Vaticano: Rogelio Livieres Obispo del Opus Dei en Paraguay es destituido por escándalos de pederastia y corrupción. "Bishop Sinner"

El Papa Francisco destituye a un obispo del Opus Dei en Paraguay por encubrir a un cura. El prelado había acogido a un sacerdote acusado de pederastia en EE UU; también había dado refugio a otro procesado por delitos de la dictadura argentina.

El obispo destituido había calificado de "homosexual" a un arzobispo que había pedido investigar al cura acusado.

El papa Francisco acelera con su política de castigo a los abusos sexuales cometidos por sacerdotes. Dos días después del arresto en el Vaticano del exnuncio en República Dominicana, el polaco Josef Wesolowski, por acusaciones de pederastia, el sumo pontífice de origen jesuita reemplazó este miércoles al obispo de la paraguaya Ciudad del Este (298 kilómetros al este de Asunción), Rogelio Livieres, integrante del Opus Dei, por “serias razones pastorales”. Livieres, de nacionalidad paraguaya pero nacido en Argentina en 1945, había dado refugio en su diócesis a un sacerdote argentino acusado de abusos sexuales a menores de edad en EE UU en 2002, Carlos Urrutigoity. También fue cuestionado por crear un seminario en el que ordenaba curas con solo cuatro años de formación, en lugar de los seis requeridos en la arquidiócesis de Asunción, cuyo jefe, Eustaquio Pastor Cuquejo, estaba enfrentado a Livieres.

La nunciatura (embajada del Vaticano) en Asunción informó que el obispo, que por estos días se encuentra en Roma, se había negado a presentar la renuncia. En un escándalo que lleva años, el arzobispo de la capital paraguaya había llegado a pedir que se abriera una investigación sobre las acusaciones contra Urrutigoity. Entonces, Livieres le respondió a Pastor que no podía meterse en su jurisdicción e intentó descalificarlo señalándolo como “homosexual”.

Livieres también había refugiado en su diócesis a otro cura argentino prófugo, Aldo Vara, procesado por crímenes de la última dictadura militar de Argentina (1976-1983). Vara fue detenido por Interpol en abril pasado en Ciudad del Este, pero después fue liberado a la espera del juicio de extradición. Murió en junio de un infarto en su habitación en una parroquia de esa ciudad paraguaya situada en la Triple Frontera con Argentina y Brasil. Sin embargo, este caso no figura entre las razones de la destitución del obispo, según lo informado en la prensa.

El periódico ABC Color, de Asunción, publicó que Livieres también fue desplazado por “el uso discrecional de recursos transferidos” por la presa paraguayobrasileña Itaipú, una de las más grandes del mundo, a obras sociales de su diócesis. El obispo será reemplazado en forma provisoria por un argentino, Ricardo Valenzuela. La destitución fue decidida después de un viaje a Ciudad del Este que hicieron en julio dos enviados del Papa, el cardenal español Santos Abril y Castelló y el obispo auxiliar de Montevideo, Milton Tróccoli. "El Santo Padre pide al clero y a todo el Pueblo de Dios de Ciudad del Este que acoja la decisión de la Santa Sede con espíritu de obediencia, docilidad y sin desavenencias, guiado por la fe”, reza un comunicado del Vaticano.

Además del exnuncio Wesolowski, otros dos prelados son investigados por el Vaticano, según la prensa italiana: el obispo de Iquique (Chile), Marco Órdenes Fernández, y el obispo auxiliar de Ayacucho (Perú), Gabino Miranda Melgarejo. Órdenes Fernández fue destituido por Benedicto XVI después de una denuncia por abusos sexuales a un menor, mientras que el miembro del Opus Dei Gabino Miranda fue reemplazado el año pasado también por acusaciones de pederastia.

Por: Alejandro Rebossio -Elpais.com

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Arreglos: AC

Vaticano XXX: Battista Mario Salvatore Ricca, expedientes secretos al rojo vivo. "Denuncias y Ocultamientos"

El caso del sacerdote que confirmaría el "lobby gay" en el Vaticano. Ricca fue designado por el Papa Francisco en el banco del Vaticano. Una revista italiana relata una trama de denuncias y ocultamientos.

"Se habla del 'lobby gay', y es verdad, está ahí… hay que ver qué podemos hacer", reconoció el Papa Francisco el pasado 11 de junio, a tres meses de haber asumido como sumo pontífice. Si bien la frase fue pronunciada en un encuentro privado con una confederación religiosa latinoamericana, nadie -ni sus voceros- la desmintió.

Es que resultaba difícil negar la existencia de la "Mafia lavanda", como se la conoce en el Vaticano, ya que dos meses antes se había abierto una investigación penal en un tribunal italiano sobre el tema. En dicha causa figuran doce grabaciones telefónicas que denunciaban casos de corrupción y detalles alrededor de un sistema de orgías, tanto en departamentos privados en Roma y dentro de la ciudad del Vaticano. Las acusaciones apuntan hacia un alto prelado y sus presuntos encuentros con jóvenes, algunos menores de edad.

Pero el caso no consiste sólo en denuncias aisladas sobre algunos curas: la "mafia lavanda" también golpeó al mismo Papa, al ocultar el pasado oscuro de un candidato que Francisco designó en un puesto clave.

El 15 de junio, apenas cuatro días después de reconocer la existencia del "lobby gay", Jorge Mario Bergoglio nombró a monseñor Battista Mario Salvatore Ricca como prelado del Instituto para las Obras de la Religión. En otras palabras, era el hombre encargado de sanear el llamado "Banco" del Vaticano, con acceso a todos los procedimientos y documentos de la institución.

Ricca, de 57 años y originario de Brescia, venía recomendado por un curriculum impecable, habiendo servido en las nunciaturas (misión diplomática de la Iglesia Católica ante los Estados con los que mantiene relaciones diplomáticas) de varios países. Se ganó la confianza de Bergoglio como director de la Via della Scroga, la residencia donde el argentino se hospedaba durante sus visitas anteriores a Roma.

Lo que el Papa no conocía, lo que el lobby gay se encargó de ocultar, fue el paso de Ricca por Montevideo, donde acumuló diversas denuncias por irregularidades, según reveló una investigación de la revista italiana L'Espresso.

El sacerdote llegó a Uruguay en 1999, cuando Bergoglio ya era arzobispo de Buenos Aires. Pero no llegó solo: venía acompañado de Patrick Haari, un capitán de la armada de Suiza al que había conocido en Berna. Juntos, Ricca y Haari pidieron residencia en la nunciatura. El nuncio de Uruguay, Francesco De Nittis, rechazó el pedido. Pero se retiró a los pocos meses y Ricca quedó a cargo interinamente. Pronto le otorgó a Haari residencia en la nunciatura, con una posición regular y salario incluído. No hubo protestas del Vaticano.

"La intimidad de las relaciones entre Ricca y Haari eran tan abiertas que escandalizaban a numerosos obispos, sacerdotes y laicos de Uruguay", publicó L'Espresso. De hecho, el nuevo nuncio (Janusz Bolonek, que asumió en 2000) "encontraba el asunto intolerable e informó a las autoridades vaticanas". Las denuncias no causaron ningún efecto, según la revista.

En 2001, Ricca sufrió una severa golpiza al asistir a un punto de encuentro para homosexuales en el Boulevard Artigas de Montevideo, de acuerdo con la investigación de L'Espresso, y tuvo que llamar a un grupo de sacerdotes para que lo devolvieran a la nunciatura con la cara hinchada. Finalmente en 2004 fue trasladado a Trinidad y Tobago, donde también tuvo problemas con el nuncio, hasta que volvió al Vaticano y fue removido del servicio diplomático.

El lobby gay se encargó de "bloquear las investigaciones" para "mantener el expediente de Ricca inmaculado", según L'Espresso. Gracias a eso, el sacerdote se integró a la Secretaría de Estado del Vaticano donde continuó ascendiendo hasta alcanzar el cargo de consejero de primera clase de la nunciatura, en 2012.

En cuanto a su amigo Haari, la revista consigna que, al ser expulsados de Uruguay en 2001, pidió enviar sus valijas como equipaje diplomático. El nuncio se negó y quedaron en un edificio de las afueras de la nunciatura uruguaya, donde permanecieron por unos años. Finalmente, cuando Ricca, desde Roma, dijo que no quería tener nada que ver con el tema, fueron abiertas: adentro había una pistola, que fue entregada a la policía de Montevideo, y una enorme cantidad de material pornográfico y preservativos.



POR: PERFIL.COM
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ACUSACIONES DE RED DE PROTITUCIÒN GAY, MANCHA AÙN MÀS AL VATICANO. "LA JAULA DE LAS LOCAS 2013"

¿Red de prostitución homosexual en el Vaticano? Don Patricio Poggi fue arrestado por supuestamente calumniar y difamar a la Iglesia Católica.

Don Patricio Poggi pagó cinco años de prisión por haber abusado sexualmente de varios adolescentes en una iglesia de Roma mientras oficiaba como sacerdote y desde que recuperó su libertad empezó una campaña de desprestigio en contra de la Iglesia Católica.

El exsacerdote proclamó públicamente que un gran anillo de prostitución homosexual se ejercía alrededor de la Santa Sede.

Según Poggi, un oficial de la policía reclutaba jóvenes para cerca de nueve clérigos en el Vaticano. No pasó mucho tiempo para que el hombre fuera encarcelado de nuevo, al ser acusado de calumnia y difamación.

“Poggi concibió y estaba poniendo en marcha un plan para desprestigiar y calumniar a respetables miembros de la Iglesia” citaron algunos voceros en el Vaticano, quienes además agregaron, “quería provocar un escándalo para que eventualmente se revisara su sentencia y su posible reintegro a la Iglesia Católica”.

Las quejas de Don Patricio Poggi aparecieron luego de que el Vaticano se negara a reinsertarlo al servicio, una vez que cumplió su condena. “Luego de reflexionar y después de una dolorosa historia de abuso y mal uso del poder que tengo superada gracias a la fe que me guía, decidí que lo correcto era cooperar con la justicia”.

Sin embargo, el cardenal Agostino Vallini, cabeza del Vicariato de Roma aseguró que todas las declaraciones de Poggi están basadas en una desbordada sed de venganza y que nada de lo que dice es cierto. “Vamos a demostrar que todo esto no es más que una calumnia”, afirmó.

POR: SEMANA.COM

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ARREGLOS: ALBERTO CARRERA

FALLO VERGONZOSO: DÀDIVAS - PREMIOS POR FAVORES ENTRE AMIGOS. 7D

El juez denunciado por dádivas que falló a favor del Grupo Clarín. El magistrado Casanello dispuso una serie de medidas de prueba en la causa. Aun así, el camarista amplió la cautelar del multimedios.

Dos veces lo recusó el gobierno y dos veces sus pares lo defendieron, pero el juez Francisco de las Carreras fue denunciado acusado de recibir dádivas del Grupo Clarín al aceptar que una organización integrada y financiada por empresas del multimedios pagase los gastos de un viaje a Miami y el alojamiento en un hotel cinco estrellas.

En las últimas horas, el juez Sebastián Casanello, del juzgado federal número 7 de la Capital le dio un fuerte impulso a la investigación penal contra el camarista y dispuso una batería de medidas procesales tendientes a comprobar su De las Carreras incurrió en el delito denunciado por el gobierno.

Sin embargo, ayer, De las Carreras fue uno de los dos camaristas que firmó la ampliación de la cautelar a favor del Grupo Clarín. En el fallo, De las Carreras sostuvo: "Me encuentro repuesto por mis pares en mi función natural de juez de esta causa. Advierto la necesidad de hacer conocer que guardo la debida imparcialidad inherente al ejercicio de la función jurisdiccional, conservo la tranquilidad de espíritu y la libertad de conciencia indispensables para impartir justicia".

Según revelaron fuentes judiciales, Casanello pidió informes al gobierno de los Estados Unidos, a la justicia uruguaya, a la Corte Suprema de la Nación, al Consejo de la Magistratura, a la Cámara Civil y Comercial, a la AFIP, a la Dirección de Migraciones, a la Inspección General de Justicia y a la empresa Copa Airlines, con el objetivo de conocer los movimientos de De las Carreras durante el desarrollo de la cumbre organizada por la organización CERTAL en mayo pasado.

El magistrado busca además conocer sus gastos con tarjetas de crédito, las licencias que tomó, si esas licencias involucraron a otros funcionarios o familiares, si efectivamente se alojó en el lujoso hotel The Biltmore y los vínculos de la entidad organizadora con la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, entre otros datos de relevancia para la investigación.

Como integrante de la Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal de la Capital, De las Carreras fue uno de los jueces que avaló la medida cautelar que el juez de primera instancia jubilado Edmundo Carbone había dictado en 2010 para suspender, a instancias del Grupo Clarín, los efectos de dos artículos clave de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.

Según detallaron las fuentes, Casanello ya solicitó todas las medidas de prueba sugeridas por el gobierno en la denuncia presentada por la Jefatura de Gabinete, lo que fue entendido como un reconocimiento de los argumentos que dan cuerpo a la acusación.

"Esperamos tres años, podemos esperar 20 días más"

Esperamos tres años, ¿qué son 20 días más? La resolución de dos de los integrantes de la Sala I de la Cámara en lo Civil y Comercial Federal extendiendo la cautelar al Grupo Clarín pospone algo que de todos modos es inexorable. La plena aplicación de la Ley de Medios de la Democracia es sólo cuestión de tiempo.

Que los camaristas le hayan regalado las tapas de hoy a Clarín y La Nación con títulos contrarios al 7D es, casi, una chiquilinada, un golpe de efecto que puede durar horas, tal vez días, acaso semanas. Es más difícil para los jueces involucrados en esta última maniobra dilatoria justificar las razones de su fallo, que hacerle entender a un chico de primaria que, en democracia, si una ley la envía el Ejecutivo, la vota el Legislativo y la valida la Corte Suprema de Justicia, es una ley constitucional, aplicable, con todos sus efectos. Lo único preocupante es que magistrados que deberían velar por el cumplimiento de las leyes consagran la desigualdad con absoluto desparpajo, desafiando a otros dos poderes del Estado, en alianza con grupos concentrados de la comunicación que quieren eludirla o burlarla.

El poder judicial debe ser independiente, también de los monopolios. La Corte Suprema de Justicia más prestigiosa de los últimos 29 años, impulsada por el kirchnerismo, no puede dejar de manifestarse en contra de las presiones y el lobby descarado del Grupo Clarín SA. No debe porque sería arrodillar a la República ante un monopolio. Y no puede hacerlo porque pondría al país en grave riesgo institucional. Tampoco pueden ceder a los caprichos de dos camaristas que desconocen el fallo de mayo pasado, donde los propios jueces supremos pusieron el 7D como fecha tope a las cautelares. Y, mucho menos, dejar que se viole el debido proceso: la recusación de dos representantes del Contencioso Administrativo no fue siquiera tratada. Acuciados por fallar antes del 7D, los que hoy hicieron feliz por unas horas a Héctor Magnetto se saltearon una instancia obligada. A veces, la urgencia produce errores como estos.

El Ejecutivo usará hoy el per saltum para que la Corte decida con la rapidez que ella misma le exigió por escrito a sus instancias inferiores. Mientras tanto, el juez de primera instancia, Horacio Alfonso, deberá expedirse sobre la cuestión de fondo, es decir, la constitucionalidad de los artículos 161 y 45 para el Grupo Clarín. Lo más probable es que los jueces supremos aguarden ese fallo para resolver este pleito, que parece eterno. Alfonso quizá lo haga hoy o dentro de un mes, nadie lo sabe.

Mientras tanto, los que apoyamos la Ley de Medios de la Democracia seguiremos festejando. El 7D no es hoy: comenzó hace tres años, cuando el Estado democrático decidió remplazar a la vieja ley de la dictadura cívico-militar, de la que Clarín fue partícipe y beneficiario directo, por una que garantizara la pluralidad de voces en democracia. Lo que sucedió ayer había sido anticipado por el ministro Julio Alak, el miércoles 5, en conferencia de prensa. No hay nada nuevo bajo el sol. Sólo la confirmación de que una corporación económica como Clarín hará todo lo que haga falta para evitar cumplir con una ley antimonopólica.
Que haya jueces que tengan debilidad por sus argumentos no sorprende. Antes había presidentes, diputados y senadores que también lo hacían. La diferencia es que eran mayoría. Ya no.

Antes lo hacían en las sombras. Hoy quedan expuestos al juicio de la opinión pública. La sensación es que cuando la Corte finalmente resuelva no podrá eludir su responsabilidad política e histórica. La gobernabilidad de un país es tarea de todos. También del máximo tribunal.

 POR: Roberto Caballero. INFONEWS.COM  / TIEMPO.INFONEWS.COM
ARREGLOS FOTOGRÀFICOS: ALBERTO CARRERA

LEY DE MEDIOS: INJUSTICIA - CLARIN EL DUELO DE PODERES EN EL QUE PERDEMOS TODOS!!!

EL GOBIERNO RECURRE DIRECTAMENTE AL MAXIMO TRIBUNAL PARA QUE REVEA EL FALLO QUE EXTIENDE LA CAUTELAR A FAVOR DEL GRUPO CLARIN.

La Cámara más cuestionada ahora cuestiona a la Corte. Después de rechazar ellos mismos la recusación presentada por el Gobierno, los dos jueces de la Cámara Civil respaldaron abiertamente la estrategia de los abogados de Clarín. El Gobierno aseguró que ese fallo “lesiona la democracia” y pedirá la intervención de la Corte.

EL JUEGO EN EL QUE PERDEMOS TODOS LOS ARGENTINOS Y GANA UN PRIVADO.......

En el punto más álgido de una pulseada feroz, a la que se subió la corporación judicial abiertamente, el Grupo Clarín consiguió una extensión de la medida cautelar gracias a la cual seguirá eximido de desinvertir y de adecuarse a los límites que fijó la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. El beneficio vencía hoy, 7 de diciembre, según había establecido la Corte Suprema en mayo último. Sin embargo, la Sala I de la Cámara en lo Civil y Comercial dispuso que siga vigente “hasta que se dicte la sentencia definitiva en la causa”. Es decir que caerá cuando el juez de primera instancia, Horacio Alfonso, defina la validez constitucional de los artículos de la norma que obligan a desprenderse de licencias de radio y televisión y que definen los parámetros de concentración de medios. El Gobierno planea presentarse ante el máximo tribunal y pedirle una intervención expeditiva, que no espere los tiempos de la burocracia judicial, y que –por “avocación” o per saltum– anule la decisión de los camaristas, ya que consideran que contradice el límite temporal para la cautelar señalado por los propios jueces supremos.

La Cámara argumentó que la situación cambió respecto de seis meses atrás, cuando se pronunció la Corte para advertir que no se deben prolongar las medidas cautelares indefinidamente porque se conviertan en sentencias anticipadas. Al día de hoy, señaló, una sentencia del juez Alfonso sobre la cuestión de fondo ya es inminente, porque lo exigen las directivas supremas. Para los camaristas, levantar la cautelar “cuando aún no está dirimida la impugnación constitucional” que planteó Clarín contra “la obligación de desinvertir (...) causaría un perjuicio irreparable” si la decisión final fuera favorable a la empresa, que se vería en la situación de tener que ceder parte de su patrimonio.

La decisión de la Autoridad Federal (Afsca) de recusar anteayer a la Cámara en lo Civil y Comercial en pleno recalentó el ambiente, que ya venía por demás caldeado. Ayer fue un día de nerviosismo, en tribunales y en el Gobierno. La Cámara se reunió a la mañana y lo primero que decidió fue desechar las recusaciones sin vueltas. También rechazó in limine el planteo de “revocatoria” de la Jefatura de Gabinete que cuestionaba la confirmación del camarista de Francisco de las Carreras para intervenir en el caso Clarín a pesar de que se lo investiga penalmente por presuntas dádivas. La denuncia del Poder Ejecutivo decía que había viajado a Miami, en pleno trámite de la causa, invitado a una cumbre organizada por una entidad (Certal) que nuclea a miembros del grupo empresario y tenía a Cablevisión entre sus auspiciantes.

La difusión, ayer al mediodía, de un comunicado de la Comisión de Protección de Independencia Judicial –que encabezan las juezas de la Corte Elena Highton de Nolasco y Carmen Argibay– junto con una lista de entidades representativas de jueces de todo el país que reivindicaba su “independencia”, fue el preámbulo o más bien el anuncio con respaldo incluido, de la resolución que se conocería un rato después y que extendió la medida cautelar a pedido de Clarín. El texto, que se anticipaba a las críticas negando un “interés corporativo”, pedía entre otras cosas al Poder Ejecutivo que evite el uso de “mecanismos directos o indirectos de presión sobre los jueces”, exhortaba a los medios a “promover el debate democrático de ideas” y –quizá con cierta ironía– pedía espacios para el Poder Judicial en la televisión. Pero no habla de las presiones del poder económico o las corporaciones empresarias.

El fallo de ayer, que apunta a dejar a Clarín al margen de un aspecto esencial de la ley de medios, que es el que apunta a evitar las prácticas antimonopólicas, fue firmado por el cuestionado De las Carreras y por la jueza María Susana Najurieta. En un parrafito a modo de introducción, De las Carreras aclaró que conserva “la tranquilidad de espíritu y la libertad de conciencia indispensables para impartir justicia bien y legalmente”. Ambos magistrados ya habían confirmado en dos ocasiones la medida cautelar a favor de Clarín, con alusiones a la preservación del “derecho de propiedad”. En mayo último, la Corte Suprema acortó el plazo para la medida que habían puesto los camaristas (y que llegaba hasta diciembre de 2013) y fijó el 7D, destacando la importancia de que haya una definición del debate de fondo. La sentencia decía que hasta el momento Clarín no había demostrado que se hubiera vulnerado algún derecho esencial, como la libertado de expresión, y que por esto el expediente aparecía como una cuestión de naturaleza meramente “patrimonial”. Un asunto patrimonial se puede recomponer a la larga con una reparación económica. La violación de un derecho básico, no.

El juez de primera instancia de entonces, Raúl Tettamanti, siguió la bajada de línea suprema y rechazó el pedido de Clarín, que no sólo pedía extender la cautelar, sino que planteaba hacerlo por doce meses. La Cámara no sólo discrepó sino que sus fundamentos transitan un aspecto que no venía planteado, ni hace a la discusión sobre la continuidad de una medida provisoria, pero que sí estuvo presente en el debate público: los jueces afirman repentinamente que aún no empezó a correr para el Grupo Clarín el plazo de un año para desinvertir fijado la ley, y que surge de uno de los artículos de la norma cuestionados, el 161. “La parte actora (el multimedios) no puede estar incursa en incumplimientos derivados de ese vencimiento, que no le es aplicable, y que no está expuesta por ende a sus consecuencias”, aclaran. Frente a esas afirmaciones queda la duda: ¿acaso no es una forma de adelantar opinión sobre una cuestión que aún no les ha tocado abordar?

La Cámara da aval a la teoría de Clarín de que, al borde del 7D, y ante su negativa a presentar un plan de desinversión, “se encuentra en riesgo inminente de ver afectados sus derechos de manera grave”. A la vez alega que “no cometió abusos” para dilatar la causa que, sin embargo, está hace tres años bajo los efectos de una cautelar. Según el tribunal, como hay un sentencia de fondo próxima y a su criterio “ha desa-parecido el riesgo” de que Clarín se beneficie con la cautelar, entonces “prorrogan” su vigencia “hasta que se dicte la sentencia definitiva en la causa, a fin de no alterar significativamente las circunstancias y asegurar la utilidad, oportunidad y eficacia” del futuro fallo. De esta manera, una vez que el juez Alfonso dicte sentencia, la cautelar caerá. Sin embargo, cualquier apelación diferirá su aplicación hasta que quede firme en otras instancias, lo que puede incluir la Corte.

El Gobierno anunció, a través del ministro de Justicia Julio Alak, que no permanecerá pasivo. Hoy mismo la Afsca y Jefatura de Gabinete se presentarán para que la Corte revise la decisión de la Cámara. Es factible que la presentación tenga formato de pedido de avocación a los jueces supremos, o de un per saltum que saltee instancias procesales, para que no haya que pasar por un recurso extraordinario o un recurso de queja ante el máximo tribunal, que pueden tener un trámite kafkiano, cercano al mes. Habrá que ver si el máximo tribunal se juega por evaluar una situación de gravedad institucional que habilite un análisis sobre lo que decidió la Cámara o si rechaza el pedido con algún tecnicismo. La apuesta de la Casa Rosada es mostrar que la Cámara desa-fió y contradijo las instrucciones de la Corte, que había pedido poner fin a las cautelares eternas que, a menudo, se convierten en herramientas para complicar desde los tribunales las decisiones de Gobierno.


POR: Irina Hauser. PAGINA12.COM.AR
ARREGLO FOTOGRÀFICO: ALBERTO CARRERA