LA MARCHA DEL ORGULLO GAY, EN RIESGO PORQUE EL GOBIERNO PORTEÑO NO OFRECE GARANTÍAS PARA LA SEGURIDAD
“Buscan asustar a las organizaciones sociales” Los organizadores denunciaron que Macri los obliga a ejercer el poder de policía en el acto y los responsabiliza por la seguridad de las miles de personas que asisten. Sostienen que la medida es anticonstitucional y que afecta la libertad de expresión.
La comisión organizadora de la Marcha del Orgullo Gay advirtió que peligra su realización porque el gobierno de Mauricio Macri, para autorizarla, pone como condición que los organizadores se hagan cargo de la seguridad de los concurrentes y los peatones que eventualmente pasen por el lugar. Esta pretensión de delegar el poder de policía en las organizaciones sociales fue rechazada por el colectivo que convoca a la manifestación, que reclamaron al Estado porteño que asuma sus responsabilidades de brindar seguridad y garantizar la libertad de expresión. Además, alertaron sobre un antecedente concreto: la Justicia condenó a la Comunidad Homosexual Argentina (CHA) a pagar una indemnización de medio millón de pesos porque una persona que se acercó a un acto que realizaron en la Reserva Ecológica fue atacada por un tercero, ajeno a la concentración.
La Marcha del Orgullo Gay, Bisexual, Travesti, Transexual, Transgénero, Intersexual y Queer tiene 23 años de historia y es un acto emblemático de la democracia. En cada edición, miles de personas se congregan en la Plaza de Mayo, frente a la Casa Rosada, para caminar hasta la Plaza del Congreso.
“Todavía no tenemos la autorización. Lo que nos está diciendo el gobierno de Macri es que la comisión organizadora debe asumir el poder de policía y en consecuencia debe actuar para prevenir delitos. Es inaudito, porque una cosa es ser responsables si alguien se cae del escenario y otra es si una persona es lastimada en la plaza porque le quisieron robar. Al querer hacernos responsables de la seguridad, nos obliga a actuar como si fuéramos policías. Esto es algo que no queremos, pero además que resultaría ilegal”, planteó Marcelo Suntheim, de la CHA.
Los organizadores de la marcha remarcaron que la condición puesta por el macrismo “no tiene sustento legal, ya que viola un principio constitucional que dice que el deber del Estado de dar seguridad es indelegable”. Por otra parte, la medida es un aval tácito a la justicia por mano propia. “En los hechos, es permitir la creación de un grupo parapolicial”, apuntó Suntheim.
El dirigente insistió en el ejemplo de un robo para dar una idea de lo que está en juego: “Supongamos que mientras se realiza la marcha, en la zona por donde pasamos, alguien trata de robarle la cartera a una señora, la empuja y la fractura. Nos acusarían por no haber actuado como si fuésemos policías, evitando el robo”.
Para el dirigente, la intención del macrismo es “asustar, amedrentar a las organizaciones sociales para que no se manifiesten en el espacio público”. La condición puesta por el gobierno porteño no es nueva, sino que viene desde los comienzos de la gestión PRO. Si se denuncia recién ahora es porque nadie la había tomado demasiado en serio hasta que la Justicia condenó a la CHA a pagar una indemnización de cerca de medio millón de pesos por una agresión que sufrió una persona en Puerto Madero, mientras estaba en la zona donde se realizaba una actividad de la campaña Stop-Sida. Es decir, durante un evento de interés público realizado en un espacio público.
Ocurrió el 15 de enero de 2005. La actividad organizada por la CHA en el anfiteatro del Parque Micaela Bastidas consistió en el reparto de material informativo sobre la prevención en salud, mientras un Dj pasaba música. La gente de la CHA no recibió ninguna denuncia ni pedido de ayuda sobre ningún hecho violento, pero días más tarde fue notificada de que había sido denunciada ante la Justicia por un hombre que dijo haber sido atacado por un tercero en la vereda, y que también responsabilizó al gobierno porteño, la Prefectura y la Policía Federal.
El denunciante dijo que paseaba por Puerto Madero con amigos cuando escuchó música y se acercaron, que a unos metros vio a una persona sobre el piso y quiso ayudarla, pero antes de llegar sintió un fuerte golpe en la cabeza y quedó inconsciente. Sus amigos lo llevaron al puesto de la Prefectura. El denunciante dijo que no vio policías en el lugar y que sus amigos no encontraron a los organizadores del evento. Una vez recuperado, inició una demanda por daños.
El juez Enrique Lavié Pico condenó en primera instancia al Gobierno de la Ciudad –“porque el deber de seguridad es indelegable”– y también a la CHA, con el argumento de que era responsable como organizadora del evento. Este fallo fue apelado y a mediados de octubre la Sala II de Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal exculpó al gobierno porteño y responsabilizó exclusivamente a la CHA, y le fijó como condena el pago de una indemnización de 450 mil pesos. El caso está actualmente con un recurso de queja en la Corte Suprema.
Una consecuencia directa del requisito puesto por el macrismo para las manifestaciones de las organizaciones sociales –a las que se trata como si fueran empresas organizando un espectáculo comercial, en un espacio privado– es que sólo aquellas que cuenten con fondos podrán hacer actos públicos. En principio, porque para cubrirse deberán contratar un seguro de responsabilidad civil que las cubra ante eventuales juicios de cualquier peatón que sufra un daño en la zona, más allá de que quien se lo haya provocado no tenga nada que ver con los manifestantes. Desde la CHA apuntan que “si bien la ley ordena comprar un seguro de responsabilidad civil, sus alcances están limitados a lo que suceda arriba del escenario. Es decir que hay que tener cuatro o cinco mil pesos para poder manifestarse, y encima no quedás cubierto”, señaló Suntheim.
En un comunicado de prensa, las 30 organizaciones convocantes de la marcha denunciaron por esto que este año su realización peligra. La movilización estaba prevista para el 15 de noviembre, “pero no están dadas las garantías para ejercer la libertad de expresión, debido a que el Gobierno de la Ciudad no se hace cargo de la seguridad del encuentro”.
“Denunciamos el peligro potencial de quiebra económica de las organizaciones sin fines de lucro que representa el fallo (de la Cámara de Apelaciones) y el debilitamiento de nuestro derecho a la libertad de expresión en la vía pública, en tanto que sólo quienes puedan soportar tales pérdidas económicas y quienes puedan pagar seguros que valen miles de pesos se atreverán a hacer uso de ese derecho. Peligra sin dudas la continuidad de la organización de las marchas del orgullo Lgtbiq, uno de los actos democráticos más grandes del país”.
La nota lleva las firmas de, entre otras organizaciones, la Asociación de Travestis Transexuales y Transgéneros de Argentina, Casa Brandon, 100% Diversidad y Derechos, Club de Osos de Buenos Aires, Comunidad Homosexual Argentina, Cóncavos y Convexos, Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans, La Fulana, Mesa Nacional por la Igualdad, Nexo A.C, Putos Peronistas, La Cámpora Diversia, UCR Diversidad, Partido Humanista, Juventud Radical, Asociación del Personal Legislativo, Nuevo Encuentro y grupos Lgbtiq de diferentes ámbitos y partidos políticos.
Por: Pagina12.com.ar
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