CRISTINA FERNANDEZ DE KIRCHNER ANUNCIO QUE SE ENVIARA AL CONGRESO UN PROYECTO PARA ABRIR EL CANJE POR TERCERA VEZ.
Medidas para dejar con hambre a los buitres. Busca dejar en claro que no discrimina a los buitres, pero al mismo tiempo reiteró que no cederá a sus reclamos. Además, a los que entraron a los canjes anteriores les ofrece reemplazar sus títulos por otros que se abonarán en Buenos Aires para evitar embargos.
Medidas para dejar con hambre a los buitres. Busca dejar en claro que no discrimina a los buitres, pero al mismo tiempo reiteró que no cederá a sus reclamos. Además, a los que entraron a los canjes anteriores les ofrece reemplazar sus títulos por otros que se abonarán en Buenos Aires para evitar embargos.
Cristina Fernández de Kirchner anunció ayer que enviará un proyecto de ley al Congreso para abrir el canje de deuda por tercera vez y que el siete por ciento de los bonistas que nunca ingresó tenga las mismas posibilidades que el resto. Además, le ofrecerá al 93 por ciento que entró a los canjes anteriores la posibilidad de reemplazar sus títulos por unos nuevos en la misma moneda, monto, plazo y tasa, pero que se abonarán en Buenos Aires para dar una garantía adicional. De este modo, el Gobierno deja en claro que no les pagará a los fondos buitre el ciento por ciento de lo que reclaman y busca evitar que la reestructuración de la deuda se caiga en caso de que quede firme el fallo del juez de Estados Unidos Thomas Griesa, que ordenó cumplir con lo que reclaman los buitres. Ambas medidas son a su vez un mensaje para la Corte Suprema de ese país, la cual debe decidir si revisa el dictamen de Griesa, ratificado por la Cámara de Apelaciones de Nueva York. “La decisión que hemos tomado es pedirle a Dios que ilumine a la Corte Suprema de Estados Unidos porque estaríamos ante un caso que no sólo tiraría abajo una de las reestructuraciones de deuda más importantes de las que se tenga memoria, sino que también invalidaría otras reestructuraciones de deuda”, aseguró la Presidenta.
El anuncio es en respuesta a la decisión de la Cámara de Nueva York que el viernes respaldó a Griesa, aunque dejó en suspenso la ejecución del fallo hasta que el máximo tribunal decida si acepta o no la apelación del gobierno argentino. Cristina Fernández de Kirchner comunicó las novedades a las 19.30 por cadena nacional durante un discurso de media hora, en el que además reivindicó la reestructuración que encaró el gobierno de Néstor Kirchner para hacer sustentable la deuda y buscó dejar en claro la voluntad de pago, al recordar que desde 2003 a la fecha el país desembolsó la friolera de 173.733 millones de dólares para hacer frente a sus compromisos financieros.
De ese total, 41.044 millones de dólares correspondieron a cancelaciones intra sector público, 81.487 millones se le abonaron al sector privado extranjero y nacional y 51.201 millones a organismos multilaterales, como el Fondo Monetario Internacional. “Más que deudores recalcitrantes somos pagadores seriales”, aseguró la Presidenta, en respuesta a los tres jueces de la Cámara de Apelaciones de Nueva York que en su fallo del viernes calificaron a la Argentina como un “deudor recalcitrante”.
“Creo que así como fuimos el país que entró en el Guinness por ser la deuda soberana más importante que se ha defaulteado, creo que también debemos estar en el Guinness de los países que más han pagado. Por eso me parece importante que todos los argentinos sepamos el esfuerzo que hemos hecho y que también el mundo tome conocimiento”, resaltó la Presidenta. Luego recordó que el 12 de septiembre se van a pagar 2000 millones de dólares del Bonar VII y sostuvo que a partir de ese momento la deuda en moneda extranjera pasará a representar apenas el 8,3 por ciento del PBI.
Además de recordar lo que se pagó de deuda, Cristina Fernández de Kirchner destacó que fue con recursos genuinos, ya que Argentina no accedió al mercado de capitales durante la década kirchnerista. “Nuestro gobierno es un pagador serial, pero no es un endeudador serial porque la deuda se tomó durante otras gestiones y se defaulteó durante otras gestiones”, agregó.
Después de reivindicar lo hecho en materia financiera durante la última década, la Presidenta sostuvo que el fallo judicial de Griesa, que pone en riesgo la reestructuración, recién podría quedar firme el año próximo o en 2015, pero anunció que ahora impulsarán la reapertura del canje y la oferta para que los que canjearon sus bonos defaulteados en el pasado puedan reemplazarlos por otros con legislación argentina y cobrar a través de la Caja de Valores. “No podemos tener como país una espada de Damocles sobre nuestro cuello y esperar a que en cualquier momento alguien tome una decisión y se caigan los canjes de 2005 y 2010 y el país vuelva al 2001. Esto es lo único que no vamos a permitir. No por lo menos mientras yo sea presidenta”, dijo para justificar los anuncios.
En lo que respecta a la reapertura del canje, la consultora Econométrica estimó que si el 7 por ciento que no ingresó antes lo hiciera ahora, los 11.200 millones de dólares que reclaman se reducirían a 4200 millones, aunque el objetivo del Gobierno no es seducir a ese núcleo duro que hasta ahora se negó a negociar una quita sino simplemente volver a ofrecerle lo mismo que al resto para demostrar que no los discrimina. Es la propuesta que ya le hizo a la Cámara de Apelaciones de Nueva York el 29 de marzo y que ese tribunal no tomó en cuenta.
Además de dejar en claro que no discrima a los buitres, el Gobierno buscó remarcar que son una expresión muy minoritaria dentro del conjunto de los acreedores. La Presidenta recordó que los que no aceptaron los canjes son el 7 por ciento del total, pero los que obtuvieron el fallo a favor en el juzgado de Griesa son sólo el 0,45 por ciento. También dijo que esos fondos no tenían los títulos cuando Argentina defaulteó sino que los compraron en 2008 a precio de remate. “Si se hace lugar a lo que ellos pretenden, la ganancia en dólares que obtendrían sería de algo más del 1300 por ciento”, recalcó.
La Presidenta sostuvo que si se les da la razón a los fondos buitre que litigan en Nueva York, no sólo se afectará la reestructuración que concretó Argentina sino que se dificultarán las futuras reestructuraciones de deuda a nivel mundial. “No en vano se han presentado ante el tribunal numerosos amicus curiae, que no son precisamente amigos de Argentina. Basta recordar a la ex directora del FMI, Anne Krueger”, sostuvo Cristina Fernández de Kirchner.
El discurso presidencial buscó llevarle tranquilidad al conjunto de los argentinos y a los tenedores de títulos públicos, al mismo tiempo que interpeló a la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos, la última y tenue esperanza del Gobierno en la batalla judicial que mantiene con los buitres. “Hago un llamado a la razonabilidad y al sentido común. No puede ser que un 0,45 por ciento que adquirió bonos pueda poner en jaque al 93 por ciento de los acredores y fundamentalmente las posibilidades de seguir creciendo en la Argentina. Por este motivo, quería comunicarme con el conjunto del pueblo y con quienes han creído en el país para que sigan haciéndolo porque estamos al frente de la nave y la vamos a conducir a buen puerto. Tenemos fuertes esperanzas de que el sentido común impere sobre el lobby formidable que hemos visto en estos días, en donde un 0,45 por ciento se puede imponer sobre la voluntad de otro 93 por ciento. Esto afecta la igualdad, la equidad y la seguridad jurídica”, concluyó.
El anuncio es en respuesta a la decisión de la Cámara de Nueva York que el viernes respaldó a Griesa, aunque dejó en suspenso la ejecución del fallo hasta que el máximo tribunal decida si acepta o no la apelación del gobierno argentino. Cristina Fernández de Kirchner comunicó las novedades a las 19.30 por cadena nacional durante un discurso de media hora, en el que además reivindicó la reestructuración que encaró el gobierno de Néstor Kirchner para hacer sustentable la deuda y buscó dejar en claro la voluntad de pago, al recordar que desde 2003 a la fecha el país desembolsó la friolera de 173.733 millones de dólares para hacer frente a sus compromisos financieros.
De ese total, 41.044 millones de dólares correspondieron a cancelaciones intra sector público, 81.487 millones se le abonaron al sector privado extranjero y nacional y 51.201 millones a organismos multilaterales, como el Fondo Monetario Internacional. “Más que deudores recalcitrantes somos pagadores seriales”, aseguró la Presidenta, en respuesta a los tres jueces de la Cámara de Apelaciones de Nueva York que en su fallo del viernes calificaron a la Argentina como un “deudor recalcitrante”.
“Creo que así como fuimos el país que entró en el Guinness por ser la deuda soberana más importante que se ha defaulteado, creo que también debemos estar en el Guinness de los países que más han pagado. Por eso me parece importante que todos los argentinos sepamos el esfuerzo que hemos hecho y que también el mundo tome conocimiento”, resaltó la Presidenta. Luego recordó que el 12 de septiembre se van a pagar 2000 millones de dólares del Bonar VII y sostuvo que a partir de ese momento la deuda en moneda extranjera pasará a representar apenas el 8,3 por ciento del PBI.
Además de recordar lo que se pagó de deuda, Cristina Fernández de Kirchner destacó que fue con recursos genuinos, ya que Argentina no accedió al mercado de capitales durante la década kirchnerista. “Nuestro gobierno es un pagador serial, pero no es un endeudador serial porque la deuda se tomó durante otras gestiones y se defaulteó durante otras gestiones”, agregó.
Después de reivindicar lo hecho en materia financiera durante la última década, la Presidenta sostuvo que el fallo judicial de Griesa, que pone en riesgo la reestructuración, recién podría quedar firme el año próximo o en 2015, pero anunció que ahora impulsarán la reapertura del canje y la oferta para que los que canjearon sus bonos defaulteados en el pasado puedan reemplazarlos por otros con legislación argentina y cobrar a través de la Caja de Valores. “No podemos tener como país una espada de Damocles sobre nuestro cuello y esperar a que en cualquier momento alguien tome una decisión y se caigan los canjes de 2005 y 2010 y el país vuelva al 2001. Esto es lo único que no vamos a permitir. No por lo menos mientras yo sea presidenta”, dijo para justificar los anuncios.
En lo que respecta a la reapertura del canje, la consultora Econométrica estimó que si el 7 por ciento que no ingresó antes lo hiciera ahora, los 11.200 millones de dólares que reclaman se reducirían a 4200 millones, aunque el objetivo del Gobierno no es seducir a ese núcleo duro que hasta ahora se negó a negociar una quita sino simplemente volver a ofrecerle lo mismo que al resto para demostrar que no los discrimina. Es la propuesta que ya le hizo a la Cámara de Apelaciones de Nueva York el 29 de marzo y que ese tribunal no tomó en cuenta.
Además de dejar en claro que no discrima a los buitres, el Gobierno buscó remarcar que son una expresión muy minoritaria dentro del conjunto de los acreedores. La Presidenta recordó que los que no aceptaron los canjes son el 7 por ciento del total, pero los que obtuvieron el fallo a favor en el juzgado de Griesa son sólo el 0,45 por ciento. También dijo que esos fondos no tenían los títulos cuando Argentina defaulteó sino que los compraron en 2008 a precio de remate. “Si se hace lugar a lo que ellos pretenden, la ganancia en dólares que obtendrían sería de algo más del 1300 por ciento”, recalcó.
La Presidenta sostuvo que si se les da la razón a los fondos buitre que litigan en Nueva York, no sólo se afectará la reestructuración que concretó Argentina sino que se dificultarán las futuras reestructuraciones de deuda a nivel mundial. “No en vano se han presentado ante el tribunal numerosos amicus curiae, que no son precisamente amigos de Argentina. Basta recordar a la ex directora del FMI, Anne Krueger”, sostuvo Cristina Fernández de Kirchner.
El discurso presidencial buscó llevarle tranquilidad al conjunto de los argentinos y a los tenedores de títulos públicos, al mismo tiempo que interpeló a la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos, la última y tenue esperanza del Gobierno en la batalla judicial que mantiene con los buitres. “Hago un llamado a la razonabilidad y al sentido común. No puede ser que un 0,45 por ciento que adquirió bonos pueda poner en jaque al 93 por ciento de los acredores y fundamentalmente las posibilidades de seguir creciendo en la Argentina. Por este motivo, quería comunicarme con el conjunto del pueblo y con quienes han creído en el país para que sigan haciéndolo porque estamos al frente de la nave y la vamos a conducir a buen puerto. Tenemos fuertes esperanzas de que el sentido común impere sobre el lobby formidable que hemos visto en estos días, en donde un 0,45 por ciento se puede imponer sobre la voluntad de otro 93 por ciento. Esto afecta la igualdad, la equidad y la seguridad jurídica”, concluyó.
Carroñeros
Los fondos financieros de alta especulación dedicados a cobrar vía la acción en tribunales amigos, como el de Thomas Griesa y el de la cámara de apelaciones del segundo circuito de Manhattan, denominados buitres en la consideración internacional, no son protagonistas ingenuos de la globalización del capital, ni acreedores de buena voluntad ni actores interesados en participar del juego del mercado de deuda, espacio donde se gana y se pierde con apuestas más o menos arriesgadas con el sube y baja de las cotizaciones. A esos fondos no les interesa ser parte de las reglas del negocio de bonos soberanos, donde interviene la oferta y la demanda, sino que el método para contabilizar ganancias fabulosas es hacer juicios a acreedores vulnerables. Los adoradores del libre mercado, que exponen al bursátil como el paradigma de la concurrencia de diferentes operadores para la definición del precio de equilibrio de los activos, quedan descolocados con los carroñeros de las finanzas. Los buitres no pretenden cobrar por mecanismos del mercado de deuda, sino por vía judicial. Son grupos con mucho poder construido desde su riqueza financiera, utilizada para pagar las cuentas de organizaciones de lobby y ganar el apoyo de congresistas republicanos y demócratas con aportes para campañas electorales. También les sirve para obtener sentencias de amigables jueces de Nueva York. Es tan notable esa comunión de intereses que Argentina está peleando en diferentes tribunales de potencias económicas contra esos fondos, en casi todos con éxito, salvo en el de Nueva York.
La apuesta de los buitres sobre la Argentina es una de las más audaces luego de la realizada en Rusia durante las privatizaciones de los ’90. El fondo buitre de Kenneth Dart había adquirido porcentajes de empresas petroleras, de telefonía y electricidad rusas especulando con elevadas ganancias en los anunciados procesos de reestructuración de pasivos y fusiones. No le fue sencillo a Dart en los litigios y disputas por el control de las compañías, porque en Rusia no regían las leyes contractuales anglosajonas, sino las de la mafia rusa, que envió mensajes contundentes para que el millonario estadounidense radicado en el paraíso fiscal de las islas Caimán disminuyera sus ambiciones. Lo hizo, aunque igual contabilizó utilidades importantes.
Los buitres, además de posar sus garras en una presa grande (Argentina), han estado atacando países pobres de Africa. Las víctimas de sus estrategias judiciales fueron la República Democrática del Congo, el Congo Braseville, Liberia, Zambia. Compraron deuda pública de esos países a precio muy bajo esperando que organismos internacionales de ayuda para combatir la pobreza o potencias económicas cancelaran la deuda o concedieran financiamiento para el desarrollo para exigir ante la Justicia el cobro de esos bonos. Dinero destinado a países muy pobres terminó en las cuentas de fondos buitre. Uno de esos casos data de septiembre de 2004, cuando el buitre FG Hemisphere Fund demandó a la República Democrática de Congo por 105 millones de dólares de un préstamo original de 30 millones de dólares contraído en 1980, cuando gobernaba el dictador Mobutu Sese Seko. Un tribunal de Sudáfrica sentenció en 2008 que FG Hemisphere podía cobrar de los pagos que Sudáfrica realizaba por la compra de electricidad a la República Democrática de Congo.
Según la ONG Jubilee Debt Campaing, al menos 54 fondos buitre, la mayoría radicados en paraísos fiscales, han iniciado procesos legales en los últimos años contra doce de los países más pobres del mundo, por un monto total de 1500 millones de dólares. El Banco Africano de Desarrollo ofrece asistencia jurídica a esas naciones.
Los países atacados por los buitres tratan de defender su soberanía y finanzas. Es lo que hace la Argentina. Se defiende en los juicios (obtuvo fallos favorables en casi treinta litigios), busca apoyo de naciones amigas y de la mayoría de los grandes acreedores y recibe el respaldo discursivo de países y organismos internacionales pese a que no simpatizan con la orientación de la política económica (Estados Unidos y el FMI expresaron una posición crítica sobre los buitres). También diseña una estrategia financiera como la presentada ayer para no convalidar la injusticia de privilegiar a los buitres sobre el resto de los acreedores.
Los fondos financieros de alta especulación dedicados a cobrar vía la acción en tribunales amigos, como el de Thomas Griesa y el de la cámara de apelaciones del segundo circuito de Manhattan, denominados buitres en la consideración internacional, no son protagonistas ingenuos de la globalización del capital, ni acreedores de buena voluntad ni actores interesados en participar del juego del mercado de deuda, espacio donde se gana y se pierde con apuestas más o menos arriesgadas con el sube y baja de las cotizaciones. A esos fondos no les interesa ser parte de las reglas del negocio de bonos soberanos, donde interviene la oferta y la demanda, sino que el método para contabilizar ganancias fabulosas es hacer juicios a acreedores vulnerables. Los adoradores del libre mercado, que exponen al bursátil como el paradigma de la concurrencia de diferentes operadores para la definición del precio de equilibrio de los activos, quedan descolocados con los carroñeros de las finanzas. Los buitres no pretenden cobrar por mecanismos del mercado de deuda, sino por vía judicial. Son grupos con mucho poder construido desde su riqueza financiera, utilizada para pagar las cuentas de organizaciones de lobby y ganar el apoyo de congresistas republicanos y demócratas con aportes para campañas electorales. También les sirve para obtener sentencias de amigables jueces de Nueva York. Es tan notable esa comunión de intereses que Argentina está peleando en diferentes tribunales de potencias económicas contra esos fondos, en casi todos con éxito, salvo en el de Nueva York.
La apuesta de los buitres sobre la Argentina es una de las más audaces luego de la realizada en Rusia durante las privatizaciones de los ’90. El fondo buitre de Kenneth Dart había adquirido porcentajes de empresas petroleras, de telefonía y electricidad rusas especulando con elevadas ganancias en los anunciados procesos de reestructuración de pasivos y fusiones. No le fue sencillo a Dart en los litigios y disputas por el control de las compañías, porque en Rusia no regían las leyes contractuales anglosajonas, sino las de la mafia rusa, que envió mensajes contundentes para que el millonario estadounidense radicado en el paraíso fiscal de las islas Caimán disminuyera sus ambiciones. Lo hizo, aunque igual contabilizó utilidades importantes.
Los buitres, además de posar sus garras en una presa grande (Argentina), han estado atacando países pobres de Africa. Las víctimas de sus estrategias judiciales fueron la República Democrática del Congo, el Congo Braseville, Liberia, Zambia. Compraron deuda pública de esos países a precio muy bajo esperando que organismos internacionales de ayuda para combatir la pobreza o potencias económicas cancelaran la deuda o concedieran financiamiento para el desarrollo para exigir ante la Justicia el cobro de esos bonos. Dinero destinado a países muy pobres terminó en las cuentas de fondos buitre. Uno de esos casos data de septiembre de 2004, cuando el buitre FG Hemisphere Fund demandó a la República Democrática de Congo por 105 millones de dólares de un préstamo original de 30 millones de dólares contraído en 1980, cuando gobernaba el dictador Mobutu Sese Seko. Un tribunal de Sudáfrica sentenció en 2008 que FG Hemisphere podía cobrar de los pagos que Sudáfrica realizaba por la compra de electricidad a la República Democrática de Congo.
Según la ONG Jubilee Debt Campaing, al menos 54 fondos buitre, la mayoría radicados en paraísos fiscales, han iniciado procesos legales en los últimos años contra doce de los países más pobres del mundo, por un monto total de 1500 millones de dólares. El Banco Africano de Desarrollo ofrece asistencia jurídica a esas naciones.
Los países atacados por los buitres tratan de defender su soberanía y finanzas. Es lo que hace la Argentina. Se defiende en los juicios (obtuvo fallos favorables en casi treinta litigios), busca apoyo de naciones amigas y de la mayoría de los grandes acreedores y recibe el respaldo discursivo de países y organismos internacionales pese a que no simpatizan con la orientación de la política económica (Estados Unidos y el FMI expresaron una posición crítica sobre los buitres). También diseña una estrategia financiera como la presentada ayer para no convalidar la injusticia de privilegiar a los buitres sobre el resto de los acreedores.
LAS OPCIONES QUE PRESENTO EL GOBIERNO FRENTE AL FALLO DEL VIERNES.
Las claves de los anuncios
La reapertura del canje es un gesto hacia la Corte Suprema de Estados Unidos para que revea la decisión de la Corte de Nueva York. La operación no tendría fecha de vencimiento. El cambio de bonos para pagar en el país busca dar una garantía a los acreedores.
El Gobierno tomó ayer dos medidas para enfrentar el reciente revés en la disputa que mantiene con los fondos buitre en Estados Unidos. Anunció que mañana enviará un proyecto de ley al Congreso para reabrir el canje de deuda y habilitó la posibilidad de cambiar voluntariamente los bonos del canje regidos por legislaciones extranjeras –Estados Unidos, Inglaterra y Japón– por otros títulos. Esos nuevos papeles serán emitidos con ley local y pagados en las mismas condiciones a través de la Caja de Valores en Buenos Aires. Los que decidan hacer el cambio, explican en el equipo económico, tendrán una garantía adicional de pago.
La reapertura del canje representa un guiño de “buena voluntad” a la Corte Suprema de Estados Unidos, que debe decidir si acepta o no analizar la apelación que hará la Argentina a fines de noviembre. Lo central no es lograr que ingrese el 7,6 por ciento de los acreedores, en su mayoría buitres que por su naturaleza “carroñera” rechazan participar y buscan cobrar el ciento por ciento de sus acreencias. El objetivo es enviar una señal al máximo tribunal norteamericano, que debe decidir si toma o no el caso. Según pudo saber Página/12, anoche el equipo económico trabajaba en los detalles de la oferta y existía la posibilidad de que la operatoria no tenga fecha de cierre.
La otra medida, la posibilidad de cambiar los bonos con legislación extranjera por otros en las mismas condiciones con legislación local, busca poner a disposición de una cifra cercana al 30 por ciento de los acreedores que sí reestructuraron sus títulos una garantía de pago adicional. El 30 por ciento son los bonos regidos por legislación de Estados Unidos, Japón e Inglaterra. Para eso, no hace falta enviar una ley al Congreso, ni ofrecerles mejores condiciones de tasas. Los nuevos títulos tendrán los mismos plazos y rendimientos que los actuales, sólo que sus pagos serán canalizados a través de un fiduciario distinto del actual (la Caja de Valores). Desde el Ministerio de Economía explican que la opción puede ser atractiva, ya que permitirá a quienes accedan a cambiar sus bonos aislarse de cualquier decisión judicial norteamericana y garantizarse cobrar los pagos correspondientes en la Argentina.
Las claves de los anuncios
La reapertura del canje es un gesto hacia la Corte Suprema de Estados Unidos para que revea la decisión de la Corte de Nueva York. La operación no tendría fecha de vencimiento. El cambio de bonos para pagar en el país busca dar una garantía a los acreedores.
El Gobierno tomó ayer dos medidas para enfrentar el reciente revés en la disputa que mantiene con los fondos buitre en Estados Unidos. Anunció que mañana enviará un proyecto de ley al Congreso para reabrir el canje de deuda y habilitó la posibilidad de cambiar voluntariamente los bonos del canje regidos por legislaciones extranjeras –Estados Unidos, Inglaterra y Japón– por otros títulos. Esos nuevos papeles serán emitidos con ley local y pagados en las mismas condiciones a través de la Caja de Valores en Buenos Aires. Los que decidan hacer el cambio, explican en el equipo económico, tendrán una garantía adicional de pago.
La reapertura del canje representa un guiño de “buena voluntad” a la Corte Suprema de Estados Unidos, que debe decidir si acepta o no analizar la apelación que hará la Argentina a fines de noviembre. Lo central no es lograr que ingrese el 7,6 por ciento de los acreedores, en su mayoría buitres que por su naturaleza “carroñera” rechazan participar y buscan cobrar el ciento por ciento de sus acreencias. El objetivo es enviar una señal al máximo tribunal norteamericano, que debe decidir si toma o no el caso. Según pudo saber Página/12, anoche el equipo económico trabajaba en los detalles de la oferta y existía la posibilidad de que la operatoria no tenga fecha de cierre.
La otra medida, la posibilidad de cambiar los bonos con legislación extranjera por otros en las mismas condiciones con legislación local, busca poner a disposición de una cifra cercana al 30 por ciento de los acreedores que sí reestructuraron sus títulos una garantía de pago adicional. El 30 por ciento son los bonos regidos por legislación de Estados Unidos, Japón e Inglaterra. Para eso, no hace falta enviar una ley al Congreso, ni ofrecerles mejores condiciones de tasas. Los nuevos títulos tendrán los mismos plazos y rendimientos que los actuales, sólo que sus pagos serán canalizados a través de un fiduciario distinto del actual (la Caja de Valores). Desde el Ministerio de Economía explican que la opción puede ser atractiva, ya que permitirá a quienes accedan a cambiar sus bonos aislarse de cualquier decisión judicial norteamericana y garantizarse cobrar los pagos correspondientes en la Argentina.
Un nuevo canje
La reapertura del canje fue una opción que Argentina puso sobre la mesa en diciembre pasado, antes del fallo de la Corte de Nueva York. Aunque el último viernes este tribunal lo desestimó, el Gobierno decidió reforzar su apuesta judicial. La posibilidad de que el tema sea discutido por el máximo tribunal es baja. No obstante, en el equipo económico entienden que mejoran sus chances si, en el caso de aceptarlo, la Corte Suprema cuenta ya no con una “promesa” sino con el canje disponible.
El proyecto para suspender la ley cerrojo ingresará mañana al Congreso. La oferta, cuando se realice, presentará las mismas condiciones de quita, reducción de intereses y extensión de plazos para el pago que existieron en el segundo canje de 2010. Este diario pudo saber que la opción permanecería abierta de forma indefinida, a diferencia de los canjes anteriores, que tuvieron un plazo acotado para la adhesión.
Cambio voluntario
Para eludir cualquier contratiempo legal, el país ofrece a quienes tienen bonos del canje emitidos bajo legislación extranjera cambiarlos por títulos “idénticos” aunque regidos por la ley argentina. El objetivo es que sigan cobrando frente a un eventual fallo negativo en Estados Unidos. Si la sentencia queda firme, el actual agente de pago –Bank of New York– no podría canalizar los fondos.
En el hipotético caso de que todos los acreedores accedan al cambio, el país se vería liberado de atravesar una situación de “default técnico”. Mientras no exista una decisión de la Corte Suprema, la mayoría de los acreedores no tendría incentivos para cambiar sus títulos con urgencia.
El éxito de la operación, explican desde el equipo económico, no está sujeto a lograr niveles de adhesión que garanticen la participación de todos los acreedores. Para cambiar un aspecto de las condiciones de pago –lugar o plazo– y mantener el título original sería necesario que accedan a cambiar sus papeles entre el 65 y el 85 por ciento de los bonistas. Sin embargo, desde Economía explican que ésta es una operación diferente que implica cambiar por papeles nuevos los bonos actuales y que quienes deseen seguir recibiendo sus pagos a través del Bank of New York podrán hacerlo. Por eso, la posibilidad operará como una garantía adicional de pago que estará vigente inclusive cuando la definición del litigio sea negativa.
Se trata de un proceso técnicamente sencillo, pero que no será fácil difundir entre los inversores minoristas. A favor de su proposición, en el Palacio de Hacienda advierten que la legislación argentina no es rechazada por los inversores extranjeros: el 70 por ciento del Bonar VII y el 80 por ciento del Boden 15, dos activos emitidos bajo ley local, están en manos de fondos del exterior.
POR: Fernando Krakowiak - Alfredo Zaiat - Tomás Lukin
PAGINA12.COM.AR
FOTOGRAFÌAS: WEB
ARREGLOS: ALBERTO CARRERA
