Mostrando entradas con la etiqueta SOBERANIA. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta SOBERANIA. Mostrar todas las entradas

miércoles, 2 de abril de 2014

Islas Malvinas Argentinas. 32 años despuès, Memoria y Asuntos pendientes.

Islas Malvinas: 494 años de historia

Las Islas Malvinas y sus archipiélagos circundantes tienen 494 años de historia que oscila entre ocupaciones británicas y reclamos argentinos por la soberanía. La locura militar dejó un tendal de víctimas y dudas que siguen sin respuesta. Crímenes ingleses, torturas a las tropas, derecho a la identidad. Y la persistencia del reclamo soberano como mejor homenaje.


Descubiertas en 1520 por integrantes de la expedición de Hernando de Magallanes, las islas fueron registradas en la cartografía europea con diversos nombres y quedaron dentro de los espacios bajo control efectivo de las autoridades españolas.

A mediados del siglo XVIII, comenzaron a ser objeto del interés de Gran Bretaña y Francia, que aspiraban a contar con un establecimiento estratégicamente ubicado frente al estrecho de Magallanes.

El 3 de enero de 1833 las Malvinas fueron ocupadas por primera vez por fuerzas británicas que desalojaron a la población y a las autoridades argentinas allí­ establecidas legí­timamente, reemplazándolas por súbditos de la potencia ocupante.

En 1965, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) estableció que la situación que atraviesan las Islas Malvinas, Sandwich del Sur y Georgias del Sur desde 1833, así­ como los espacios marí­timos circundantes, representan un caso especial de colonialismo que debí­a ser resuelto en negociaciones entre el Reino Unido y la Argentina. 

Desde ese entonces, fueron más de 39 las resoluciones de la ONU instando a los gobiernos de ambos paí­ses a retomar el diálogo por la soberanía, disposiciones que no fueron acatadas en ningún momento por el gobierno británico.

Del 2 de abril hasta el 14 de junio de 1982, las islas fueron recuperadas por tropas argentinas, en medio la una dictadura cívico militar que buscó por este medio seguir al mando del país.

Tras un proceso conocido como "desmalvinización", a partir de 2003, el gobierno nacional comenzó a impulsar la política de recuperación de las islas por la vía diplomática, logrando que esto sea una causa latinoamericana y global contra el colonialismo. 

Toda América Latina y el Caribe y numerosos paí­ses de todo el mundo se declararon solidarios con la "Cuestión Malvinas".

La disposición transitoria primera de la Constitución Nacional expresa que la Argentina "ratifica su legítima e imprescriptible soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes, por ser parte integrante del territorio nacional". 

Agrega que "la recuperación de dichos territorios y el ejercicio pleno de la soberanía, respetando el modo de vida de sus habitantes y conforme a los principios del Derecho Internacional, constituyen un objetivo permanente e irrenunciable del pueblo argentino". 

Esta disposición es reafirmada por el gobierno argentino en cada organismo internacional o regional al que concurre, llamando al Reino Unido a cumplir con el reiterado llamado a reasumir las negociaciones de soberanía de conformidad con las resoluciones y declaraciones de la ONU y la OEA.


El hoy miércoles se cumple el 32º aniversario del inicio de la guerra de Malvinas y a pesar de los años transcurridos aún existe una serie de interrogantes sin resolver: ¿Los ingleses cometieron crímenes de guerra? ¿Los oficiales argentinos torturaron a su propia tropa? ¿Cuál es la identidad de los 123 soldados sepultados como NN en el cementerio que se levantó en el archipiélago? Esas preguntas están planteadas en tres expedientes judiciales que tramitan en los juzgados federales argentinos:

- La identificación de los 123 NN que están sepultados en el cementerio de Darwin. Este expediente se inició con un planteo judicial en el 2011 y en abril de 2012 la Presidenta anunció que se transformaría en una política de Estado. Una comisión interdisciplinaria avanza en la recolección de las muestras de sangre de los familiares de los caídos, paso previo para obtener el ADN necesario para el reconocimiento. Según pudo saber Veintitrés, al menos 60 familias aportaron su muestra sanguínea.

- La investigación que busca dilucidar si el Reino Unido cometió crímenes de guerra tomó impulso en marzo del año pasado cuando el equipo jurídico del Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (CECIM) denunció a jefes británicos por homicidios y mutilaciones cometidas contra soldados argentinos que habían sido tomados prisioneros en el campo de batalla.

- La pesquisa por las denuncias sobre violaciones a los derechos humanos cometidos por los oficiales y suboficiales argentinos a su propia tropa comenzó en el 2007 y hoy su suerte se baraja en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Se espera una pronta resolución.

Cada una de estos casos refleja una deuda pendiente. El coordinador del equipo jurídico del CECIM, Jerónimo Guerrero Iraola, aseguró a Veintitrés: “Estas tres causas están en un diálogo muy íntimo. La identificación de los restos que hay en el cementerio de Darwin es el gran eje transversal que une al resto de las causas. Por ejemplo, la identificación es clave como acervo probatorio para la causa de crímenes de guerra porque a partir de la exhumación de los cuerpos pueden aparecer las pruebas materiales de nuestra denuncia o nuevos elementos”. Un caso concreto explica la aseveración de Guerrero Iraola: el fusilamiento de un soldado argentino –cuyo nombre se desconoce–, que tras haberse rendido recibió un balazo calibre .45 en la cabeza. Se cree que quien apretó el gatillo fue el cabo británico Connery. “Si de la exhumación de los restos que hay en Darwin surge un cráneo con un agujero de un arma calibre .45 tendríamos la prueba del delito y sería mucho más fácil empezar a cerrar nuestras hipótesis”, aseguró el letrado a esta revista.

Identificación de los NN. “Soldado argentino sólo conocido por Dios”, reza el epitafio de 123 soldados caídos en la Guerra de Malvinas cuyos restos reposan en el cementerio de Darwin que se levantó en el archipiélago. La frase no es casual: a 32 años de que perdiesen su vida, sus cuerpos aún no fueron identificados. Para revertir aquella injusticia, en el 2011, bajo la representación del entonces abogado Alejo Ramos Padilla, el CECIM presentó un amparo ante el juzgado federal a cargo del magistrado Julián Ercolini para que “reconociendo el derecho a la identidad y a la verdad”, el Poder Ejecutivo “disponga en el marco de su competencia las medidas necesarias para dentro de un plazo razonable se le devuelva la identidad y la historia a aquellos hombres que dieron la vida defendiendo la soberanía de nuestras islas Malvinas en 1982, y que por desidia u omisión por parte del Estado nacional a 29 años del conflicto sus restos no han sido identificados”.

“No hubo dictado de sentencia por parte de Ercolini al día de la fecha. Una vez más en la última década, el poder político ha ido mucho más rápido. Los avances en el tema tuvieron más que ver con el impulso del gobierno que con el trámite judicial”, indicó Guerrero Iraola. Ocurre que en sintonía con la presentación del CECIM-La Plata, la presidenta de la Nación, Cristina Fernández, anunció el 2 de abril de 2012 que le escribió una carta al titular de la Cruz Roja Internacional convocándola a “que tome las medidas pertinentes e interceda ante el Reino Unido para poder identificar a los hombres argentinos y aun ingleses que no han podido ser identificados, porque cada uno merece tener su nombre en una lápida”.

“La Cruz Roja prometió que nos ayudará a gestionar la identificación de los cuerpos”, aseguró el canciller Héctor Timerman, el 3 de marzo pasado, tras reunirse en Suiza con el titular de aquella institución, Peter Maurer. El funcionario detalló que la idea es llevar a cabo un trabajo forense en el cementerio. Para lograrlo un equipo interdisciplinario impulsado por el Estado Nacional –compuesto por personal del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, de Desarrollo Social, por integrantes del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) y por un escribano de la Nación– avanza a paso firme: ya recopiló, al menos, 60 perfiles sanguíneos que permitirán deducir el ADN de las 102 familias de los caídos que avalaron la el proceso.

Ramos Padilla, quien actualmente se desempeña como juez federal de Dolores, afirmó a esta revista: “El Poder Ejecutivo ha tomado la decisión de acompañar a las víctimas en un reclamo que había sido invisibilizado y que ahora, gracias a los familiares y a las acciones que se están llevando adelante, volvió a existir la posibilidad de reparar al menos este punto en lo que hace a la identidad de los caídos y están en el cementerio sin reconocer. Lo importante es que esto ocurra lo más pronto posible. Hasta que no tengamos las identificaciones no se ha logrado nada”, aseguró.

Crímenes de guerra. El 3 de marzo del año pasado, el representante legal del CECIM dio impulso a una antigua investigación y denunció ante el juzgado federal de Río Grande (Tierra del Fuego), a cargo de la magistrada Lilian Hérraez de Andino, que el Reino Unido violentó el Convenio de Ginebra, que regula el trato digno que deben tener las tropas capturadas en un conflicto bélico, suscripto por ambos países. En la presentación se acusó al corporal (primer rango del ejército inglés) paracaidista Gary Sturguer, al sargento inglés John Pettinger –a quien se apuntó por intentar asesinar al cabo argentino José Carrizo–, y al corporal Stewart Mac Laughlin –fallecido en Malvinas y acusado de practicar un trato inhumano a los soldados nacionales–. A su vez, se solicitó que se investigue “la presunta comisión de homicidio cometida por el cabo Connery”. “Al día de la fecha hemos logrado que la jueza cite a tres de los principales testigos que ofrecimos”, contó Guerrero Iraola. Se trata de Mario Volpe, Carlos Daniel Amato y Fernando Magno.

El ex soldado conscripto Ernesto Alonso, quien preside la comisión nacional de ex combatientes del Ministerio del Interior y Transporte e integra el CECIM-La Plata, indicó a Veintitrés: “Esperamos que la Justicia cite a indagatoria a alguno de los imputados que están debidamente expuestos en las publicaciones británicas. Son los mismo británicos los que asentaron las denuncias públicamente”. No obstante, existen importantes “obstáculos procesales” para que la jueza llegue al procesamiento de alguno de los acusados.

“Para dictar el procesamiento en una causa en la Argentina es necesario que el acusado sea indagado. Y sabemos que es muy difícil que el Reino Unido ponga a disposición de la Justicia argentina a quienes se sindica como autores de los crímenes. Estamos viendo en materia diplomática cómo avanzar. Es una cuestión que tiene las complejidades y complicaciones propias de la lucha por la soberanía”, explicó el abogado.

En el horizonte, esta causa se presenta como la de más difícil resolución de las tres mencionadas.

Derechos violados. En abril de 2007 se abrió en el juzgado federal de Río Grande el expediente judicial para determinar si durante la guerra en el archipiélago los oficiales y suboficiales argentinos torturaron e incluso asesinaron a soldados de su propia tropa. El abogado que impulsó esta investigación, que en la actualidad se encuentra en la Corte Suprema de Justicia de la Nación a la espera de una resolución, fue Pablo Andrés Vassel. En diálogo con esta revista, el letrado manifestó: “Iniciamos esta causa entendiendo que los ejes de la política nacional de derechos humanos de Memoria, Verdad y Justicia tenían que llegar a la causa Malvinas. Sumamos también un cuarto eje: la soberanía. Se hizo una tarea de campo de más de dos años de trabajo. Empezamos con 23 testimonios de víctimas y testigos y a la fecha han declarado 120 personas”. En la causa que llegó al máximo tribunal del país hay 85 hechos delictivos –homicidios, abandono de persona seguido de muerte, torturas, amenazas, coacción, lesiones y vejámenes– y 70 imputados identificados. “Esto no fue obra de un cabo enloquecido sino que fue una cuestión sistemática”, resaltó Vassel. 

El expediente llegó a la Corte tras un derrotero de cinco años: la jueza de primera instancia Hérraez de Andino encuadró los delitos como crímenes de lesa humanidad. Y además separó en otra causa uno de los casos presentado en la misma investigación pero que ocurrió en el predio militar de General Roca de Comodoro Rivadavia, antes de partir hacia Malvinas, por una cuestión de competencia. La defensa de los acusados apeló la decisión, por lo que ambas causas llegaron a la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia que confirmó la sentencia de la magistrada y procesó a los dos imputados en la causa de Comodoro Rivadavia: es decir, a quien dio la orden y a quien la ejecutó.

Tras una nueva apelación ambos expedientes terminaron en la Cámara Nacional de Casación Penal que contradijo a las instancias anteriores y determinó que no fue crimen de lesa humanidad ninguna de las dos causas. Esto motivó que el caso llegara en el 2012 a la Corte. “Mi expectativa es que pronto atento a la trayectoria de la causa, tratándose de una causa nacional como Malvinas, debería la Corte resolver esta cuestión. Sin duda es una de las deudas”, manifestó Vassel.

La resolución no es casual. Entre las decenas de imputados hay muchos militares retirados acusados que siguen cumpliendo tareas. Tal es el caso del subteniente retirado Marcelo Oscar Dorigón, capitán retirado del Ejército que está denunciado en la causa por estaquear a un soldado y actualmente ejerce como gerente de recursos humanos de la firma rosarina Liliana SRL, que fabrica electrodomésticos.

“Nuestro pueblo necesita saber la verdad sobre Malvinas. Lamentablemente, la dictadura ha dejado una construcción de discurso que se ha repetido durante muchos años”, consideró Alonso. Para cambiarlo, “el Estado nacional ha tomado como propia la reescritura de la historia del tema Malvinas”, dijo Guerrero Iraola.

A 32 años del inicio de la guerra, y a pesar de los avances, hay deudas que siguen vigentes. Y un reclamo soberano que no cesa.


Durante el acto por el Día del Veterano de Malvinas, la presidenta Cristina Kirchner ratificó la soberanía de Argentina sobre el archipiélago y reveló que el motivo por el cual el Reino Unido mantiene el control de ese territorio -"uno de los más militarizados del mundo"- es porque desde allí "maneja todo su despliegue militar", así como también "sus sistemas de inteligencia electrónica". Además reveló que el Gobierno impulsa la identificación de "143 cuerpos NN de argentinos que dieron su vida por nosotros" y que están en el cementerio de Darwin, y presentó el boceto del nuevo billete de 50 pesos ilustrado con las islas.


"La verdad sobre Malvinas es que son la mayor base militar y nuclear de la OTAN en el Atlántico sur", reveló la presidenta en Casa de Gobierno durante una ceremonia en la que se homenajeó a los combatientes muertos en la guerra con que la última dictadura militar pretendió recuperar las islas en 1982. "La historia demuestra que siempre terminan recuperándose los enclaves coloniales. Tengo la infinita confianza en la historia y en el pueblo para la recuperación", remarcó la mandataria frente a excombatientes y funcionarios nacionales y provinciales.

Durante su discurso, la jefa de Estado aseguró que las razones por las cuales el Reino Unido se niega a negociar la soberanía de las islas no es solamente por los recursos naturales, como la pesca "que sirve apenas para sostener a la población civil" sino sobre todo porque desde allí se despliega el gigantesco aparato de guerra de Gran Bretaña, ubicada a más de 13 mil kilómetros de distancia de las islas.

"Es uno de los territorios más militarizados del mundo" a tal punto que la cantidad de militares que viven es de la mitad o más que la población civil: "Entre 1500 y 2 militares, sobre una población de 3 mil personas", puntualizó la Presidenta.

Además afirmó que esta situación "habla del doble estándar" con que se habla de "autodeterminación" y de "autonomía". "Lo que domina la política internacional es la relación de fuerzas, la ley del más fuerte. El que puede pisarle la cabeza al otro, se la pisa y nadie reclama. Por eso seguimos apelando a abandonar los dobles estándares" que "no permiten convivir racionalmente" porque "no respetan las reglas de juego" internacionales.

En este sentido volvió a convocar al Reino Unido a sentarse a negociar la soberanía de Malvinas y dar cumplimiento así a las resoluciones de la ONU y la demanda de decenas de países que recomiendan una salida pacífica y negociada al conflicto.

Antes de comenzar el acto, la mandataria presentó el boceto de un nuevo billete de 50 pesos con las islas Malvinas en una de sus caras y el gaucho Rivero en el otro, además de otras ilustraciones que sintetizan los iconos que hicieron a la historia de lucha y resistencia por el archipiélago.

Luego contó que el gobierno nacional "recurrió a una organización de prestigio internacional como la Cruz Roja" para cumplir con la "obligación moral y patriótica" de identificar a los 143 cuerpos NN de soldados caídos durante la guerra. "Recorremos el país y ya obtuvimos 65 muestras de sangre de familias para lograr la identificación", destacó la mandataria.

Además de homenajear a los excombatientes de la guerra de 1982, CFK recordó a los integrantes del Operativo Cóndor que en el año 1966 secuestraron un avión de Aerolíneas Argentinas y lo aterrizaron en las islas para hacer flamear la bandera en ese territorio y así ratificar la soberanía nacional. De hecho, presentó una de las siete banderas que se habían llevado y que, a partir de hoy, estará en uno de los salones de la Casa de Gobierno. Otra de las banderas estará en el Museo de Malvinas que, según anunció, será inaugurado el próximo 10 de junio en la exEsma.


Por: Pagina12.com.ar - Telam.com.ar - Franco Mizrahi.  Veintitres.infonews.com
Fotografías: Web 
Arreglos: Alberto Carrera

martes, 17 de abril de 2012

YPF S.A. SOBERANIA SOBRE LO NUESTRO

SOBERANIA HIDROCARBURIFERA
El Gobierno Nacional propuso la expropiación del 51 por ciento de las acciones de Repsol en YPF y declarar de interés público el autoabastecimiento de combustibles


A través de un proyecto de ley enviado al Congreso, que hoy mismo entrará a la Cámara alta, el Ejecutivo establece como "objetivo prioritario el logro del autoabastecimiento de hidrocarburos, y la explotación, la industrialización, el transporte y la comercialización" de los mismos, dispone la creación del Consejo Federal de Hidrocarburos y la remoción de la totalidad de los directores y síndicos titulares y suplentes de la empresa. Cristina Kirchner afirmó que de "proseguir con la política de vaciamiento, de falta de producción y de exploración, nos tornaríamos en un país inviable, por políticas empresariales y no por falta de recursos, ya que somos el tercer país en el mundo, luego de China y EE.UU., en reservas de gas", y agregó que el año pasado fue "la primera vez en 17 años que la Argentina tuvo que importar gas y petróleo". En el mismo acto, CFK confirmó que mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia el ministro de Planificación, Julio De Vido, fue designado interventor de la compañía, a quien acompanará el viceministro de Economía, Axel Kicillof, que se ocupará de los "aspectos económicos y financieros de la gestión". Luego de denunciar que a pesar de haber reducido la producción YPF-Repsol había duplicado sus ingresos en el último ejercicio y de cuestionar la necesidad de importar combustibles para mantener la producción agrícola-ganadera e industrial, Cristina advirtió que nadie esperara un exabrupto de su parte en respuesta a los agravios que la medida anunciada hoy pudiera provocar y afirmó que "soy una jefa de Estado, no una patotera: se trata de una política de recuperación de la soberanía". El proyecto oficial contempla también que las acciones expropiadas no podrán ser vendidas sin la autorización del Parlamento, que necesitará las dos terceras partes de sus miembros para su enajenación, "la misma mayoría que se necesita para modificar la Constitución".

Al hacer uso de la palabra, la Presidenta afirmó que presentó el proyecto para la recuperación de la soberanía de hidrocarburos porque "somos casi el único país del mundo que no maneja los recursos naturales", y consignó que desde 1999 hasta el 2011 "la utilidad neta de YPF fue de 16.450 millones de dolares" y que la empresa distribuyó dividentos por 13.246 millones de dólares. "El problema fue la desnacionalización", agregó.

Además, la mandataria afirmó que el modelo elegido para el futuro de YPF "no es de estatización" sino de "recuperación de la soberanía y control" de los hidrocarburos. "Durante muchos años en distintos sectores de la economía manejados por el Estado, se aplicó un criterio partidario, que siguió dando argumento a que el Estado era inútil y que sólo los privados podían manejar recursos del Estado".

En referencia a las posibles repercusiones que la iniciativa pudiera tener en España, CFK aseguró: "Esta Presidenta no va a contestar ninguna amenaza, no va a responder ningún exabrupto, no se va a hacer eco de la falta de respeto ni de frases insolentes, porque represento a los argentinos, soy una jefa de Estado, no una patotera”. Se preguntó además si alguien la había escuchado reclamarle a España algo acerca del "escandaloso" vaciamiento de Aerolíneas Argentinas”, y recordó “cómo eran defendidos los empresarios españoles que ahora están procesados en España, entre otras cosas, por defraudaciones al fisco”.

Más adelante Cristina aclaró que "no tenemos problemas con las rentabilidades, pero sí espero que las utilidades se reinviertan en el país: tengan la certeza de que si acompañan al país vamos a seguir trabajando codo a codo”.

El proyecto establece la expropiciación del 51 por ciento de las acciones, de las cuales el Estado nacional tendrá el 26,01 por ciento del total y las provincias productoras, el 24,99 por ciento. El texto que hoy mismo ingresará al Senado establece la necesidad de garantizar el desarrollo económico y el crecimiento "equitativo y sustentable de las provincias", y que el Ejecutivo "arbitrará las medidas necesarias al cumplimiento de los objetivos planteados con el concurso de los estados provinciales y el capital público y privado, nacional e internacional".

En el Salón de las Mujeres, la Presidenta estuvo acompañada por el vicepresidente, Amado Boudou; el titular de la Cámara de Diputados, Julián Dominguez; el jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina; los ministros de Planificación, Julio De Vido; de Interior, Florencio Randazzo, y de Industria, Débora Giorgi, y la mayoría de los gobernadores.


SOBERANIA HIDROCARBURIFERA

El proyecto de ley completo

La iniciativa oficial contempla que las acciones expropiadas no podrán ser vendidas sin la aprobación de las dos terceras partes de los mienbros del Parlamento, "la misma mayoría que se necesita para modificar la Constitución". El Artículo 12 establece que el Tribunal de Tasaciones de la Nación será el organismo que determinará el precio de las acciones sujetas a expropiación.


Título 1, capítulo único: De la soberanía hidrocarburífera de la República Argentina

Artículo 1º: Declárese de interés público nacional y como objetivo prioritario de la República Argentina el logro del autoabastecimiento de hidrocarburos, así como la explotación, industrialización, transporte, y comercialización de hidrocarburos, a fin de garantizar el desarrollo económico con equidad social, la creación de empleo, el incremento de la competitividad de los diversos sectores económicos, y el crecimiento equitativo y sustentable de las distintas provincias y regiones.

Artículo 2º: El Ejecutivo nacional arbitrará las medidas conducentes al cumplimietno de los fines de la presente, con el concurso de los Estados provinciales y del capital público y privado nacional e internacional

Artículo 3º:establécense como principios de la política hidrocarburífera de la República Argentina los siguientes:

a) la promoción del empleo de los hidrocarburos y sus derivados como factor de crecimiento y desarrollo económico de las provincias y las regiones;

b) la conversión de los recursos hidrocarburíferos en reservas comprobadas y su explotación y la restitución de reservas;

c) la integración del capital público y privado, nacional e internacional, en alianzas estratégicas dirigidas a la exploración y explotación de hidrocarburos convencionales y no convencionales;

d) la maximización de las inversiones y de los recursos empleados para el logro del autoabastecimiento de hidrocarburos en el corto, mediano y largo plazo;

e) la incorporación de nuevas tecnologías y modalidades de gestión que contribuyan al mejoramiento de las actividades de exploración y explotación de hidrocarburos y la promoción del desarrollo tecnológico en la República Argentina con ese objeto;

f) la promoción de la industrialización y la comercialización de los hidrocarburos con alto valor agregado;

g) la protección de los intereses de los consumidores relacionados con el precio, calidad y disponibilidad de los derivados de los hidrocarburos;

h) la obtención de saldos exportables para el mejoramiento de la balanza de pagos garantizando la explotación racional de los recursos y la sustentabilidad de su explotación para el aprovechamiento de las generaciones futuras;

Título 2, capítulo único: del Consejo Federal de Hidrocarburos

Artículo 4º: créase del Consejo Federal de Hidrocarburos, el que se integrará con la participación de:

artículo a) el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, el Ministerio de Planificación Federal, el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Industria, a través de sus respectivos titulares;

b) la participación de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a través de los representantes que ellas designen;

Artículo 5º: son funciones del Consejo Federal de Hidrocarburos, las siguientes:

a) promover la actuación coordinada del Estado nacional y los estados provinciales a fin de garantizar el cumplimiento de los objetivos de la presente;

b) expedirse sobre toda otra cuestión vinculada a los objetivos de la presente ley, y a la fijación de la política hidrocarburífera argentina, que el Ejecutivo nacional somete a su consideración;

Artículo 6º: el Consejo sesionará con la mayoría absoluta de sus miembros, y será presidido y representado por el representante del Estado nacional que el Ejecutivo nacional designe a tal efecto. Dictará su propio reglamento de funcionamiento.

Título 3: de la recuperación del control de YPF

Capítulo 1: de la expropiación.

Artículo 7º: a los efectos de garantizar el cumplimiento de los objetivos de la presente, declárese de utilidad pública y sujeto a expropiación el 51 por ciento del patrimonio de YPF S.A representado por igual porcentaje de las acciones clase D de dicha empresa pertenecientes a Repsol YPF SA, sus controlantes o controladas.

Artículo 8º: las acciones sujetas a expropiación de la empresa YPF S.A quedarán distribuidas de la siguiente manera: el 51 por ciento pertenecerá al Estado nacional y el 49 restante se distribuirá entre las provincias integrantes de la organización federal de estados productores de hidrocarburos.

La reglamentación deberá contemplar las condiciones de la sesión asegurando que la distribución de acciones entre las provincias que acepten su transferencia se realice en forma equitativas, teniendo en cuenta para tal fin los niveles de producción de hidrocarburos y de reservas comprobadas de cada uno de ellas;

Artículo 9º: para garantizar el cumplimiento de los objetivos de la presente, el Poder ejecutivo nacional por sí, o a través del organismo que designe, ejercerá los derechos políticos sobre la totalidad de las acciones sujetas a expropiación hasta tanto se perfecciones la sesión de los derechos políticos y económicos correspondientes a ellas, a la que se refiere el artículo anterior.

La sesión de los derechos políticos y económicos de las acciones sujetas a expropiación que efectúe el estado nacional a favor de los estados provinciales integrantes de la organización federal de estados productores de hidrocarburos contemplará el ejercicio de los derechos accionarios correspondientes a ellas en forma unificada por el plazo mínimo de 50 años a través de un pacto de sindicación de acciones.

La designación de los directores de YPF S.A que corresponda nominar en representación de las acciones sujetas a expropiación se efectuará en proporción a las tenencias del Estado nacional, de los estados provinciales, y uno en representación de los trabajadores de la empresa.

Artículo 10º: a efectos de la instrumentación de la presente, y de la registración de la titularidad de los derechos correspondientes de las acciones sujetas a expropiación, deberá dejarse constancia de que la expropiación de tales acciones es por causa de utilidad pública y que se encuentra prohibida la transferencia futura de ellas sin autorización del honorable Congreso de la Nación votada por las dos terceras partes de sus miembros;

Artículo 11º: el proceso de expropiación estará regido por lo establecido por la ley nº 21.499, y actuará como expropiante el Poder Ejecutivo nacional;

Artículo 12º: el precio de los bienes sujetos a expropiación se determinará conforme a lo previsto en el artículo 10 y concordantes de la ley 21499. La tasación la efectuará el Tribunal de Tasaciones de la Nación;

Capítulo 2- De la continuidad operativa

Artículo 13º: a fin de garantizar la continuidad de las actividades de exploración, producción, industrialización y refinación de hidrocarburos a cargo de YPF S.A, así como su transporte, comercialización y distribución y el incremento del flujo inversor para el adecuado abastecimiento de los combustibles necesarios para el funcionamiento de la economía nacional en el marco de lo dispuesto en la presente, el Poder Ejecutivo nacional a través de las personas u organismos que designe desde la entrada en vigencia de la presente ley, ejercerá todos los derechos que las acciones a expropiar confieren en los términos de los artículos 57 y 59 de dicha norma.

La Comisión Nacional de Valores, en el día de la promulgación de esta ley, convocará a una asamblea de accionistas, a efectos de tratar, entre otros asuntos que se consideren necesarios y relevantes, la remoción de la totalidad de los directores titulares y suplentes, y de los síndicos titulares y suplentes, y la designación de sus reemplazantes por el término que corresponda.

Artículo 14º: facultase al Poder Ejecutivo nacional y al interventor de YPF S.A designado por éste, a adoptar todas las acciones y recaudos que fueran necesarios, hasta tanto asuma el control de YPF S.A, a fin de garantizar la operación de la empresa, la conservación de sus activos, y del abastecimiento de hidrocarburos.

Capítulo 3- De la continuidad jurídica y la gestión de YPF S.A

Artículo 15º: para el desarrollo de su actividad, YPF S.A continuará operando como una sociedad anónima abierta en los términos del capítulo 2, sección 5ª de la ley 19550 y normas concordantes, no siéndole aplicables legislación o normativa administrativa alguna que reglamente la administración, gestión y control de las empresas o entidades que el Estado nacional o los estados nacionales tengan participación;

Artículo16º: la gestión de los derechos accionarios correspondientes a las acciones sujetas a expropiación, se efectuará con arreglo los siguientes principios:

a) la contribución estratégica de YPF S.A al cumplimiento de los objetivos de la presente;

b) la administración de YPF S.AS conforme a las mejores prácticas de la industria y del gobierno corporativo, preservando los intereses de sus accionistas y generando valor para ellos;

c) el gerenciamiento de YPF S.A a través de una gestión profesionalizada:

Artículo 17º: YPF S.A acudirá a fuentes de financiamiento internas y externas y a la concertación de asociaciones estratégicas, uniones transitorias de empresas, y todo tipo de acuerdos con otras empresas públicas,m privadas o mixtas, nacionales o extranjeras.

Artículo 18º: la presente ley es de orden público, y entrará en vigencia a partir de su publicación en el Boletín Oficial;

Artículo 19º: comuníquese al Poder Ejecutivo Nacional.


POR: PAGIAN12.COM.AR
ARREGLOS FOTOGRÀFICOS: ALBERTO CARRERA
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...