Mientras que 38 países del continente todavía penalizan las relaciones entre miembros del mismo sexo, activistas de Uganda exigen la anulación de la ley «anti-gay», que contempla penas de hasta cadena perpetua.
Con un hilo de voz, Dennis Wamala reconoce tener miedo. Terror a, simplemente, ser como es. «En los últimos meses se están produciendo numerosos arrestos, la situación es muy complicada», asegura a ABC este ugandés que dirige IceBreakers, una asociación en defensa de los derechos de los homosexuales.
Su cruzada es capital: el pasado mes de febrero, el presidente ugandés, Yoweri Museveni, aprobaba una ley que contempla penas de hasta cadena perpetua a los homosexuales practicantes.
«Tenemos que proteger a los niños de la actual promoción que por parte de los medios de comunicación se hace de la homosexualidad, así como detener la financiación de los lobbies occidentales», asevera a este diario el diputado David Bahati, promotor de la ley. Para el parlamentario, es «necesario criminalizar unas prácticas antinaturales que tan solo corrompen a la sociedad». Esta semana, no obstante, una asociación de activistas -la Coalición de la Sociedad Civil de Derechos Humanos y Derecho Constitucional, que representa a cerca de 50 grupos-, presentó una petición para que la ley sea anulada.
En 2009, el propio Bahati, miembro del gobernante National Resistance Movement (Movimiento de Resistencia Nacional), había planteado una propuesta de ley para casos de «homosexualidad agravante» en la que pedía la pena de muerte. Finalmente fue «reducida» a cadena perpetua.
Solo un año después, en octubre de 2010, el semanario ugandés Rolling Stone -nada que ver con la publicación estadounidense- publicaba una lista de los 100 homosexuales a los que era «preciso colgar». Entre ellos se encontraba David Kato, un activista por la defensa de las minorías sexuales, quien sería asesinado.
«En los últimos tiempos, numerosos miembros del colectivo homosexual, así como sus familiares, han recibido amenazas de muerte, ante el pasotismo absoluto del Gobierno. De igual modo, se insta a la mayoría de ellos a que abandonen los negocios que regentan y se pide a los propietarios de los comercios locales que les niegan la venta de productos básicos», denunciaba recientemente a este periodista Julian Onziema, activista ugandés y compañero de organización de Kato.
Los intereses ocultos
La historia tiene, eso sí, numerosas implicaciones. En 2012, una investigación realizada por el «think tank» Political Research Associates denunciaba cómo grupos evangélicos se han embarcado en el continente africano en una campaña encaminada a fomentar ataques contra el colectivo homosexual.
Para Kapya Kaoma, sacerdote autor del informe, estas organizaciones (entre ellas, el American Center for Law and Justice y Family Watch International) pretenden fomentar la idea de que las relaciones entre miembros del mismo sexo no son intrínsecas a la cultura africana, sino que han sido impuestas por Occidente.
Y la falacia parece contagiarse. Recientemente, el presidente de Gambia, Yahya Jammeh, acusaba al colectivo gay de ser «alimañas» y aseguraba que su Gobierno se enfrentará a ellos de la misma manera que combate a los mosquitos de la malaria.
De igual modo, el mandatario (quien entre otras lindezas también asegura que puede curar el Sida) aseveró que su país «no aceptará ninguna amistad, ayuda o cualquier otro gesto (de otros Estados) que esté condicionado a que aceptemos a los homosexuales o la comunidad LGTB, tal y como los han bautizado los poderes que les promueven (…) Por lo que a mí respecta, LGTB significa lepra, gonorrea, bacterias y tuberculosis».
Tendencia regional
Según datos de la organización Amnistía Internacional, en la actualidad, 38 países del continente africano cuentan con leyes que penalizan las relaciones entre miembros del mismo sexo. De los cinco años de pena de cárcel en Senegal, a cuatro Estados -las 12 regiones musulmanas del norte de Nigeria, Somalia (excluyendo la zona de Somaliland), Mauritania y Sudán-, donde incluso se transita bajo pena de muerte.
Mientras, otros, pretenden endurecer su Código Penal. En enero, el presidente de Nigeria, Goodluck Jonathan, refrendaba una ley aprobada por el Parlamento en mayo, por la que las relaciones entre personas del mismo sexo serán castigadas con hasta 14 años de cárcel.
Al otro lado del continente, sus vecinos tampoco le andan a la zaga. En noviembre de 2010, el exprimer ministro de Kenia, Raila Odinga, ordenaba el arresto de todas las parejas homosexuales, ya que su comportamiento resultaba a todos visos «antinatural». A su vez, Odinga («rebautizado» un año antes por el pastor evangélico David Owuor de la National Repentance and Holiness Ministry) reconocía que el reciente censo realizado en el país demostraba que la población está perfectamente dividida en hombres y mujeres, por lo que «no hay necesidad de este colectivo». No en vano, según establece el Código Penal del país africano (artículos del 162 al 165), las prácticas amatorias con el mismo sexo pueden ser castigadas hasta con 14 años de cárcel.
«No entiendo la actual persecución», asegura el ugandés Dennis Wamala. «En el caso de Uganda, la motivación es religiosa. En Nigeria, política. No hay ninguno sentido o nexo común en las medidas tomadas por estos estos países», añade.
Entretanto, Wamala continuará viviendo entre miedos y temores. Su vida depende de ello.
Por: EDUARDO S. MOLANO - ABC.ES
Fotografías: Agencia EFE - Web
Arreglos: Alberto Carrera
