Ley de Medios: Una ley de todos los Argentinos para democratizar la palabra.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró constitucional la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que implica que la norma entrará en plena vigencia luego de cuatro años de su sanción en el Congreso de la Nación. Estos son los ejes principales del fallo:

Libertad de expresión

Entre los aspectos clave, los jueces se refirieron a la libertad de expresión. A pesar de los abundantes argumentos del Grupo Clarín en torno a este aspecto en su reclamo por la inconstitucionalidad de la norma, el fallo asegura que con la aplicación de la ley "no se encuentra afectado el derecho a la libertad de expresión", sino todo lo contrario.

"En este contexto constitucional, es legítima una ley que fije límites generales a priori, porque de esa manera se favorece la libertad de expresión al impedir la concentración en el mercado", sostiene el fallo.

En este sentido, explica que "en la medida en que las ideas y la información constituyen bienes que se difunden a través de los medios de comunicación, si hay concentración, sólo algunas ideas o algunas informaciones llegarán al pueblo, perjudicando seriamente el debate público y la pluralidad de opiniones".

Además, el fallo afirma que "no se ha probado que, al momento del dictado de la sentencia, exista una afectación actual de la libertad de expresión", por lo que "la ley es coherente con el derecho de los consumidores a la información (Art 42 CN) lo que significa el acceso a distintas fuentes plurales".

A pesar de la victimización del grupo liderado por Héctor Magnetto, los jueces afirmaron que "la ley 26.522 emanada del Congreso no establece reglas dirigidas a afectar a un sujeto y no a otros" y determinaron que "no ha sido acreditado que el régimen de licencias que establece la ley ponga en riesgo su sustentabilidad económica (del Grupo Clarín)".

Plazos y adecuación

Asimismo, la Corte se refirió a los plazos para ese proceso y dictaminó que "el artículo 161, cuyoplazo de encuentra vencido, es constitucional".

El 7 de diciembre del año pasado venció el plazo para la presentación del plan de desinversión que determinó el AFSCA. Para ese entonces, el Grupo Clarín presentó una nueva medida cautelar y evitó comenzar a adecuarse a la ley.

Ante la inminencia del fallo de la Corte, se especulaba con una extensión de este plazo para el monopolio mediático. Sin embargo, que el plazo esté vencido implica que desde el 7 de diciembre, Clarín se encuentra por fuera de la ley.

Por otra parte, el texto se refiere a la desinversión: “El modo de proteger estas licencias es la indemnización pecuniaria, pero de ningún modo implica que la ley no pueda ser aplicada".

El juez de la Corte Suprema Eugenio Zaffaroni aseguró hoy que el fallo del máximo tribunal sobre la constitucionalidad de la Ley de Medios es "uno de los más trascendentes de esta Corte" por el impacto que "tiene sobre lo que serán nuestras conductas de coexistencia en el futuro", las que no pueden dejarse "en manos monopólicas ni oligopólicas porque sería un suicidio cultural".

Con respecto a lo económico el juez afirmó: "Yo no sé si la cancelación de licencias puede causar un daño patrimonial, pero si causa un daño patrimonial el estado tendrá que pagarlo. Eso queda claro, eso está a salvo. No estamos haciendo una expropiación socialista, una confiscación de nada".

Luego señaló que hay que ver si el plazo de un año está vencido o no, pero evitó opinar "porque por ahí estaría abriendo juicio sobre una cuestión judiciable".

"No dejo de lado lo político, no le resto importancia, pero es mucho más lo que está en juego. Está en juego nuestra cultura nacional, argentina, plural y étnica, y de respeto recíproco", opinó Zaffaroni, en declaraciones a Infojus.

Consultado por el fallo, Zaffaroni señaló que luego de varias instancias, esta Corte Suprema "acaba de revocar la sentencia de la Cámara declarando la constitucionalidad de todas las disposiciones de la ley por mayoría de cuatro votos. Cuatro votos que son dos votos conjuntos y dos votos individuales, pero que coinciden en cuanto a fundamentos".

Zaffaroni subrayó que "toda la ley habla sobre lo que es el derecho a la información, sobre todo el derecho a la información en su significado político, la incidencia que puede tener políticamente. Creo que hay algo más en esta ley que no podría callar decirlo: la importancia de los medios desde hace ochenta años, noventa años, es perfectamente conocida".

"Con sentido político, diametralmente opuesto, tenemos a Roosevelt y tenemos a Hitler. Uno lo usó para la democracia y el otro ya sabemos para que lo usó. El uso de lo que era la radiotelefonía en ese momento, el uso de los medios masivos hace muchos años que cobra un sentido muy distinto de lo que era la vieja libertad de prensa. Y no cabe duda que los medios masivos de comunicación son formadores de cultura", sostuvo.

En ese sentido, consideró que esa situación "trasciende mucho lo político, porque los medios de comunicación masiva nos condicionan simpatías, antipatías, empatías, juicios, prejuicios, costumbres, sexualidad, es decir la totalidad de las formas en las que interactuamos en una sociedad. Corren el grave riesgo de homogeneizar esa cultura, nuestra cultura".

"Y eso no se puede dejar en manos monopólicas, ni oligopólicas. Dejar eso en manos monopólicas u oligopólicas es un suicidio cultural, ese es el problema. La cosmovisión que tenemos nos la van formando los medios masivos", señaló durante una entrevista que concedió exclusivamente a Infojus, el portal de noticias oficial que depende del Ministerio de Justicia.

Señaló que la "construcción de realidad es verdad en el sentido de que después me comporto conforme a lo que yo creo que sé, y eso me lo dan los medios. No soy testigo de eso que pasa en el mundo. Soy testigo de la forma en que los medios me recortan, de lo que los medios me muestran. Que lo pueden hacer ideológicamente, conforme a intereses sectoriales, pero lo pueden hacer también ingenuamente".

En otro pasaje de la entrevista, defendió la intervención del Estado como regulador de la concentración mediática, al señalar que es lo que "hacen todos los estados del mundo, los países desarrollados como Estados Unidos, Alemania, por ejemplo", y consideró: "Nosotros no podemos marchar a contramano de lo que nos está mostrando la legislación comparada. Incluso hay países que lo hacen de manera mucho más restrictiva que esta ley".  

El Premio Nobel de la Paz argentino, Adolfo Pérez Esquivel, se refirió desde su cuenta de Twitter al fallo de la Corte Suprema que declaró Constitucional la Ley de Medios.

“Esta no es una ley K, es una Ley de todos los argentinos. Aquí no hay libertad de prensa, hay libertad de empresa”, tuiteó Pérez Esquivel en Twitter.

Por otro lado dijo que “Necesitamos la #LeyDeMediosConstitucional y aseguró que “el Gobierno debe aplicarla integralmente para democratizar la palabra”.

La abogada ex integrante del AFSCA, Graciana Peñafort, habló con Dady Brieva en Radio América en relación a la constitucionalidad de la Ley de Medios.

“Festejo el triunfo de la democracia, es la Ley que la Sociedad se merecía para sí misma", dijo Peñafort.

Y agregó "Mereciamos que se liberaran los cepos que dejó la dictadura"

"Tengo mucha, mucha alegría", continuó.

"Se lo dedico a Néstor, a Cristina, a Damián Loretti y a Gabriel Mariotto, quienes creyeron cuando nadie lo hacía. No creo que sea un gol, creo que es algo en lo que ganamos todos”, cerró la abogada.

POR: INFONEWS.COM

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ARREGLOS: ALBERTO CARRERA

Derecha Argentina, Desorganizada, Desorientada, Desdibujada....De Clarin. La triste realidad de la inexistente oposiciòn polìtica.

Todo está a cielo abierto. Pase, vea y saque sus conclusiones. La “fortaleza” del FAP, que encabezaba Hermes Binner, se redujo a cenizas después que uno de sus socios, el presidente de la UCR, Mario Barletta, le disparara a Dante Caputo, devenido en afiliado a la progresía nativa, un cachafaz y soez “conchudo” que impactó de lleno sobre la línea de flotación del rejunte progresista.

Es tanta la impotencia acumulada que no les basta con agredir al oficialismo.
Ahora se agreden entre ellos.

Atrás quedaron los discursos de que eran “lo nuevo” en la política argentina, “una opción entre el relato kirchnerista y la derecha de Macri” y que patatín y patatán.
Bastó que un socio le dijera a uno de ellos “conchudo” para que se desmoronaran como un castillo de naipes.

Vaya con las convicciones.
¿Se los imagina gobernando nuevamente?

¿Se los imagina repartiendo cargos en los ministerios como si fueran caramelos para calmar a las fieras de la propia interna aunque no sepan nada del arte de gobernar para el pueblo?
¿Se los imagina gestionando y que Magnetto los amenazara con una tapa adversa de Clarín y un vocablo explosivo de mayor poder de daño que la palabra “conchudo”?
Ahora sí que se terminó el ciclo de la progresía reaccionaria y antipopular.
Las fugaces mieses del 2009 ya no volverán.

El “Grupo A” es una pieza de museo de aquellos raros instrumentos que nunca fueron usados. Hoy reeditan esta Alianza minusválida en el cuarto de un hotel porteño que, para colmo, se llama “Uno”. Como el tango de Discepolín.

El “alika-alikate” del herrumbrado de Narváez ya no es la frutilla simpaticona de la guerra destituyente de la patronal rural contra el gobierno popular.
El asunto es más complejo.

Porque en verdad, la oposición quedó anclada en el país del pasado. Siguen aferrados a lo viejo. Sus categorías políticas, su pensamiento anacrónico, pero por sobre todo, su dependencia al Grupo Clarín, hace que no puedan crecer por sus propios medios.

La trayectoria de la derecha está a la vista. En el apuro electoral puede ser que se junten. De coherencia y proyectos, ni mu.

El PRO de Mauricio Macri no pudo construir una opción que, por fuerte y consolidada, se oferte como ordenador de ese espacio ante, por ejemplo, la resaca del pejotismo caudillesco que alguna que otra presencia y arraigo guardaba en provincias y municipios. Terminaron por presentar a un cómico santafesino, a un referí de fútbol cordobés y a un patrón rural entrerriano como las nuevas estrellas de ese firmamento. Lamentable. Y doblemente lamentable para quien enchastra las paredes proponiéndose candidato a presidente en el 2015.

¿Cuál es la propuesta del PRO en esta coyuntura? ¿Contarnos un chiste para hacernos reír, dirigir un partido en el club del barrio, enseñarnos cómo se esconde la soja en un silobolsa?
¿Y el cordobesismo de De la Sota dónde está?
“Silenzio stampa”, diría el Coco Basile.
Tampoco hay espacio ni oxígeno para suponer que una “esperanza blanca” desgarre las entrañas del kirchnerismo, para partirlo primero y darle batalla después.
¿De dónde salieron las luminarias que suponen que la teoría del péndulo sigue viva en el peronismo? No entendieron nada si lo creyeron así.

Hay un proyecto estratégico de país, hay un solo liderazgo nacional y popular y hay un tiempo histórico en la Argentina y en toda la región que explica que las cosas sean así y que sigan así por mucho tiempo. No hay herencia ni descendencia por derecha.
Porque no hay contexto ni ganas de que sea así.
El estallido del FAP y la incapacidad del macrismo como opción triunfal de la derecha es el final del ciclo opositor iniciado en el 2009.

Tendrán que barajar y dar de nuevo.

En tanto el oficialismo, como algunas farmacias, atiende las 24 horas. No baja los brazos ni se duerme en los laureles. No hace uso de la siesta prolongada que bien, podría decirse, se la tiene ganada. No duermen nunca y si lo hacen, tienen siempre un ojo abierto. Por si las moscas.

Y enfrentar a un proyecto político que gobierna desde hace diez años sin perder la frescura ni la iniciativa, te la regalo.

Sólo cabe una tarea: hacer que las próximas elecciones primarias de agosto y las legislativas de octubre, sean una pueblada electoral que exprese la pueblada que hoy se ve en cada pueblo donde está Unidos y Organizados pintando una escuela o arreglando las calles de los barrios más humildes.

Si esa muchachada de La Cámpora, por ejemplo, con toda su energía multiplicadora, logra trocar ese impulso en voto popular, entonces, los días más felices son los que están por venir.

Todo indica que un nuevo ciclo histórico ha comenzado, signado por la horma del zapato que encontró finalmente el país. Ya era hora.

Si esta pulsión se diera, si esta sinapsis política y cultural encendiera todas nuestras luces, no habría que descartar que el kirchnerismo se imponga aún en los distritos donde tiene poco. Córdoba, por ejemplo.

Esto corre a cuenta y riesgo del autor de esta nota.
Es preciso que esta pueblada, a veces bullanguera como el 25 de Mayo pasado y a veces silenciosa, como la de los pibes que militan en los barrios cotidianamente, se transforme en pueblada electoral organizada.

Sería una forma de redignificar la política como una verdadera marea popular.
Pero supongamos que aun así se empate, dios nos libre y nos guarde; en el peor de los casos quedará un reservorio de memoria popular bajo su propio alero atento a superar las tempestades que vengan.
Que se anime la derecha a derogar los derechos conquistados por el pueblo y su gobierno en estos diez años; que se anime a derogar la Asignación Universal por Hijo y el Fútbol para todos; que se anime a reflotar el ALCA.

Si lo hacen, deberán saber desde ahora, que habrá un pueblo en las calles y las plazas que le pertenecen, como le pertenecen todos los derechos conquistados desde Néstor a Cristina.
Todo está a cielo abierto.

Habrá que seguir trabajando para que la democracia crezca sin estar amenazada por ninguno de esos nubarrones que anuncian tempestades.

POR: Jorge Giles - sur.infonews.com
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ARREGLOS: Alberto Carrera

FASCISTAS DE LA ACTUALIDAD. "PRÒLOGO DE LA NACIÒN" ENTENDER EL DÌA A DÌA

La Nación, el fascismo y la actualidad. Una mirada del filósofo Ricardo Forster, miembro de Carta Abierta y candidato a diputado, ante la insistencia del diario La Nación de comparar la actualidad política con la que protagonizaron en las primeras décadas del siglo pasado el fascismo y el nazismo en Italia y Alemania.

El diario La Nación, nuestra tribuna de doctrina liberal-conservadora, siempre nostálgico de las épocas de esplendor en las que la república era gobernada por “serios” representantes de nuestras clases dirigentes patrimonialistas, sigue ofreciéndonos su “original” mirada de la historia, una mirada que, como no podía ser de otro modo, tiene como único objetivo el presente y los intentos destituyentes que acompañan esas crónicas entre canallas y desopilantes. Lo que le interesa no es la “verdad histórica” –en la que por supuesto dice creer pero que utiliza sin disimulos para sus operaciones políticas– ni el viaje erudito a una estación lejana del pasado para satisfacer a sus lectores ávidos de recordar otros tiempos mientras se angustian por una escena que los alerta de las posibles repeticiones de la historia. Lejos de concebir esa excursión como una distracción o como un ejercicio especulativo, lo que insiste en buscar es el “juego especular” con una realidad, la actual, que, de acuerdo con su peculiar interpretación, se acerca peligrosamente a ciertos momentos de ese pasado en el que el horror totalitario se hizo carne en la Europa de la primera mitad del siglo XX. Con manos temblorosas los lectores de tan ilustre “tribuna de doctrina” sienten el aliento fétido de una viscosa política inspirada en esos momentos espantosos de un pasado que, astutamente travestido, amenaza con regresar en la Argentina de estos días. Los eternos adalides de la democracia se preparan, cuchillo en mano, a defenderla contra los adoradores del clientelismo y la demagogia. Ya hemos conocido, en otros momentos de la historia del país, las consecuencias de esas “heroicas acciones” llevadas a cabo en nombre del saneamiento y la moral republicanas.

Sacando del ropero de las cosas en desuso los viejos trajes apolillados del antiperonismo de la Unión Democrática, que se cansó de hablar de “nazi-fascismo” a la hora de describir el ascenso del coronel Perón al gobierno en 1946, La Nación, desgranando una inusitada nostalgia por aquellos “combates libertarios” contra la Segunda Tiranía, se dedica, con ahínco sorprendente, a revivir esas cloacales “conexiones” entre el presente y el supuesto pasado fascista de un gobierno popular que siempre refrendó por la vía de las urnas el caudaloso apoyo que recibió de la mayoría de la sociedad. Extraña paradoja que esas denuncias siempre hayan eludido con extrema prolijidad a las interrupciones golpistas de la democracia –en el ’30, en el ’55, en el ’66 y, claro, en el ’76–, interrupciones que le dieron forma a una verdadera genealogía de una derecha homicida que encontraría, con la dictadura del ’76, su máxima cuota de horror festivamente apoyada y legitimada desde un comienzo por ese mismo diario que siempre hizo fe de su hondo apego a las instituciones democráticas. ¿Acaso es un fallido de La Nación vincular experiencias democrático-populares –la del primer peronismo y, ahora, la del kirchnerismo– con el nazi-fascismo, mientras nunca dejó de hacer la apología de las dictaduras y los golpes de Estado que se ensañaron efectivamente con las instituciones de la república, contra las libertades y contra la esencia de la vida democrática? ¿Qué fue, para tan ilustre doctrina liberal, el terrorismo de Estado practicado con saña por Videla y sus acólitos, entre los que no dejó de estar el diario fundado por Bartolomé Mitre que, ahora, “descubre” con “honda preocupación” la posible empatía del gobierno democrático con dos fechas fatídicas –1923 y 1933–? ¿Hay algo más que delirio en esa comparación? Seguramente que sí. Resulta, entre paradójico y sospechoso, que se acuse de cuasi fascista a un gobierno que avanzó, como pocos en nuestra historia, en la recuperación de antiguos derechos conculcados por el neoliberalismo y en la ampliación y promulgación de nuevos derechos sociales y civiles que han expandido el contenido mismo de la vida democrática. Eso parece importarle muy poco al editorialista de La Nación. ¿Qué pensarán muchos progresistas que suelen criticar al Gobierno de este ataque brutal de la derecha mediática? ¿Se atreverán a defender lo conquistado, en especial, en materia de derechos humanos y sociales? ¿Aceptarán “la verdad” de estas antojadizas homologaciones históricas que remiten a lo más visceral del gorilismo nacional?

Primero se trató, en esta pesquisa de referencias anticipadoras del ominoso rumbo que estaría siguiendo el kirchnerismo, del año “1933”, el tiempo oscuro de la llegada del nazismo al poder y punto de partida de la implementación de la maquinaría concentracionaria que culminaría en el exterminio de millones de seres humanos. Ahora, siguiendo su viaje a las usinas de las derechas más tenebrosas, nos recuerda “1923”, el año del ascenso del fascismo al poder en Italia. La sombra de las ideas mussolinianas se extiende –eso dice su editorialista sin siquiera sonrojarse– hasta nuestros días en los que un gobierno “populista” se afana por reducir la autonomía de los poderes a letra muerta. Juego especular para alertarnos del peligro inminente por el que atraviesa el país. Riesgo de perder nuestras libertades y de enajenar el Estado de derecho en nombre de una salvaje búsqueda de hegemonía política. Pérfida genealogía que –eso nos recuerda el diario de Mitre– vincula al gobierno de Cristina Kirchner con la trama más perversa y homicida de los totalitarismos. ¿Desmesura interpretativa?, ¿delirio del editorialista?, ¿apenas una exageración sin segundas consecuencias?

Para quienes imaginaron que después de las críticas que el diario recibió por su editorial titulado “1933” (críticas que incluyeron también desde consecuentes opositores mediáticos hasta una declaración de la DAIA), no iba a caer en un reiterado exabrupto, el editorial del domingo 30 de junio, otra vez titulado crudamente con una fecha ominosa, “1923”, desmiente cualquier posibilidad de error o de escritura desafortunada de la que no seguiría haciéndose cargo ese mismo diario que se propone como “defensor de la república y de las libertades”. Todo lo contrario. Ahí está, de nuevo, la maldita genealogía que intenta construir. Ahí está su más absoluto rechazo a la legitimidad de un gobierno democrático y, lo que tal vez es peor, su liviana interpretación tanto del nazismo como del fascismo: porque si lo que hoy vivimos en la Argentina es homologable al horror exterminador, a la represión más brutal, a la eliminación de todas las libertades, quiere decir que nada de eso ocurrió en la Alemania hitleriana y en la Italia mussoliniana. Las víctimas del horror totalitario son salvajemente despreciadas por el editorialista de La Nación. Si el fascismo, de acuerdo con la lógica del editorial, era parecido a nuestra realidad cotidiana, ¿de qué brutalidades, de qué horrores, de qué violencias estamos hablando? ¿Le interesaron alguna vez las víctimas reales del fascismo o, como ocurrió entre nosotros, nunca se detuvo a criticar a los perpetradores a los que, por el contrario, apoyó desde un comienzo? ¿Dónde está su liberalismo a la hora de hacer tamañas comparaciones históricas? ¿Tan profundo y alucinado es el odio que puede sentir por un gobierno democrático, respetuoso de las libertades públicas y de la división de poderes, que lo ha conducido a un desatino tan enorme? Regresemos y detengámonos en el editorial del último domingo. El comienzo constituye el eje de su estrategia, el punto crucial para conducir al lector a la homologación que se busca con la actualidad nacional. Allí leemos: “Así como el año 1933 marcó la ascensión de Hitler al poder, el año 1922 abrió la puerta del Reino de Italia a la dictadura fascista de Benito Mussolini. El 29 de octubre, luego de la Marcha sobre Roma de los ‘camisas negras’ el rey Víctor Manuel III nombró a Mussolini primer ministro. Formalmente, la dictadura fascista no se implantó de inmediato: ‘il Duce’ fue demoliendo desde adentro las instituciones del Estado de Derecho para controlar la vida civil de los ciudadanos bajo una máscara democrática”. Ni siquiera el disimulo. Todo está escrito como para que el lector establezca, sin ningún tipo de dudas, la relación entre el fascismo, su estrategia de horadar la democracia desde “adentro”, y lo que efectivamente viene haciendo el kirchnerismo.

Luego de recorrer las estaciones históricas que culminaron en la dictadura mussoliniana, haciendo especial hincapié en todo aquello que pudiese encontrar algún tipo de correlato con el peronismo y nuestra actualidad, concluye el editorial con un párrafo antológico y terrible en sus consecuencias interpretativas. Mis disculpas al lector por proferirle otra “sutil” andanada discursiva de la “tribuna de opinión”: “Durante ese período tan oscuro, entre 1939 y 1941, Perón fue agregado militar de la Argentina en Italia y no ocultó su admiración por el régimen fascista (primer eslabón en la cadena de similitudes que nos llevan peligrosamente a la posibilidad cierta de una resolución ‘fascista’ por parte del gobierno de Cristina Fernández, RF), al que definió como ‘un ensayo de socialismo nacional, ni marxista ni dogmático’. El golpe militar del 4 de junio de 1943 recogió mucho de esta experiencia tan directa como intensa y cuya profunda influencia ha tenido secuelas, lamentablemente, hasta nuestros días”. Directo y sin anestesia: el virus del fascismo, inoculado cuando Perón vivió en Italia, sigue vivo entre nosotros y amenaza con vaciar a la república utilizando las estrategias que el editorialista se encargó de refrescarnos concienzudamente. ¿Todo regresa en nuestro país?, ¿como comedia o como tragedia? Sin ocultar sus intenciones, sigue el editorialista con las conclusiones de su juego comparativo: “Desde el tendido de redes clientelistas hasta el exagerado culto a la personalidad del líder; las persecuciones de figuras opositoras o independientes a través de aparatos de inteligencia estatal o de la agencia recaudadora de impuestos (cualquier semejanza con la realidad argentina corre por cuenta del lector, RF); los ataques a periodistas y la adopción de medidas gubernamentales orientadas a perjudicar económicamente a medios de prensa críticos del oficialismo (como denunciar la apropiación de Papel Prensa durante los años de la dictadura o aprobar por voto mayoritario del Congreso Nacional la ley de servicios audiovisuales, RF); la persecución de empresas consultoras que miden la inflación con criterios científicos (¡sic!) y por lo tanto más realistas que los oficiales; el sometimiento al escarnio público de ciudadanos y empresarios que osan cuestionar las políticas del Gobierno; el avasallamiento de la división de poderes y los arteros ataques al Poder Judicial son algunos claros ejemplos de un pensamiento totalitario de raíces fascistas”. ¿Le quedó claro, amigo lector, a dónde conduce la genealogía construida por el editorialista, la que comenzó con el año 1933 y que se continuó con el de 1923? Estamos casi en el fascismo. Vivimos el tiempo del fin de la república. La democracia está amenazada desde adentro. Y La Nación, tribuna de democracia que siempre la defendió contra todo intento golpista, se ofrece como la vanguardia esclarecida de una lucha decisiva que tiene como principal objetivo impedir que se instale en el país el totalitarismo. Si no fuese por los antecedentes del diario creeríamos estar leyendo la página de humor. Pero no, no se trata de una humorada, es la escritura destemplada y sin autocensura de quienes buscan, con distintos medios, avanzar sobre la democracia que los argentinos supimos duramente reconquistar de las manos de aquellos que, desde siempre, han escrito y leído La Nación. De una democracia, que mientras es convertida por los poderes corporativos en un pellejo vacío, le permiten subsistir, pero que cuando es habitada por un proyecto legitimado por el voto popular y la participación, se transforma inmediatamente en una amenaza a la que hay que desactivar. Su estrategia, que no es nueva y que se corresponde con la que viene llevando adelante la derecha continental, busca deslegitimar el extraordinario giro que desde principios de siglo viene desplegándose en algunos países sudamericanos. Van contra la ampliación de derechos y contra el novedoso entrecruzamiento de las libertades públicas y la distribución más igualitaria de la riqueza. Van, como siempre, contra los intereses populares.



POR: Ricardo Forster - PAGINA12.COM.AR
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ARREGLOS: ALBERTO CARRERA

CIRCO. SIN PALBRAS..!!

FALLO VERGONZOSO: DÀDIVAS - PREMIOS POR FAVORES ENTRE AMIGOS. 7D

El juez denunciado por dádivas que falló a favor del Grupo Clarín. El magistrado Casanello dispuso una serie de medidas de prueba en la causa. Aun así, el camarista amplió la cautelar del multimedios.

Dos veces lo recusó el gobierno y dos veces sus pares lo defendieron, pero el juez Francisco de las Carreras fue denunciado acusado de recibir dádivas del Grupo Clarín al aceptar que una organización integrada y financiada por empresas del multimedios pagase los gastos de un viaje a Miami y el alojamiento en un hotel cinco estrellas.

En las últimas horas, el juez Sebastián Casanello, del juzgado federal número 7 de la Capital le dio un fuerte impulso a la investigación penal contra el camarista y dispuso una batería de medidas procesales tendientes a comprobar su De las Carreras incurrió en el delito denunciado por el gobierno.

Sin embargo, ayer, De las Carreras fue uno de los dos camaristas que firmó la ampliación de la cautelar a favor del Grupo Clarín. En el fallo, De las Carreras sostuvo: "Me encuentro repuesto por mis pares en mi función natural de juez de esta causa. Advierto la necesidad de hacer conocer que guardo la debida imparcialidad inherente al ejercicio de la función jurisdiccional, conservo la tranquilidad de espíritu y la libertad de conciencia indispensables para impartir justicia".

Según revelaron fuentes judiciales, Casanello pidió informes al gobierno de los Estados Unidos, a la justicia uruguaya, a la Corte Suprema de la Nación, al Consejo de la Magistratura, a la Cámara Civil y Comercial, a la AFIP, a la Dirección de Migraciones, a la Inspección General de Justicia y a la empresa Copa Airlines, con el objetivo de conocer los movimientos de De las Carreras durante el desarrollo de la cumbre organizada por la organización CERTAL en mayo pasado.

El magistrado busca además conocer sus gastos con tarjetas de crédito, las licencias que tomó, si esas licencias involucraron a otros funcionarios o familiares, si efectivamente se alojó en el lujoso hotel The Biltmore y los vínculos de la entidad organizadora con la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, entre otros datos de relevancia para la investigación.

Como integrante de la Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal de la Capital, De las Carreras fue uno de los jueces que avaló la medida cautelar que el juez de primera instancia jubilado Edmundo Carbone había dictado en 2010 para suspender, a instancias del Grupo Clarín, los efectos de dos artículos clave de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.

Según detallaron las fuentes, Casanello ya solicitó todas las medidas de prueba sugeridas por el gobierno en la denuncia presentada por la Jefatura de Gabinete, lo que fue entendido como un reconocimiento de los argumentos que dan cuerpo a la acusación.

"Esperamos tres años, podemos esperar 20 días más"

Esperamos tres años, ¿qué son 20 días más? La resolución de dos de los integrantes de la Sala I de la Cámara en lo Civil y Comercial Federal extendiendo la cautelar al Grupo Clarín pospone algo que de todos modos es inexorable. La plena aplicación de la Ley de Medios de la Democracia es sólo cuestión de tiempo.

Que los camaristas le hayan regalado las tapas de hoy a Clarín y La Nación con títulos contrarios al 7D es, casi, una chiquilinada, un golpe de efecto que puede durar horas, tal vez días, acaso semanas. Es más difícil para los jueces involucrados en esta última maniobra dilatoria justificar las razones de su fallo, que hacerle entender a un chico de primaria que, en democracia, si una ley la envía el Ejecutivo, la vota el Legislativo y la valida la Corte Suprema de Justicia, es una ley constitucional, aplicable, con todos sus efectos. Lo único preocupante es que magistrados que deberían velar por el cumplimiento de las leyes consagran la desigualdad con absoluto desparpajo, desafiando a otros dos poderes del Estado, en alianza con grupos concentrados de la comunicación que quieren eludirla o burlarla.

El poder judicial debe ser independiente, también de los monopolios. La Corte Suprema de Justicia más prestigiosa de los últimos 29 años, impulsada por el kirchnerismo, no puede dejar de manifestarse en contra de las presiones y el lobby descarado del Grupo Clarín SA. No debe porque sería arrodillar a la República ante un monopolio. Y no puede hacerlo porque pondría al país en grave riesgo institucional. Tampoco pueden ceder a los caprichos de dos camaristas que desconocen el fallo de mayo pasado, donde los propios jueces supremos pusieron el 7D como fecha tope a las cautelares. Y, mucho menos, dejar que se viole el debido proceso: la recusación de dos representantes del Contencioso Administrativo no fue siquiera tratada. Acuciados por fallar antes del 7D, los que hoy hicieron feliz por unas horas a Héctor Magnetto se saltearon una instancia obligada. A veces, la urgencia produce errores como estos.

El Ejecutivo usará hoy el per saltum para que la Corte decida con la rapidez que ella misma le exigió por escrito a sus instancias inferiores. Mientras tanto, el juez de primera instancia, Horacio Alfonso, deberá expedirse sobre la cuestión de fondo, es decir, la constitucionalidad de los artículos 161 y 45 para el Grupo Clarín. Lo más probable es que los jueces supremos aguarden ese fallo para resolver este pleito, que parece eterno. Alfonso quizá lo haga hoy o dentro de un mes, nadie lo sabe.

Mientras tanto, los que apoyamos la Ley de Medios de la Democracia seguiremos festejando. El 7D no es hoy: comenzó hace tres años, cuando el Estado democrático decidió remplazar a la vieja ley de la dictadura cívico-militar, de la que Clarín fue partícipe y beneficiario directo, por una que garantizara la pluralidad de voces en democracia. Lo que sucedió ayer había sido anticipado por el ministro Julio Alak, el miércoles 5, en conferencia de prensa. No hay nada nuevo bajo el sol. Sólo la confirmación de que una corporación económica como Clarín hará todo lo que haga falta para evitar cumplir con una ley antimonopólica.
Que haya jueces que tengan debilidad por sus argumentos no sorprende. Antes había presidentes, diputados y senadores que también lo hacían. La diferencia es que eran mayoría. Ya no.

Antes lo hacían en las sombras. Hoy quedan expuestos al juicio de la opinión pública. La sensación es que cuando la Corte finalmente resuelva no podrá eludir su responsabilidad política e histórica. La gobernabilidad de un país es tarea de todos. También del máximo tribunal.

 POR: Roberto Caballero. INFONEWS.COM  / TIEMPO.INFONEWS.COM
ARREGLOS FOTOGRÀFICOS: ALBERTO CARRERA

LEY DE MEDIOS: INJUSTICIA - CLARIN EL DUELO DE PODERES EN EL QUE PERDEMOS TODOS!!!

EL GOBIERNO RECURRE DIRECTAMENTE AL MAXIMO TRIBUNAL PARA QUE REVEA EL FALLO QUE EXTIENDE LA CAUTELAR A FAVOR DEL GRUPO CLARIN.

La Cámara más cuestionada ahora cuestiona a la Corte. Después de rechazar ellos mismos la recusación presentada por el Gobierno, los dos jueces de la Cámara Civil respaldaron abiertamente la estrategia de los abogados de Clarín. El Gobierno aseguró que ese fallo “lesiona la democracia” y pedirá la intervención de la Corte.

EL JUEGO EN EL QUE PERDEMOS TODOS LOS ARGENTINOS Y GANA UN PRIVADO.......

En el punto más álgido de una pulseada feroz, a la que se subió la corporación judicial abiertamente, el Grupo Clarín consiguió una extensión de la medida cautelar gracias a la cual seguirá eximido de desinvertir y de adecuarse a los límites que fijó la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. El beneficio vencía hoy, 7 de diciembre, según había establecido la Corte Suprema en mayo último. Sin embargo, la Sala I de la Cámara en lo Civil y Comercial dispuso que siga vigente “hasta que se dicte la sentencia definitiva en la causa”. Es decir que caerá cuando el juez de primera instancia, Horacio Alfonso, defina la validez constitucional de los artículos de la norma que obligan a desprenderse de licencias de radio y televisión y que definen los parámetros de concentración de medios. El Gobierno planea presentarse ante el máximo tribunal y pedirle una intervención expeditiva, que no espere los tiempos de la burocracia judicial, y que –por “avocación” o per saltum– anule la decisión de los camaristas, ya que consideran que contradice el límite temporal para la cautelar señalado por los propios jueces supremos.

La Cámara argumentó que la situación cambió respecto de seis meses atrás, cuando se pronunció la Corte para advertir que no se deben prolongar las medidas cautelares indefinidamente porque se conviertan en sentencias anticipadas. Al día de hoy, señaló, una sentencia del juez Alfonso sobre la cuestión de fondo ya es inminente, porque lo exigen las directivas supremas. Para los camaristas, levantar la cautelar “cuando aún no está dirimida la impugnación constitucional” que planteó Clarín contra “la obligación de desinvertir (...) causaría un perjuicio irreparable” si la decisión final fuera favorable a la empresa, que se vería en la situación de tener que ceder parte de su patrimonio.

La decisión de la Autoridad Federal (Afsca) de recusar anteayer a la Cámara en lo Civil y Comercial en pleno recalentó el ambiente, que ya venía por demás caldeado. Ayer fue un día de nerviosismo, en tribunales y en el Gobierno. La Cámara se reunió a la mañana y lo primero que decidió fue desechar las recusaciones sin vueltas. También rechazó in limine el planteo de “revocatoria” de la Jefatura de Gabinete que cuestionaba la confirmación del camarista de Francisco de las Carreras para intervenir en el caso Clarín a pesar de que se lo investiga penalmente por presuntas dádivas. La denuncia del Poder Ejecutivo decía que había viajado a Miami, en pleno trámite de la causa, invitado a una cumbre organizada por una entidad (Certal) que nuclea a miembros del grupo empresario y tenía a Cablevisión entre sus auspiciantes.

La difusión, ayer al mediodía, de un comunicado de la Comisión de Protección de Independencia Judicial –que encabezan las juezas de la Corte Elena Highton de Nolasco y Carmen Argibay– junto con una lista de entidades representativas de jueces de todo el país que reivindicaba su “independencia”, fue el preámbulo o más bien el anuncio con respaldo incluido, de la resolución que se conocería un rato después y que extendió la medida cautelar a pedido de Clarín. El texto, que se anticipaba a las críticas negando un “interés corporativo”, pedía entre otras cosas al Poder Ejecutivo que evite el uso de “mecanismos directos o indirectos de presión sobre los jueces”, exhortaba a los medios a “promover el debate democrático de ideas” y –quizá con cierta ironía– pedía espacios para el Poder Judicial en la televisión. Pero no habla de las presiones del poder económico o las corporaciones empresarias.

El fallo de ayer, que apunta a dejar a Clarín al margen de un aspecto esencial de la ley de medios, que es el que apunta a evitar las prácticas antimonopólicas, fue firmado por el cuestionado De las Carreras y por la jueza María Susana Najurieta. En un parrafito a modo de introducción, De las Carreras aclaró que conserva “la tranquilidad de espíritu y la libertad de conciencia indispensables para impartir justicia bien y legalmente”. Ambos magistrados ya habían confirmado en dos ocasiones la medida cautelar a favor de Clarín, con alusiones a la preservación del “derecho de propiedad”. En mayo último, la Corte Suprema acortó el plazo para la medida que habían puesto los camaristas (y que llegaba hasta diciembre de 2013) y fijó el 7D, destacando la importancia de que haya una definición del debate de fondo. La sentencia decía que hasta el momento Clarín no había demostrado que se hubiera vulnerado algún derecho esencial, como la libertado de expresión, y que por esto el expediente aparecía como una cuestión de naturaleza meramente “patrimonial”. Un asunto patrimonial se puede recomponer a la larga con una reparación económica. La violación de un derecho básico, no.

El juez de primera instancia de entonces, Raúl Tettamanti, siguió la bajada de línea suprema y rechazó el pedido de Clarín, que no sólo pedía extender la cautelar, sino que planteaba hacerlo por doce meses. La Cámara no sólo discrepó sino que sus fundamentos transitan un aspecto que no venía planteado, ni hace a la discusión sobre la continuidad de una medida provisoria, pero que sí estuvo presente en el debate público: los jueces afirman repentinamente que aún no empezó a correr para el Grupo Clarín el plazo de un año para desinvertir fijado la ley, y que surge de uno de los artículos de la norma cuestionados, el 161. “La parte actora (el multimedios) no puede estar incursa en incumplimientos derivados de ese vencimiento, que no le es aplicable, y que no está expuesta por ende a sus consecuencias”, aclaran. Frente a esas afirmaciones queda la duda: ¿acaso no es una forma de adelantar opinión sobre una cuestión que aún no les ha tocado abordar?

La Cámara da aval a la teoría de Clarín de que, al borde del 7D, y ante su negativa a presentar un plan de desinversión, “se encuentra en riesgo inminente de ver afectados sus derechos de manera grave”. A la vez alega que “no cometió abusos” para dilatar la causa que, sin embargo, está hace tres años bajo los efectos de una cautelar. Según el tribunal, como hay un sentencia de fondo próxima y a su criterio “ha desa-parecido el riesgo” de que Clarín se beneficie con la cautelar, entonces “prorrogan” su vigencia “hasta que se dicte la sentencia definitiva en la causa, a fin de no alterar significativamente las circunstancias y asegurar la utilidad, oportunidad y eficacia” del futuro fallo. De esta manera, una vez que el juez Alfonso dicte sentencia, la cautelar caerá. Sin embargo, cualquier apelación diferirá su aplicación hasta que quede firme en otras instancias, lo que puede incluir la Corte.

El Gobierno anunció, a través del ministro de Justicia Julio Alak, que no permanecerá pasivo. Hoy mismo la Afsca y Jefatura de Gabinete se presentarán para que la Corte revise la decisión de la Cámara. Es factible que la presentación tenga formato de pedido de avocación a los jueces supremos, o de un per saltum que saltee instancias procesales, para que no haya que pasar por un recurso extraordinario o un recurso de queja ante el máximo tribunal, que pueden tener un trámite kafkiano, cercano al mes. Habrá que ver si el máximo tribunal se juega por evaluar una situación de gravedad institucional que habilite un análisis sobre lo que decidió la Cámara o si rechaza el pedido con algún tecnicismo. La apuesta de la Casa Rosada es mostrar que la Cámara desa-fió y contradijo las instrucciones de la Corte, que había pedido poner fin a las cautelares eternas que, a menudo, se convierten en herramientas para complicar desde los tribunales las decisiones de Gobierno.


POR: Irina Hauser. PAGINA12.COM.AR
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JORGE LANATA Y LEY DE MEDIOS. SABER PARA HABLAR. IMPERDIBLE

JORGE LANATA EL CONVERSO, EXPLICA CON DETALLES LEY DE MEDIOS AL QUE HOY INTENTA BOICOTEAR

LA JUSTICIA ANTE EL PODER ECONÒMICO

Crítica de la razón judicial.
–Buenos días su señoría, mantantirulirulá. –¿Qué quería su señoría?, mantantirulirulá. –Yo quería una de sus hijas, mantantirulirulá. (…) –¿Y qué oficio le pondremos?, mantantirulirulá.
–La pondremos de modista, mantantirulirulá. –Ese oficio no le agrada, mantantirulirulá. (…) –La pondremos de princesita. –¡Ese oficio sí le agrada! Mantantirulirulá. –¡Celebremos todos juntos! (Canción infantil)

En el marco del ya renombrado 7D, la corporación judicial vive uno de sus momentos más críticos. A los jueces de primera instancia que aliados de Clarín antepusieron cautelares como estrategia dilatoria, se les suma la insólita acción de miembros del Consejo de la Magistratura que traban concursos y utilizan discrecionalmente el mecanismo de la subrogancia para favorecer al poder económico. Asimismo, la posibilidad de reglamentar la figura del per saltum, mecanismo por el cual una causa que supone gravedad institucional podría llegar directamente a la Corte Suprema sin atravesar los juzgados intermedios, ha obligado al recientemente “re-reelegido” presidente de tal institución, Ricardo Lorenzetti, a declarar que no aceptará presiones ni políticas ni económicas. Pero en estas líneas no se tratará la cuestión de si es el gobierno o el Grupo Clarín el que presiona o si el uso que se hace de la subrogancia es legal, ético e impermeable a la vergüenza. Me interesa, más bien, analizar la lógica de la Justicia en un sistema republicano y realizar un ejercicio comparativo con la finalidad de avanzar en algunas preguntas que puedan, al menos, desnaturalizar una serie de principios que la corporación judicial parece asumir como derechos legítimos y autoevidentes.

Para empezar, es preferible dejar para otro momento los comentarios sobre prebendas escandalosas de los jueces (como la de estar exentos del pago de Impuesto a las Ganancias, por ejemplo) para afrontar la siguiente pregunta: ¿por qué el poder judicial es el único poder de la República que no se somete a la voluntad popular de manera directa? La pregunta no es novedosa pero es pertinente pues se trata de un poder que controla al resto de los poderes que sí son elegidos a través del voto de la ciudadanía. ¿Qué dice la inmensa literatura existente sobre el tema? Dice varias cosas pero en general coincide en que el poder judicial es un poder contramayoritario, esto es, un espacio encargado de velar por los principios de una Constitución la cual, a su vez es, teóricamente, el fruto del acuerdo del poder constituyente, esto es, del pueblo. ¿Por qué entonces contramayoritario? Porque la decisión de una mayoría circunstancial no puede afectar lo que, se considera, son los principios fundantes del Estado y el sistema jurídico. De aquí que la Corte pudiera declarar inconstitucional una ley proclamada por el poder legislativo más allá que se haya realizado cumpliendo todos los pasos que a dicha ley le otorgan validez jurídica.

Ahora bien, ¿no hay otros modelos judiciales? En otras palabras, ¿en todos los países los jueces son elegidos por mecanismos independientes de la voluntad popular directa?

Pondré algunos ejemplos en los que esto no es así. El más cercano es Bolivia que en su Reforma Constitucional de 2009 no sólo avanzó hacia formas de pluralismo jurídico que surgen de la profundización de las autonomías otorgadas a las comunidades originarias, sino que determinó una forma de selección de jueces nacionales que puede sorprender. El mecanismo es el siguiente: una asamblea legislativa elige, entre una lista de candidatos y en una suerte de preselección, aquellos que mayor mérito profesional tienen. Entre los elegidos, el 50% deben ser mujeres y también deben existir candidatos provenientes de las principales etnias de cada región. Una vez aprobados por dos tercios de la Cámara, los preseleccionados comienzan una campaña bastante particular pues los candidatos no pueden realizar publicidad ni pueden manifestar su compromiso ideológico con alguno de los partidos políticos existentes. En esta línea, los medios no pueden hacer otra cosa que transmitir el discurso que los candidatos dieron frente a la asamblea, esto es, el discurso en el que leen su propio currículum.

Con este mecanismo se eligieron ya los miembros del Tribunal Agroambiental, del Consejo de la Magistratura, del Tribunal Constitucional Plurinacional y del Tribunal Supremo de Justicia, esto es, los tribunales de contenido más político, y han quedado exentos de esta metodología, por ejemplo, los jueces penales y los de primera instancia.

Ahora bien, un lector impaciente dirá ¿puede ser el caso boliviano un ejemplo a seguir? ¿No debiéramos intentar reflejarnos en países del primer mundo y no en los vecinos que comparten el tercer mundo con la Argentina?

Puede que sea así y por ello le traigo el segundo ejemplo: Estados Unidos. En este país que ha servido de modelo para buena parte de nuestras instituciones, el 90% de sus Estados posee algún tipo de mecanismo de selección popular de jueces. Dada la particularidad de cada caso conviene, a los fines explicativos, agrupar estas modalidades en grandes grupos. Así, siguiendo estudios de la American Judicature Society citados en un reciente artículo del profesor de Ciencias Políticas de la Universidad de Texas Anthony Champagne, 7 estados eligen a sus jueces mediante el mecanismo de elecciones partidarias. Esto significa, ni más ni menos, que cuando la ciudadanía elige a sus representantes para el poder ejecutivo o legislativo introduciendo la boleta de un partido político, encontrará que una parte de la misma incluirá candidatos a jueces. Si este sistema se trasladara a la Argentina, quien quisiera votar, por ejemplo, a la UCR para que gobernara al país, podría votar también en la misma boleta al actual miembro del Consejo de la Magistratura, Ricardo Recondo, para que sea juez.

Sin embargo, ante algunos de los riesgos de este sistema (que se mencionarán más adelante), en el país más importante del norte de nuestro continente, existen otros 14 estados en que el sistema de elección popular de jueces es apartidario y los candidatos no exponen su filiación política, lo cual tendería, idealmente, a que pudiera darse un esquema de poder más balanceado, especialmente si las elecciones de jueces se separaran de las ejecutivas y las legislativas.

Pero existen más variantes, en este caso, una que pone en tela de juicio el hecho de que el cargo de juez sea de por vida pues ¿por qué, por ejemplo, un profesor de una universidad pública argentina debe revalidar su cargo cada 7 años y un juez no?

En esta línea, en Estados Unidos, 16 de sus estados aplican lo que se conoce como “elecciones de retención”, esto es, los jueces son designados por el gobernador o la cámara legislativa pero cada determinada cantidad de años es la ciudadanía la que, mediante un referéndum, decide si el juez revalida su condición.

Por último existe una pequeña cantidad de Estados que utilizan mecanismos complejos que incluyen algunas de estas alternativas de selección directa por parte de la ciudadanía.

Ahora bien, ¿acaso la elección popular de jueces supone el fin de todos los males? Claro que no. De hecho, este tipo de metodología ha recibido grandes críticas entre las que se pueden mencionar las siguientes: los jueces dependientes de la decisión soberana no fallarán atendiendo a lo justo sino a lo que la mayoría desea pues de ella depende su continuidad en el cargo; en el caso de elecciones partidarias, la facción ganadora acaba “copando” la Justicia y de ese modo se elimina el único poder capaz de limitar la prepotencia ejecutiva y legislativa del partido dominante; el ciudadano común no está en condiciones de poder determinar la idoneidad de un juez de manera tal que el mérito puede quedar debajo de una personalidad carismática o una correcta estrategia publicitaria, etc. Todos estos puntos son atendibles, sin duda. Sin embargo, y ya que estamos formulando preguntas incómodas habría que interrogar a la corporación judicial argentina y preguntarle también ¿por qué sus cargos son de por vida y no poseen ningún mecanismo de revalidación? ¿Por qué no existe límite alguno a la cantidad de reelecciones del presidente de la Corte Suprema si, al fin de cuentas y como dicen muchos, el problema de la reelección ilimitada es que la naturaleza humana, cualquiera sea el cargo que se ejerza, tiende a corromperse cuando accediendo al poder reconoce que no tiene ningún dique jurídico que le impida eternizarse? Asimismo, ¿si bien es factible que buena parte de la ciudadanía no tenga la formación para reconocer la idoneidad profesional de un juez, es justo que uno de los poderes del Estado esté compuesto por sujetos que no se someten a la voluntad popular? ¿Por qué se permite esta suerte de aristocracia de los nunca votados? Por último, ¿que un juez no sea elegido en una boleta partidaria lo transforma en neutral y objetivo? Es más, ¿que no exista mecanismo de revalidación popular hace que las determinaciones de un juez sean independientes de la presión mediática? Las preguntas podrían seguir pero no estaría mal comenzar por intentar abrir, al menos, un pequeño debate sobre estas. ¿No le parece, Su Señoría?



POR:  Dante Augusto Palma VEINTITRES.INFONEWS.COM
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JORGE LANATA - DIARIO CLARIN

NOTE LAS DIFERENCIAS:

CLARIN: DESACATO Y VERGŬENZA

A cuatro meses de la caída de la medida cautelar que frena el artículo 161 de la ley de medios. El Grupo Clarín se apoya en la oposición para incumplir la ley. Dice desconocer la autoridad de la AFSCA porque su directorio no está debidamente integrado. Falta que la oposición parlamentaria designe sus representantes.

El próximo 7 de diciembre es la fecha clave. Es el límite que fijó la Corte Suprema de Justicia para el vencimiento de la medida cautelar que beneficiaba al Grupo Clarín al mantener suspendida la aplicación del artículo 161 de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual que lo obliga a desinvertir. Y en su intento por mantenerse al margen de la ley, el multimedios conducido por Héctor Magnetto se vale ahora de la última arista de la que se podía asir y que le brindan en bandeja los sectores de la oposición en el Congreso de la Nación.
En su carácter de apoderada de de ARTEAR (Canal 13), Radio Mitre y Cablevisión, María de los Milagros Páez presentó ayer un escrito ante la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) para desconocer la cédula de notificación que le envió ese organismo el pasado 27 de julio para que entregaran, en un plazo no mayor a los diez días hábiles, informes sobre la cantidad y características de sus accionistas, además de los servicios que prestan.

En el escrito presentado ayer, la representante legal del multimedios desconoce la autoridad de la AFSCA, dando así una nueva muestra de la intención de Ernestina Herrera de Noble y Magnetto de mantenerse al margen de las leyes que rigen para el resto de los grupos de medios. "En este acto, mi mandante manifiesta en forma expresa, que desconocerá cualquier acto emitido por esa Autoridad por ilegítimo, hasta tanto la misma no se encuentre integrada en su totalidad y en debida forma conforme lo establece el artículo 14" de la Ley de Medios de la Democracia.

Se refiere a la composición del directorio de la AFSCA que, de acuerdo con el artículo 14 de la norma, debe estar integrado por siete miembros: un presidente y un director designados por el Poder Ejecutivo, tres directores propuestos por la Comisión Bicameral de Promoción y Seguimiento de la Comunicación Audiovisual, que serán seleccionados por esta propuesta de los bloques parlamentarios, correspondiendo uno a la mayoría o primer minoría, uno a la segunda minoría y uno a la tercer minoría parlamentarias; dos directores a propuesta del Consejo Federal de Comunicación Audiovisual.
Precisamente, son los representantes de la segunda y tercera minorías parlamanterias los que, casi tres años después de sancionada la Ley de Medios de la Democracia, no fueron aún designados por la oposición y que hoy intenta esgrimir el grupo monopólico como excusa para seguir manteniendo su posición dominante en el mercado.

En el escrito, el Grupo Clarín volvió a apelar además a la estrategia de la victimización. Allí asegura ser víctima de "un escandaloso proceso de hostigamiento instrumentado por la Administración Central". Desconoce que las cédulas de notificación enviadas por la AFSCA no tuvieron como único destino las empresas del Grupo Clarín, sino que se libraron a cerca de una veintena de grupos de medios como el grupo Uno Medios, propiedad de Daniel Vila y José Luis Manzano; el Grupo Indalo, de Cristóbal López; el Grupo Hadad, de Daniel Hadad, entre otros. Las cédulas no motivaron, sin embargo que ninguno de ellos denunciara a la AFSCA por "hostigamiento" o "persecución". Se trataba solamente de recabar información técnica de modo de poder, a partir del 7 de diciembre próximo, avanzar en la plena aplicación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.

POR: TIEMPO.INFONEWS.COM
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GRUPOS DE RAPIÑA. CLARIN-LANATA Y OTRAS PORQUERÌAS

La vergüenza oculta: la verdad de la campaña contra Víctor Hugo.

Los que acusan al periodista tienen un pasado vergonzoso que ocultar. El rol de Danilo Arbilla, funcionario de la dictadura uruguaya que cerró medios y llevó a la cárcel a varios trabajadores de prensa. Los motivos, los cómplices y los objetivos en esta nota.

"La vergüenza oculta” es un trabajo de Melvin Lansky, médico del Instituto Psicoanalítico de Los Angeles, que sin conocer nada de la política latinoamericana ni de las dictaduras uruguaya y argentina, definió en pocas líneas el comportamiento de los acusadores del periodista y locutor Víctor Hugo Morales: “Sentimos vergüenza (la emoción) cuando nos exponemos ante nosotros mismos o ante terceros como deficientes, indignos de ser queridos o decepcionantes, en relación a algo que ya ha ocurrido”. La ignorancia del autor de esta nota, tanto en este campo como en tantos otros, impedirá avanzar en un análisis más detallado del comportamiento (ahora sí) vergonzante del Grupo Clarín, de la Editorial Perfil, del diario La Nación y del periodista Jorge Lanata. Exceptuando a este último, quien reconoció que en esa época trabajaba de mozo (lástima no habernos cruzado, yo era lavacopas en la pizzería de Las Flores y Mitre, en Wilde), tanto Héctor Magnetto como Bartolomé Mitre y Jorge Fontevecchia tienen pergaminos dignos de ocultar por su posición ante los dictadores. Intentar vincular políticamente a Víctor Hugo Morales con quienes fueron sus perseguidores no resiste el menor análisis si no se apela a Lansky. Sólo ocultan su propia vergüenza.

Vamos a recordar el comportamiento de estos medios durante la larga noche que va de 1976 a 1983, para luego analizar qué hicieron esos mismos medios ante la dictadura uruguaya. También la vinculación con funcionarios uruguayos que participaron de ese gobierno con cargos jerárquicos y que, desde ese lugar, censuraron y cerraron medios. Claro, la vergüenza oculta hace que sólo se ocupen de dos picaditos de fútbol y una grabación para vincular al popular relator uruguayo con un gobierno que en realidad lo persiguió y hostigó incansablemente hasta que debió venirse a trabajar a la Argentina, en 1980.

Conocida es la tapa del diario Clarín del 24 de marzo de 1976: “Nuevo gobierno” y, más abajo, “Comunicados de la junta militar”. Nunca una palabra de condena, ni siquiera la mención a la interrupción del orden democrático, ni a la detención ilegal de quien era hasta ese momento la presidenta constitucional, María Estela Martínez de Perón.

Quizás hasta fue más jugada la tapa del conservador diario La Nación: “Las Fuerzas Armadas asumen el poder; detúvose a la Presidente”. Más abajo, el diario de los Mitre publica una artículo cuyo título reza “En La Plata la acción terrorista fue dominada”. No se refiere, por supuesto, a los terroristas que usurparon el poder ese mismo día.

¿Y Perfil? Si bien Jorge Fontevecchia era muy joven, su escasa comprensión de los hechos le daba para escribir como director de La Semana, que apoyó desde un primer momento a la dictadura de Jorge Rafael Videla. En 1977 Fontevecchia escribió: “Cambio 16 es una revista semanal que se publica en Madrid. Su tendencia puede calificarse de izquierdista y su material orilla en algunas ocasiones la apología de la violencia (…) Como es obvio sus notas se ocupan prolijamente de hostilizar al actual gobierno y la prédica se centra en un tema de gran consumo en Europa: el de los derechos humanos”.

Para justificar su postura, Fontevecchia publicó hace muy poco, el 21 de agosto de 2010 (hace apenas dos años), lo siguiente: “En 1976 no se podía saber que la última dictadura sería infinitamente más cruel y macabra que las anteriores…”. Huelgan los comentarios.
Pero crucemos el Río de la Plata, que une la Argentina con Uruguay, para enterarnos si los que hoy acusan a Víctor Hugo Morales tuvieron una actitud diferente ante el golpe que tres años antes había interrumpido el orden democrático en el vecino país.

El personaje de la vergüenza oculta tiene nombre y apellido: Danilo Arbilla, director de Difusión e Información de la Presidencia durante la dictadura en Uruguay. Para más datos, periodista, presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) en el 2000 y, además, columnista de La Nación y de Editorial Perfil. Además, en 1999 visitó la redacción del diario Clarín como parte de la SIP. Nunca se dice, en ninguna de esas publicaciones, que Arbilla fue funcionario de la dictadura uruguaya y que censuró medios.

Tampoco se dice, en la aclaración de firma de esos artículos, que por su actuación en la dictadura, cuando Arbilla fue designado al frente de la SIP, La República y otros medios uruguayos cuestionaron el nombramiento y se fueron del organismo. En su país, Arbilla era conocido por clausurar y cerrar medios, además de perseguir periodistas. La Nación y Clarín callaron esta discusión, nada informaron en sus publicaciones y de este modo protegieron a este cómplice de los dictadores.

En su paso por la función pública, Danilo Arbilla, como se dijo, ocupaba el cargo de director de Difusión e Información desde 1972. El 27 de junio de 1973, cuando los militares terminaron de derrocar al gobierno títere de Bordaberry, Arbilla permaneció en el cargo no obstante reconocer que el golpe significó un “quebranto institucional”. Reconocería en una entrevista posterior, en 1993, con el diario El Día: “Tuve la disyuntiva y me quedé”.

En ese mismo reportaje, aseguró que en eso que él llamó “período de gobierno” y no dictadura militar “no todo fue tan malo”. Pero la historia que cuenta el diario La Republica, de Uruguay, dice que durante el tiempo en que Arbilla permaneció en el cargo hubo 14 clausuras definitivas de medios, 159 clausuras transitorias, se requisaron tres diarios extranjeros, un libro y una revista de la Unesco. Fueron presos dos directores de periódicos y un dirigente de la Asociación de Periodistas Uruguayos, organismo al que se le confiscó la colonia de vacaciones. Además, decenas de periodistas fueron encarcelados y tres periodistas murieron en la cárcel, años después, debido a las torturas.

Según consta en el archivo de ese diario “desde el golpe de Estado de 1973 hasta fines de 1975, período en que Arbilla se reconoce como director de Difusión e Información de la Presidencia (dictadura), cayeron presos y posteriormente fueron al exilio –entre otros– Carlos Quijano, director de Marcha, y Eduardo Viera, director de El Popular. Héctor Rodríguez, periodista de Marcha y de Respuesta, fue detenido, salvajemente torturado y condenado a prisión por más de ocho años”.

Agrega el artículo publicado por La República en octubre de 2000, cuando Danilo Arbilla estaba a cargo de la presidencia de la SIP: “Los dirigentes de APU Carlos Borche –reconocido nacional e internacionalmente por su lucha en defensa de presos políticos paraguayos y por su papel en la erradicación de la enfermedad de Chagas en nuestro país– y Santiago Puchet, junto al fotógrafo ‘El Gallego’ González, fueron de los primeros exiliados en 1975 en la embajada mexicana. Decenas de periodistas de El Popular fueron detenidos en ese período que va entre 1973 y fines de 1975 y condenados a prisión en el Penal de Libertad, luego de pasar por ‘El Infierno’. Entre la larga lista se encuentran José Jorge Martínez, Rodolfo Porley, José Luis Piccardo, Rubén Acasuso e Ismael Weismberger”.

Para ilustrar un poco más acerca de este personaje, vayan dos párrafos de sus colaboraciones en Perfil y La Nación. El 30/12/2010 escribió para la editorial de Fontevecchia un análisis de las elecciones brasileñas y el cambio de gobierno: “La cuestión es que Dilma deberá encarar su gobierno con algunos ‘temitas’ de arrastre, y alguna recomendación especial. Uno de aquellos es el que tiene que ver con la actuación de las Fuerzas Armadas durante la era militar, el cual Lula siempre ‘pateó’ para el costado o ‘para adelante’. No enfrentó a los militares y logró ocho años de equilibrio. Pero este es un tema que puede estar mucho tiempo aletargado o postergado y transformarse –en un momento dado– en punto candente de la agenda política y social. Ha ocurrido en la región y fuera, por ejemplo en España. Para la presidenta brasileña, por ser una guerrillera amnistiada, el tema, además, se le hace más complejo y delicado”.

En La Nación, el 29 de noviembre de 2009, escribió un artículo sobre las elecciones en Uruguay, especial para ese diario, que tituló: “De la guerrilla a la antesala del poder”. Allí afirma: “Si el ex guerrillero tupamaro José “Pepe” Mujica gana hoy la segunda vuelta y es electo presidente uruguayo, se habrá cumplido un proceso dialéctico casi impecable desde que los tupamaros iniciaron sus acciones a principios de los ’60, cuando el Uruguay vivía en democracia, y hasta el propio Ernesto ‘Che’ Guevara desestimaba la violencia o la revolución como vías válidas o necesarias para llegar al poder en este país. En aquellos tiempos, tras la guerrilla vino el ejército y cayó la democracia –los militares derrotaron a los tupamaros y tomaron el poder–. Luego volvió la democracia, y en el marco de este régimen es que ahora el ex guerrillero accede a la primera magistratura”.

Nótese que para el autor los tupamaros fueron quienes interrumpieron la democracia en el vecino país y después “vino el ejército”.

Queda claro entonces, una vez más, quién es quién en la política argentina y cómo se posicionó cada cual respecto del golpe de Estado en Uruguay. Las tapas neutras de Clarín en esos días de junio de 1973, coincidentes con la “neutralidad” de marzo de 1976, muestran una conducta que deben ocultar para poder operar con algo de sentido contra un periodista creíble y que sí fue perseguido por la dictadura de su país.

Su defensa política la hace el mismo Víctor Hugo Morales en su sitio de Internet y en su programa La Mañana, por Radio Continental. También lo hace en una pequeña entrevista que acompaña este artículo y que tuvo la deferencia de contestar desde Londres.

Por qué eligen al uruguayo como destinatario de sus operaciones mentirosas resulta evidente: es hoy uno de los periodistas de mayor prestigio del país y uno de los más creíbles. Pero tiene un defecto: sin dejar de ser crítico, apoya muchas de las medidas del Gobierno y mantiene un enfrentamiento histórico con el Grupo Clarín. Una posición poco digerible para quienes desde 2008 mantienen una actitud destituyente. Basta mencionar el apoyo incondicional de referentes de los derechos humanos como Estela de Carlotto, Hebe de Bonafini y Taty Almeyda para darnos cuenta de que algo huele a podrido en la información publicada el fin de semana pasado en la revista Noticias y en el programa Periodismo para Todos, que conduce Jorge Lanata. Y algo que huele a podrido mejor ocultarlo, como la vergüenza.

Informe: Graciela Moreno y Lucas Cremades


El uruguayo se defiente: "Fui, sin darme cuenta, muy persistente en la denuncia"

Estuvo en boca de algunos periodistas que salieron a pegarle debido a cuestiones vinculadas con su pasado. Aparecieron un par de fotos junto a un coronel de su país, en la década del ’70. Lo relacionaron con un sector militar de la dictadura uruguaya. Víctor Hugo Morales, en tanto, se defendió. Mostró en su página web las carpetas que tenía la Junta de Comandantes del Servicio de Inteligencia de Defensa, donde la dictadura lo cataloga de comunista y algo peligroso para su nación. Más allá de esto y frente a una consulta de Veintitrés, el relator habló de esta situación.

–¿Por qué cree que lo atacan en este momento?

–En los grandes temas el lado Magnetto de esta historia está sin argumentos. Papel Prensa, la grilla, la libertad de expresión, Cablevisión, el Fútbol para Todos, la Ley de Medios, etcétera. En todos estos temas he dado pelea. Si pudieran decir algo respetable para la inteligencia no estarían tan enojados. Nos sobrarían, tendrían más humor. No hay forma, están flojos. Entonces tienen que matar como sea al que los expone. Yo he sido, sin darme cuenta, muy persistente en la denuncia. Lo que digo desde hace quince años sobre el grupo no les dolía. Pero ahora, el contexto es mucho más favorable para quienes los visualizan como un verdadero cáncer moral.

–¿Qué pasó en aquel momento?

–Los archivos de la propia dictadura podés verlos en mi página, dicen que fui un hombre de la contra con la dictadura militar. Está bien visualizado como tal. Un militar que fue un buen tipo que nos advirtió y aconsejó sobre ciertos riesgos de la época, tonterías si se quiere, pero mostrando afecto por nosotros, fue contactado a partir de lo que yo mismo había contado muchas veces (hay en mi página una nota del diario El País de 2006). Estará grande, se habrá enojado al cabo de 35 años de no verme. Naturalmente es un hombre de derecha, quizás agudizada la posición de los años y de dos partidos de fútbol, jugados con 20 compañeros periodistas, armó una historia de que yo me la pasaba en el cuartel. Con eso construyeron una historia que como ejercicio de “estilo” cualquiera puede hacer sobre cualquier persona. Una historia producida desde aquí, contratando un tipo que detectaron como muy contrario a mí, por una nota en un blog. Lo armó un periodista de acá, lo pagó la gente del grupo, vieron un gran negocio después. Y en eso están.

–¿Usted podía no saber lo que pasaba en aquel momento en Uruguay?

–Lo de Uruguay estaba bajo control y hasta hace pocos meses nada se dijo nunca de desaparecidos. No hubo un plan así. Tenían la situación controlada y la vida continuaba. Los que estábamos en contra, igual mostrábamos la hilacha, demasiado expuestos, pero lo hacíamos. Fui llevado no menos de cuatro veces a dar explicaciones. Respaldé públicamente a gente que se oponía al régimen, di la voz del estadio a exiliados, hice campaña para ir a los Juegos Olímpicos de Moscú. Fui prohibido con anuencia de la dictadura que luego debió dar marcha atrás. Caí preso casi un mes por una pelea en un partido de fútbol, les cambié la canción del Mundialito. Me fui del país. Qué más.

–Los que lo acusan dicen que algo debía saber.

–No hay acusación de nada. La síntesis de los militares de ese cuartel es que yo iba y charlaba de fútbol con los cadetes, sólo de fútbol. Que fui más veces que las dos que estuve allí con todos mis amigos y con eso armaron la historia. Me estás preguntando desde un lugar en el que debo dar explicaciones por lo que ellos han instalado. Di por lo menos una charla en Campo de Mayo en 1982 u ’83 y participe de un cóctel, recuerdo a un coronel Conde como un anfitrión bien dispuesto. Pero hablaba de mi ideal izquierdista en los medios, peleábamos desde Cada loco con su tema en Sport 80 diciendo cosas increíbles del régimen, sugeridas, pero claritas. Se dan relaciones inevitables para quienes están más expuestos. El militar uruguayo que hace las declaraciones era quizás un cholulo o un tipo bien inspirado .Y para que quede claro, lo sabían mis amigos tupas de Colonia, los que ya estaban fuera de la cárcel. Eran, claro, los únicos que conocía. Uno de ellos llegó a trabajar conmigo como relator aquí en Buenos Aires.

–¿Hará alguna presentación judicial?

–Lo haré, creo que ya está en marcha. Claramente es una campaña. En Uruguay y aquí.

–¿Estima que es una operación mediática o lo atacan por sus posiciones políticas?

–Una cosa es la otra también. Me quieren eyectar del mundo. Es una mafia que aún no mató a balazos. Te quiere asesinar de otra manera. Y me han dejado malherido, pero vivo.


Opinión

Tuvo una actitud digna
Por Rafael Michelini Delle Piane
Senador Frente Amplio del Uruguay

Lo que están haciendo con Víctor Hugo es una canallada total, ya que él tuvo una actitud digna durante la dictadura en mi país tratando de abrir espacios de libertad, una y otra vez. Esta maniobra me sorprendió mucho, sigo sosteniendo que no sé con qué objetivo. Y recalco que no sé, más teniendo en cuenta que no me compete inmiscuirme en cuestiones que acontecen en la Argentina. Además, no se puede cambiar el pasado.
La ESMA y el Batallón Florida son completamente diferentes porque en la primera se estableció un centro de torturas y muerte. El batallón, en cambio, dejó de ser un lugar de represión desde el momento en el que asumieron los militares. Lo fue, sí, durante la democracia “dura”, y después los lugares de represión se establecieron en otros cuarteles. Me comuniqué con Víctor Hugo para expresarle mi solidaridad y lo encontré con ánimo. Es que él mejor que nadie sabe cómo actuó en aquellos años.

(Testimonio recogido telefónicamente)


Opinión

Si supiera
Por Pablo Llonto
Periodista, ex delegado de Clarín despedido, abogado de DD.HH.

Pobre Lanata. Si él supiera, si le gustase el fútbol (algo que desprecia por sus propios dichos: “En Página 12 pasaba de largo la sección Deportes”) se hubiese enterado de los cientos de desafíos a la censura que Víctor Hugo llevaba adelante. Y como lo hizo desde el primer relato que nos brindó en la Argentina 1981, cuando al debutar en radio, luego de un gol de Brindisi en el Boca maradoniano, recitó la letra de un genial artista perseguido: a desalambrar, a desalambrar, dijo Víctor Hugo esa tarde, a sabiendas de que otro uruguayo. Daniel Viglietti, era palabra prohibida en todas las emisoras.

Víctor Hugo llegó a la Argentina para demostrar que era posible terminar con el relator de los militares, José María Muñoz. Y por suerte lo desplazó, lo puso en su lugar, nos enseñó a todos que el periodismo deportivo y el relato podían tener contenido, belleza, lenguaje, poesía y, especialmente, ideas populares y combativas.

Hoy nuestro gremio sabe quién es quién. Por eso Víctor Hugo es bien recibido en todas las redacciones y asambleas de compañeras y compañeros del gremio. Nunca olvidaremos quienes trabajábamos en TyC-El Gráfico cuando en 2001, silenciosamente, se acercó a una choripaneada de laburantes, una mañana fría de otoño, en una olla popular, y nos dejó la solidaridad de quienes no quieren que los gestos se divulguen.

Hace falta decirlo, por si no lo supieran, los lanatas, los conversos.

POR: Rubén Pereyra.  INFONEWS.COM. REVISTA VEINTITRES
ARREGLO FOTOGRÀFICO: ALBERTO CARRERA