viernes, 7 de diciembre de 2012

FALLO VERGONZOSO: DÀDIVAS - PREMIOS POR FAVORES ENTRE AMIGOS. 7D

El juez denunciado por dádivas que falló a favor del Grupo Clarín. El magistrado Casanello dispuso una serie de medidas de prueba en la causa. Aun así, el camarista amplió la cautelar del multimedios.


Dos veces lo recusó el gobierno y dos veces sus pares lo defendieron, pero el juez Francisco de las Carreras fue denunciado acusado de recibir dádivas del Grupo Clarín al aceptar que una organización integrada y financiada por empresas del multimedios pagase los gastos de un viaje a Miami y el alojamiento en un hotel cinco estrellas.

En las últimas horas, el juez Sebastián Casanello, del juzgado federal número 7 de la Capital le dio un fuerte impulso a la investigación penal contra el camarista y dispuso una batería de medidas procesales tendientes a comprobar su De las Carreras incurrió en el delito denunciado por el gobierno.

Sin embargo, ayer, De las Carreras fue uno de los dos camaristas que firmó la ampliación de la cautelar a favor del Grupo Clarín. En el fallo, De las Carreras sostuvo: "Me encuentro repuesto por mis pares en mi función natural de juez de esta causa. Advierto la necesidad de hacer conocer que guardo la debida imparcialidad inherente al ejercicio de la función jurisdiccional, conservo la tranquilidad de espíritu y la libertad de conciencia indispensables para impartir justicia".

Según revelaron fuentes judiciales, Casanello pidió informes al gobierno de los Estados Unidos, a la justicia uruguaya, a la Corte Suprema de la Nación, al Consejo de la Magistratura, a la Cámara Civil y Comercial, a la AFIP, a la Dirección de Migraciones, a la Inspección General de Justicia y a la empresa Copa Airlines, con el objetivo de conocer los movimientos de De las Carreras durante el desarrollo de la cumbre organizada por la organización CERTAL en mayo pasado.

El magistrado busca además conocer sus gastos con tarjetas de crédito, las licencias que tomó, si esas licencias involucraron a otros funcionarios o familiares, si efectivamente se alojó en el lujoso hotel The Biltmore y los vínculos de la entidad organizadora con la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, entre otros datos de relevancia para la investigación.

Como integrante de la Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal de la Capital, De las Carreras fue uno de los jueces que avaló la medida cautelar que el juez de primera instancia jubilado Edmundo Carbone había dictado en 2010 para suspender, a instancias del Grupo Clarín, los efectos de dos artículos clave de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.

Según detallaron las fuentes, Casanello ya solicitó todas las medidas de prueba sugeridas por el gobierno en la denuncia presentada por la Jefatura de Gabinete, lo que fue entendido como un reconocimiento de los argumentos que dan cuerpo a la acusación.



"Esperamos tres años, podemos esperar 20 días más"

Esperamos tres años, ¿qué son 20 días más? La resolución de dos de los integrantes de la Sala I de la Cámara en lo Civil y Comercial Federal extendiendo la cautelar al Grupo Clarín pospone algo que de todos modos es inexorable. La plena aplicación de la Ley de Medios de la Democracia es sólo cuestión de tiempo.

Que los camaristas le hayan regalado las tapas de hoy a Clarín y La Nación con títulos contrarios al 7D es, casi, una chiquilinada, un golpe de efecto que puede durar horas, tal vez días, acaso semanas. Es más difícil para los jueces involucrados en esta última maniobra dilatoria justificar las razones de su fallo, que hacerle entender a un chico de primaria que, en democracia, si una ley la envía el Ejecutivo, la vota el Legislativo y la valida la Corte Suprema de Justicia, es una ley constitucional, aplicable, con todos sus efectos. Lo único preocupante es que magistrados que deberían velar por el cumplimiento de las leyes consagran la desigualdad con absoluto desparpajo, desafiando a otros dos poderes del Estado, en alianza con grupos concentrados de la comunicación que quieren eludirla o burlarla.

El poder judicial debe ser independiente, también de los monopolios. La Corte Suprema de Justicia más prestigiosa de los últimos 29 años, impulsada por el kirchnerismo, no puede dejar de manifestarse en contra de las presiones y el lobby descarado del Grupo Clarín SA. No debe porque sería arrodillar a la República ante un monopolio. Y no puede hacerlo porque pondría al país en grave riesgo institucional. Tampoco pueden ceder a los caprichos de dos camaristas que desconocen el fallo de mayo pasado, donde los propios jueces supremos pusieron el 7D como fecha tope a las cautelares. Y, mucho menos, dejar que se viole el debido proceso: la recusación de dos representantes del Contencioso Administrativo no fue siquiera tratada. Acuciados por fallar antes del 7D, los que hoy hicieron feliz por unas horas a Héctor Magnetto se saltearon una instancia obligada. A veces, la urgencia produce errores como estos.

El Ejecutivo usará hoy el per saltum para que la Corte decida con la rapidez que ella misma le exigió por escrito a sus instancias inferiores. Mientras tanto, el juez de primera instancia, Horacio Alfonso, deberá expedirse sobre la cuestión de fondo, es decir, la constitucionalidad de los artículos 161 y 45 para el Grupo Clarín. Lo más probable es que los jueces supremos aguarden ese fallo para resolver este pleito, que parece eterno. Alfonso quizá lo haga hoy o dentro de un mes, nadie lo sabe.

Mientras tanto, los que apoyamos la Ley de Medios de la Democracia seguiremos festejando. El 7D no es hoy: comenzó hace tres años, cuando el Estado democrático decidió remplazar a la vieja ley de la dictadura cívico-militar, de la que Clarín fue partícipe y beneficiario directo, por una que garantizara la pluralidad de voces en democracia. Lo que sucedió ayer había sido anticipado por el ministro Julio Alak, el miércoles 5, en conferencia de prensa. No hay nada nuevo bajo el sol. Sólo la confirmación de que una corporación económica como Clarín hará todo lo que haga falta para evitar cumplir con una ley antimonopólica.
Que haya jueces que tengan debilidad por sus argumentos no sorprende. Antes había presidentes, diputados y senadores que también lo hacían. La diferencia es que eran mayoría. Ya no.

Antes lo hacían en las sombras. Hoy quedan expuestos al juicio de la opinión pública. La sensación es que cuando la Corte finalmente resuelva no podrá eludir su responsabilidad política e histórica. La gobernabilidad de un país es tarea de todos. También del máximo tribunal.



 POR: Roberto Caballero. INFONEWS.COM  / TIEMPO.INFONEWS.COM
ARREGLOS FOTOGRÀFICOS: ALBERTO CARRERA


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