un espermatozoide en un óvulo (método ICSI) o cualquier otra técnica aprobada por la OMS para lograr que una mujer porte un bebé en su vientre.
“Desde la Cámara Alta trabajaremos para tratar pronto el proyecto que ya tiene media sanción de Diputados, ya que no nos parece justo que actualmente este tipo de prácticas sean posibles sólo para aquellos que poseen recursos económicos para solventarlas”, señaló Daniel Filmus, senador porteño por el Frente para la Victoria.
Aunque el proyecto busca no discriminar por orientación sexual ni estado civil, no avanza en cuestiones prácticas –y espinosas–, que fueron dejadas para el momento de la reglamentación, a cargo del Ministerio de Salud de la Nación. En esa instancia se tendrán que decidir el número de intentos de fertilización cubiertos por el PMO, el tiempo que se permitirá tener congelados los embriones y qué se hará con los sobrantes.
En principio, los embriones de freezer pueden ser implantados en la misma pareja que los “encargó”, donados a otras mujeres, usados para investigación o descartados. En este último caso, aunque los embriones a eliminar tengan unas pocas células, algunos sostienen que no pueden ser eliminados porque se trataría de un crimen.
Como sea, el proyecto recibió el apoyo de médicos y pacientes. “Es muy positiva la ley que se debate actualmente, porque garantiza la cobertura de los tratamientos para todos los pacientes y porque coincide con la reforma del Código Civil, que definirá las cuestiones más complejas”, evalúa Sergio Pasqualini, director del Instituto Halitus, quien agrega que las sociedades científicas y los especialistas “esperamos que nos convoquen a la hora de reglamentarla”.
“La ley es buena, pero debería incorporar la posibilidad de acudir a úteros subrogados por motivos médicos, ya sea porque una mujer no tiene útero o porque presentó varias fallas de implantación”, señala Ester Polak de Fried, del Instituto CER, desde el Congreso Europeo de Medicina Reproductiva, donde los expertos recomendaron transferir sólo un embrión en cada intento de fertilización, con el objetivo de disminuir la mortalidad de los bebés gestados en embarazos múltiples.
Por su parte, la asociación de pacientes Concebir, que también reclama ser consultada para la reglamentación de la ley, insiste en la creación de un Registro de Donantes de gametas y en el derecho a la identidad de los niños nacidos por fertilización in vitro que deseen conocer a quienes donaron los óvulos o espermatozoides que les dieron origen. Esta medida, que se está empezando a aplicar en unos pocos países, no es vista con buenos ojos por los donantes, especialmente los de semen, que suelen entregar sus espermatozoides puramente por motivos económicos y temen quedar pegados a futuros problemas de herencia y otros reclamos de paternidad.
“El proyecto actual de ley universal es un avance, pero es incompleto”, afirma la odontóloga Isabel Rolando, madre de una hija nacida por FIV y presidenta de la ONG Concebir. “El Poder Legislativo dejó todo en manos del Ejecutivo para reglamentar la ley, y tememos que no se tome en cuenta el congelamiento de embriones, que es parte de la técnica y evita el riesgo de un embarazo múltiple y la sobreestimulación ovárica en cada ciclo femenino”, agrega Rolando.
La provincia de Buenos Aires, que ya cubre dos intentos de FIV en mujeres de 30 a 40 años, fue pionera en la cobertura de tratamientos de fertilidad asistida en la Argentina. Pero la ley bonaerense no alcanza a paliar las necesidades de la población infértil, ya que no cubre el congelamiento de embriones ni la ovodonación.
“Apoyamos la ley nacional porque queremos el acceso igualitario a los tratamientos”, afirma Sergio Papier, presidente de la Sociedad Argentina de Medicina Reproductiva (Samer). “Pero creemos que la ley debería incorporar la criopreservación y la ovodonación. Además, debería clarificar el rol del Estado en la cobertura de pacientes que no tienen ninguna obra social. Y también debería haberse basado en una planificación para establecer qué centros van a atender la demanda, de dónde saldrá el presupuesto para atenderla y la formación de recursos humanos suficientes”, agrega el médico especialista en fertilidad asistida.
Hace más de 15 años que la Argentina da vueltas en torno de una ley de fertilidad que regule las prácticas que se llevan a cabo en el país. La ley que dará cobertura universal será la primera de América Latina, pero su verdadero impacto social y sanitario dependerá de la reglamentación que reciba en los próximos meses.
Decisiones difíciles
Más allá de la cobertura de los tratamientos, muchos otros temas controvertidos se suman al avance imparable de la ciencia de la reproducción humana.
Así como el análisis cromosómico en el primer trimestre del embarazo permitió saber si un bebé nacería con Síndrome de Down –habilitando la terminación de la gestación–, los nuevos tests genéticos aplicados a embriones tempranos permiten ahora seleccionar a los sanos y descartar a los enfermos.
Hoy basta tomar una célula del puñado que tiene un embrión de pocas horas y analizar porciones de su ADN para descubrir si porta una mutación que provocará una enfermedad grave, como la corea de Huntington o la fibrosis quística. Así, sólo se implantan en el útero materno los embriones que no están genéticamente condenados a una muerte temprana o a una vida de padecimientos.
Pero las decisiones no son fáciles. El diagnóstico genético preimplantatorio (PGD) no sólo puede rastrear mutaciones letales sino también variaciones genéticas asociadas –pero no siempre causantes– de enfermedades. Por ejemplo, ya es posible hacer un análisis de ADN para determinar si un embrión porta mutaciones BRCA 1 o 2, que aumentan el riesgo de padecer cáncer de mama y ovario. ¿Se justifica descartar un embrión porque da positivo para este test? Para las mujeres que han visto morir a familiares por estos cánceres, la respuesta suele ser afirmativa. Pero para otras, sería mejor que una niña nazca y esperar a que la medicina encuentre una solución futura.
Los avances tecnológicos obligan a resolver cuestiones impensadas. Según un nuevo estudio publicado en la revista Nature, ahora es posible estudiar el ADN fetal en la sangre de la mujer embarazada, de modo de conocer el genoma del niño por nacer sin poner en riesgo al feto. Además, el nuevo método, desarrollado por la Universidad de Stanford, en Estados Unidos, no requiere analizar el ADN del padre.
¿Para qué servirá este test? En principio, para descubrir aneuploidías, es decir, falta o exceso de cromosomas en un feto temprano, algo que hasta ahora se podía hacer mediante el análisis de vellosidades coriónicas o amniocentesis, pero que tenía riesgos para el bebé. Según los científicos, el objetivo del nuevo test prenatal es detectar anomalías que provoquen problemas de corazón u otros órganos que puedan ser tratados en el útero o inmediatamente después de nacer.
Más allá de la cobertura de los tratamientos, muchos otros temas controvertidos se suman al avance imparable de la ciencia de la reproducción humana.
Así como el análisis cromosómico en el primer trimestre del embarazo permitió saber si un bebé nacería con Síndrome de Down –habilitando la terminación de la gestación–, los nuevos tests genéticos aplicados a embriones tempranos permiten ahora seleccionar a los sanos y descartar a los enfermos.
Hoy basta tomar una célula del puñado que tiene un embrión de pocas horas y analizar porciones de su ADN para descubrir si porta una mutación que provocará una enfermedad grave, como la corea de Huntington o la fibrosis quística. Así, sólo se implantan en el útero materno los embriones que no están genéticamente condenados a una muerte temprana o a una vida de padecimientos.
Pero las decisiones no son fáciles. El diagnóstico genético preimplantatorio (PGD) no sólo puede rastrear mutaciones letales sino también variaciones genéticas asociadas –pero no siempre causantes– de enfermedades. Por ejemplo, ya es posible hacer un análisis de ADN para determinar si un embrión porta mutaciones BRCA 1 o 2, que aumentan el riesgo de padecer cáncer de mama y ovario. ¿Se justifica descartar un embrión porque da positivo para este test? Para las mujeres que han visto morir a familiares por estos cánceres, la respuesta suele ser afirmativa. Pero para otras, sería mejor que una niña nazca y esperar a que la medicina encuentre una solución futura.
Los avances tecnológicos obligan a resolver cuestiones impensadas. Según un nuevo estudio publicado en la revista Nature, ahora es posible estudiar el ADN fetal en la sangre de la mujer embarazada, de modo de conocer el genoma del niño por nacer sin poner en riesgo al feto. Además, el nuevo método, desarrollado por la Universidad de Stanford, en Estados Unidos, no requiere analizar el ADN del padre.
¿Para qué servirá este test? En principio, para descubrir aneuploidías, es decir, falta o exceso de cromosomas en un feto temprano, algo que hasta ahora se podía hacer mediante el análisis de vellosidades coriónicas o amniocentesis, pero que tenía riesgos para el bebé. Según los científicos, el objetivo del nuevo test prenatal es detectar anomalías que provoquen problemas de corazón u otros órganos que puedan ser tratados en el útero o inmediatamente después de nacer.
POR: Alejandra Folgarait. ELGUARDIAN.COM.AR
ARREGLOS FOTOGRÀFICOS: ALBERTO CARRERA
ARREGLOS FOTOGRÀFICOS: ALBERTO CARRERA
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