DERECHOS: MUERTE DIGNA, MATRIMONIO IGUALITARIO, GÈNERO Y FERTILIZACIÒN ASISTIDA

Cuatro historias que se unen en la ampliación de derechos.

Consciente colectivo:

Cómo cambió la vida de personas que lucharon y recibieron el beneficio de las leyes de matrimonio igualitario, muerte digna, género y fertilización asistida. Los puntos en común.

Seguramente ninguno de los cuatro entrevistados que convocó Veintitrés se imaginó lo que terminaría sucediendo cuando el grabador se apagó. Julieta Irribarren, embarazada de nueve meses gracias a la sanción de la Ley de Fertilización Asistida en la provincia de Buenos Aires, sacó su cámara pocket y pidió una foto del encuentro para su archivo personal. Sofía Caram, cuya hermana fue desconectada de un respirador artificial luego de cinco años de permanecer en estado vegetativo, le besó la enorme panza y le pidió que por favor le avisara cuando naciera Selene Alejandra. Alex Freyre, el primer hombre en casarse con otro gracias a la Ley de Matrimonio Igualitario, no disimuló sus ojos vidriosos cuando abrazó a Sofía, luego de que ella contara cómo el testimonio de la muerte de su hermana dio un gran impulso para que se sancionara la Ley de Muerte Digna. Y por supuesto, nadie quiso perderse ver el nuevo DNI de Valeria del Mar Ramírez, entregado por Cristina Fernández de Kirchner el último lunes, al poner en vigencia la Ley de Identidad de Género.

Cuatro historias. Cuatro vidas que transitaron por caminos paralelos, pero que hoy parecen unirse en un único lugar: la ampliación de derechos.

Al momento de hacer la producción de fotos para esta crónica, no lo dudaron. Se abrazaron, se miraron y sonrieron. Como si hubieran sido amigos de toda la vida, compañeros de lucha, pese a que para algunos era la primera vez que se veían. Sus vidas se parecen más de lo que creían.

“Todos nosotros tuvimos que salir de alguna manera del closet”, dispara chistoso Alex Freyre, en una suerte de axioma con el que todos coinciden. Su caso fue uno de los pioneros en materia de igualdad de derechos. Luego de décadas de lucha incansable, el 15 de junio de 2010 el Senado convertía en ley la posibilidad de que dos personas del mismo género pudieran casarse. Por caso, fueron Alex y su pareja, José María Di Bello, quienes unos meses antes de sancionarse la ley dieron por primera vez el sí en el registro civil de Ushuaia, luego de varias negativas por parte de diversos jueces de la Capital Federal. Su caso sirvió como referencia en la incansable militancia por equiparar años de desigualdades en materia de género. “Nosotros no nos casamos por un tema personal. Más allá de que estábamos muy enamorados, nuestro objetivo fue abrir las puertas para otras parejas que no se animaban a dar el paso. Nuestro matrimonio fue para los demás, para sentar precedente”.

Así también lo entiende Sofía Caram, periodista, cuyo testimonio en la Cámara alta fue clave para que el proyecto de Muerte Digna hoy se haya convertido en ley.

Su hermana Layla fue una nena normal hasta los ocho años, edad en que se le declaró una enfermedad neurometabólica. La pequeña dejó de caminar, de controlar esfínteres y de hablar. Dejó de estar conectada al mundo para estar conectada en una cama. “Layla dejó de ser Layla”, recuerda Sofía. Después de cinco años en estado vegetativo, su cuerpo comenzó a entrar en crisis y los médicos advirtieron a la familia que no soportaría mucho más tiempo. Su caso era absolutamente irreversible e incurable y pese a que por momentos Layla recuperaba la capacidad respiratoria, era indispensable que estuviera atada a un respirador artificial. Su familia no lo dudó. “Para nosotros era obvio que Layla no podía vivir en esas condiciones. Su vida no era digna. En ese momento los médicos nos dieron una posibilidad excepcional que no existía”, recuerda Sofía, que luego de nueve años de la muerte de su hermana, tomó la posta de su legado. Y agrega: “Después de hablar ante las comisiones en el Senado me di cuenta de que Layla no sólo nació con una misión interna, privada o familiar, sino que su historia tenía una misión colectiva para hacer una Argentina más justa. Estamos hablando de muerte digna cuando no hay posibilidad de una vida digna. Y eso tiene que estar garantizado por el Estado y para todos”.

“Ahora pasamos a la vida”, dice emocionada Julieta, cuya fecha de parto estaba programada para el primero de julio, mientras su marido, Jorge Sequeira, le acaricia la panza. “Selene Alejandra se hace esperar, once años tardó en llegar, un día más, un día menos, ya es lo mismo para nosotros”, confiesa la flamante madre. Su historia, como la de tantos otros, es la de una pareja marcada por la frustración. Apenas se casaron, hace más de una década, comenzaron a buscar su primer hijo. Pasaron cuatro años intentándolo, sin resultados positivos. Primero pensaron que era algo psicológico. Recurrieron a centenares de terapeutas, cambiaron de aires y hasta probaron todas las recetas caseras habidas y por haber. Pero Julieta no dejaba de angustiarse cada que se acercaba la fecha y descubría que estaba menstruando. Hasta que por esas casualidades –o no–, escucharon acerca de una ONG llamada Concebir, que hablaba de una solución bastante tabú: la fertilización.

“Hay una negación por parte de la pareja, es muy fuerte saber y ser consciente de que tenés una enfermedad que no te permite tener hijos. Para un hombre es hasta vergonzoso y roza con prejuicios del machismo”, explica Jorge.

Así fue como a mediados del 2005 comenzaron a realizarse los primeros tratamientos de baja complejidad en el Hospital Posadas. Después de cinco intentos Julieta tuvo un embarazo ectópico y las complicaciones no tardaron en llegar: casi pierde su vida a causa del estallido de una de sus trompas de Falopio. Una vez recuperada, aunque ya frustrada, temerosa y harta, siguieron haciéndose tratamientos, esta vez de alta complejidad y en clínicas privadas. Con ninguno quedó embarazada y su situación económica se había deteriorado al invertir todo su capital en los tratamientos.

Finalmente, a principios de 2010, la Legislatura bonaerense sancionó la Ley de Fertilización Asistida y Julieta y Jorge fueron de los primeros en anotarse y quizás, cuando esta edición esté en la calle, Selene Alejandra ya sea parte de este mundo. Por eso, sus padres siguieron muy de cerca el debate en Diputados en el Congreso nacional, que dio media sanción al proyecto que garantiza el acceso integral a los procedimientos y tácticas de reproducción médicamente asistida y que deberán estar incluidos dentro del Programa Médico Obligatorio para el sistema público, obras sociales y prepagas. “La ley a nivel nacional es un gran avance, no sólo porque va a poder acceder cualquier pareja del país y no de la provincia, como nosotros, sino porque tiene un alcance mayor, por ejemplo, contempla la donación de espermatozoides”, explica Julieta. Esta semana el proyecto ingresó a la Comisión de Salud de la Cámara alta pero aún no obtuvo dictamen para ingresar al recinto, aunque desde las organizaciones no gubernamentales que luchan por la aprobación de la ley aseguraron que “hay ánimo de que salga rápido”.

Para Valeria del Mar Ramírez no fue para nada rápido que el Estado la reconociera como tal, ya que hasta hace cuatro días era Oscar Ramírez. La Presidenta de la Nación le entregó su nuevo DNI y le pidió disculpas por haber tardado tanto. A los veinte años, Valeria decidió ser mujer y la única forma que tuvo para hacerlo fue prostituirse. Era el año 1976 y el gobierno de facto había desembarcado en Casa Rosada. Valeria trabajaba de noche en Camino de Cintura, en Llavallol. “Yo no me prostituía por un tema económico –explica–. La prostitución representaba para mí una oportunidad de sentirme mujer, era una forma de encontrar en el afuera algo que no encontraba en mis papeles. Era una forma de ser vista por los otros”.

Durante esos años, junto a otras compañeras de ruta, Valeria fue secuestrada en el Pozo de Banfield, que funcionó como centro clandestino de detención. Por caso, ella fue violada, torturada y vejada durante los quince días que duró su estadía. “Una mañana, cuando me llevaron a bañarme, pude ver cómo daba a luz una chica en cautiverio”, recuerda. Por eso, Ramírez será la primera querellante transexual del mundo en declarar en uno de los juicios de lesa humanidad. “Para mí es muy importante el DNI porque yo quería declarar como Valeria, como la que soy, a mí me secuestraron por ser Valeria, no por ser Oscar”, afirma.

Los relatos se entrecruzan. Todos se escuchan con atención y logran identificarse en la historia del otro. “El eje en común entre nosotros cuatro tiene que ver con que luchamos para la construcción de una ciudadanía plena –reflexiona Freyre–. Nuestros casos parecían ser algo individual pero se transformaron en una lucha colectiva”. Julieta agrega que “otro de los puntos en común es que tuvimos y tenemos que romper las barreras personales para poder salir a hablarlo a la sociedad”. Sofía reconoce que “aprendió que la única forma de vivir es en términos colectivos y no individuales, poniendo el cuerpo y luchando”, y Valeria sintetiza: “Hoy el conjunto de la sociedad está más abierta para recibir y transitar nuevos derechos que adquirimos después de muchos años de lucha”.

Los entrevistados se despiden con un cálido abrazo y con promesas de reencuentro. Saben que ya no están solos.


Alex
Ley de matrimonio igualitario
“Nosotros nos casamos para abrirle las puertas a otras parejas”.
Alex Freyre y su esposo, José María Di Bello, fueron los primeros homosexuales en contraer matrimonio, aun antes de que se votara la ley. Ambos son referentes en la lucha por la igualdad de género.

Valeria
Ley de identidad de género
“Para mí es muy importante el DNI porque hace 65 años que soy Valeria”.
Valeria del Mar Ramírez tenía 20 años cuando decidió ser mujer. Pasó por la prostitución y fue secuestrada durante la dictadura. Ahora, con su nuevo DNI, será querellante en uno de los juicios.

Julieta
Ley de fertilización asistida
“Selene Alejandra se hace esperar. Tardó once años en llegar, pasamos por 15 tratamientos”.
Julieta Irribarren y Jorge Sequeira fueron uno de los primeros en recurrir a la fertilización asistida apenas se sancionó la ley en la provincia de Buenos Aires, en 2010.

Sofía
Ley de muerte digna
“Layla dejó de ser Layla, no podía vivir en esas condiciones. Su vida no era digna”.
Sofía Caram expuso en el Senado el caso de su hermana Layla, quien hace nueve años fue desconectada del respirador artificial luego de cinco años en estado vegetativo.



Las batallas que vienen

Si bien durante estos últimos años se avanzó de manera ostensible en materia de derechos, aún quedan varias batallas por pelear y por las que muchos sectores de la sociedad vienen dando muestra de empeño en la lucha. Una de ellas es por la despenalización del aborto. Si bien a finales del año pasado por primera vez se logró dar el debate en la Comisión de Legislación Penal, y todo indicaba que se daría dictamen para que pasara al recinto, lo cierto es que no lograron juntar las firmas necesarias y el proyecto tuvo un lamentable retroceso. Los pañuelos verdes deberán seguir al pie del cañón para que se impulse nuevamente el debate. Otro de los asuntos que comenzó a discutirse en la Cámara Baja es la despenalización de la posesión de estupefacientes para el consumo personal. Hace pocas semanas se dio el primer plenario de comisiones de Prevención de Adicciones y Control del Narcotráfico y de Legislación Penal y uno de los grandes invitados fue el juez de la Corte Suprema Eugenio Zaffaroni. Aún no hay fechas exactas ni tiempos determinados, pero todo indica que es un proyecto que avanzará con un viento favorable.


Opinión

Más derechos, más inclusión
Por Pedro Mouratian
Interventor del Inadi

La Argentina está atravesando un período histórico que registra un extraordinario avance en un conjunto de reivindicaciones que parecían muy difíciles de alcanzar. Lo que está en juego es la reformulación tanto de un modelo de desarrollo como de las relaciones entre el Estado y la sociedad, la reducción de las desigualdades sociales y el restablecimiento de criterios de justicia que dejan atrás las políticas neoliberales asociadas a una visión estrecha y mercantilista de la globalización.

Es el camino de ampliación de la democracia, la plena vigencia de los derechos humanos y la reparación de la deuda social con grandes sectores de la población históricamente vulnerados. Una tarea eminentemente política que exige respuestas integrales frente a situaciones concretas de desigualdad y discriminación, que ha encontrado en las políticas públicas diseñadas, primero por Néstor Kirchner y hoy por la presidenta Cristina, las respuestas anheladas.

Desde 2003, el afianzamiento de una política integral de derechos humanos –que impulsó políticas concretas en relación a la memoria histórica, migración, género, entre otras–, la implementación de la Asignación Universal, el Matrimonio Igualitario y la Ley de Identidad de Género constituyen ejemplos fundamentales del compromiso del Estado con las demandas de distintos sectores por la plena vigencia y ampliación de sus derechos. Lo que nos afianza en el camino de la profundización de un país de avanzada en políticas de inclusión.
 

POR: TALI GOLDMAN.  VEINTITRES.INFONEWS.COM

HISTÒRICO ARGENTINA: LEY DE GÈNERO Y MUERTE DIGNA YA SON LEY

LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS TRANS TIENEN UNA LEY QUE LOS AMPARA.

El respeto a la identidad:

El Senado convirtió en ley el proyecto por el cual el Estado garantiza el respeto a la identidad de género. Las personas trans podrán cambiar nombre, foto y sexo de su DNI. Las obras sociales y prepagas deberán pagar la reasignación del sexo, si lo requiere el afiliado.

Alcanzaron dos horas y diez minutos para que el Senado aprobara el proyecto de Identidad de Género, que ya había recibido el mismo tratamiento en la Cámara de Diputados. Fueron 55 votos afirmativos, ninguno negativo, una abstención: con esos números, apenas habían dado las 9 y diez de la noche cuando quedaba convertida en ley la disposición según la cual el Estado argentino respeta la identidad que cada ciudadana y ciudadano concibe como propia. Una vez promulgada, bastará un trámite administrativo para modificar el nombre, la foto, el sexo en el DNI. También quedará garantizado el acceso a los tratamientos de salud que la persona requiera para modificar su cuerpo de acuerdo con el género autopercibido.

El texto aprobado define como “identidad de género” a la “vivencia interna e indidivual del género tal como cada persona la siente, la cual puede corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento, incluyendo la vivencia personal del cuerpo”. Ello “puede involucrar la modificación de la apariencia o la función corporal a través de medios farmacológicos, quirúrgicos o de otra índole, siempre que ello sea libremente escogido. También incluye otras expresiones de género, como la vestimenta, el modo de hablar y los modales”. Podrán modificar sus datos registrales las personas mayores de 18 años. Las prestaciones médicas contempladas en la ley formarán parte del Plan Médico Obligario.

Minutos antes de que el panel del recinto brillara con los números, el senador radical Ernesto Sanz pidió “una autorización especial”: que las y los activistas presentes en las barras pudieran expresar su alegría “si se consolida” la votación. El Senado estalló: desde las barras llovían los aplausos y vivas de activistas a quienes los discursos de la sesión rindieron homenaje una y otra vez. Poco después, los votos daban la razón a esa alegría, que se trasladó a la calle Entre Ríos, frente al Congreso, donde cientos habían seguido del debate en pantalla gigante.

Desde los balcones, la sesión fue presenciada por activistas LGBT, pero en realidad la jornada, en algunos casos, había comenzado bastante antes. “Desde las ocho estoy por acá”, contaba la líder trans Marcela Romero, a quien la Cámara de Diputados había reconocido como “Mujer del Año” en 2009, precisamente porque había logrado un DNI respetuoso de su identidad tras una década de lucha judicial. Presidenta de la Asociación de Travestis, Transexuales y Transgénero de Argentina (Attta), Romero concedió a este diario que sí, estaba “un poco ansiosa” desde temprano en la mañana y se había acercado al Congreso para paliar los nervios. Doce horas después, la ansiedad no menguaba. “Voy a tener que aprovechar que sancionaron muerte digna”, bromeaba desde el balcón que compartía con Esteban Paulón, presidente de la Federación Argentina LGBT (Falgbt), de la que Romero es secretaria general. Más allá, Lohana Berkins, presidenta de Alitt (Asociación de Lucha por la Identidad Travesti), seguía atentamente cada discurso; la concentración, de hecho, le impedía comentar lo que sucedía.

Cuando caía la tarde sobre la plaza Congreso, un centenar de personas seguía la sesión en la pantalla gigante que el Inadi había aportado para acompañar a las organizaciones. Entre música dance, aroma a hamburguesas y personas que corrían colectivos, activistas LGBT bailaban para hacer más leve la espera, mientras se dejaban ver caras que habían sido protagonistas, hace dos años, del debate por el matrimonio igualitario, como José María Di Bello y Alex Freyre, Alejandro Vanelli y Ernesto Larrese, María Rachid. A metros del escenario, Julieta Calderón, altísima con sus 19 años y orgullosa trans militante en la Juventud de la Falgbt, decía a Página/12 que estaba ahí por ella, pero también por su sobrino de 9 años. “Si esto se aprueba, cualquiera sea su deseo, cualquiera su proyecto, la vida sería tan sencilla para él. Creo que esto es para las nuevas generaciones, porque ahora va a hacer falta un cambio cultural fuerte. Socialmente falta. No sé si mañana (por hoy) va a haber un cambio radical en todo, pero el reconocimiento legal a tu verdadera identidad es un cambio cotidiano.”

La sesión había empezado a las siete de la tarde, con una intervención, la de Ada Iturrez de Capellini (Frente Cívico por Santiago, presidenta de la Comisión de Legislación General), que anticipó la tónica predominante de las siguientes dos horas: la Cámara estaba dispuesta a “subsanar” la “deuda” que la democracia tenía con el colectivo trans, y agradecía y aplaudía la militancia de los activistas. La ley, que Iturrez de Capellini definió como “consecuencia de la ley de matrimonio igualitario”, recibió el respaldo de todos los bloques, cuyos representantes fueron ampliando, a su turno, el abanico de razones: es “un derecho humano básico para poder dignificarse”, señaló Eugenio Artaza (UCR); “tendría que haber sido sancionada mucho antes”, reflexionó Aníbal Fernández (FpV); permitirá “a la gente intentar ser más feliz”, aportó Miguel Angel Pichetto (FpV). Es “el primer paso para empezar a revertir esta realidad de discriminación y violación constante de los derechos humanos por razón de identidad de género”, destacó Rubén Giustiniani (PS), quien pidió, como otros de sus colegas, reconocer a la legisladora (MC) Silvia Augsburger, responsable de haber franqueado el paso de la demanda al Congreso.

Los discursos transcurrían sin sobresaltos, ante un recinto del que se habían ausentado dieciséis legisladores, entre ellos Teresita Negre de Alonso, quien dos años atrás se había opuesto férreamente al matrimonio igualitario. Sonia Escudero, que en 2010 votó en oposición a aquella ley, anunciaba, sirviéndose de cifras sobre la vulnerabilidad del colectivo trans, que votaría favorablemente; del mismo modo votó el salteño Juan Carlos Romero. En ese contexto, y trayendo a colación los reparos que la jerarquía católica expresa con respecto a la modificación del Código Civil, Marcelo Fuentes (FpV) cuestionó la “extorsión de la religión” y el “síndrome del púlpito”, puesto que es preciso reconocer “la secularización del derecho”. “No va a haber reconstrucción igualitaria en la Argentina si los responsables de llevarles tranquilidad a sus fieles no los preparan para un mundo que marcha a los cambios.”

Sólo la chubutense Graciela Di Perna (Frente por la Integración) puso una nota disruptiva al anunciar que se abstendría, entre otras cosas, porque “adulterar la partida de nacimiento es un delito”, habida cuenta de que “no se puede adulterar el genotipo del sexo de un individuo presente desde la concepción en cada célula del individuo”.

Aunque los reconocimientos a organizaciones y activistas fueron moneda corriente, un nombre reaparecía una y otra vez en la sesión: el de Claudia Pía Baudracco, la líder trans fallecida el 18 de marzo. La mencionó, tras recordar a “Ursula, una mujer encantadora que ha padecido las discriminaciones que hoy se terminan”, la chaqueña Elena Corregido (FpV); también la riojana Mirtha Luna, al contar que la había conocido en un acto por el Día de la Mujer: “Claudia Pía se me acercó y me pidió que le diéramos sanción al proyecto. Diez días después murió”. El nombre de Baudracco estuvo presente, también, en la plaza, junto con otros históricos, como el de Nadia Echazú. Faltaban minutos para que el cuerpo votara. Gerardo Morales (UCR) se congratuló porque la “ley convertirá a la comunidad trans en sujetos de derecho, como ocurre con el conjunto de la sociedad”.

SANCIONAN LA NORMA QUE PERMITE RECHAZAR LA PROLONGACION ARTIFICIAL DE LA VIDA O LOS TRATAMIENTOS MEDICOS ENCARNIZADOS.

Una ley que vuelve más humana a la muerte

El Senado convirtió por unanimidad en ley el proyecto de muerte digna. Establece que en caso de enfermedad terminal o incurable, los pacientes o sus familiares podrán evitar que se mantengan tratamientos a toda costa. Y se podrán firmar “directivas anticipadas”.

En una sesión con fuerte contenido emocional, el Senado aprobó por unanimidad el proyecto de muerte digna, que amplía los derechos de los pacientes y de sus familiares al permitirles decidir sobre los alcances de los tratamientos terapéuticos en caso de enfermedades terminales, irreversibles o incurables. De esta manera, cuando la ley sea promulgada por el Ejecutivo, los pacientes podrán optar por evitar el “encarnizamiento terapéutico”, que prolonga la vida aun cuando no existen perspectivas de mejoras sobre la salud. Entre otros cambios, se descartó la aplicación de penas a los médicos que asistan al paciente a cumplir su voluntad. La ley fue recibida con satisfacción por los familiares que lucharon por esta iniciativa, incorporada a la agenda parlamentaria a partir del caso de Camila, la nena de dos años que está en estado vegetativo desde su nacimiento.

“En su corta vida, una vida muy intensa, Melina nos concientizó, nos despertó en la conciencia a todos. Ella quería que la dejaran ir, que haya una ley que la ampare a ella y a todos los enfermos que están pasando por situaciones similares de agonía”, señaló la madre de Melina, Susana Bustamante, que ayer observaba el debate en el Senado junto a la mamá de Camila, Selva Herbón, y otros familiares.

La iniciativa, aprobada en noviembre pasado en Diputados, introduce modificaciones y agrega un artículo en la ley 26.529 de Derechos del Paciente, que fue sancionada en 2009. La nueva redacción respeta el principio de “autonomía de la voluntad” al señalar que “el paciente tiene derecho a aceptar o rechazar determinadas terapias o procedimientos médicos o biológicos, con o sin expresión de causa, como así también a revocar posteriormente su manifestación de la voluntad”. En caso de que exista una limitación física o psíquica, podrán dar su consentimiento el cónyuge o conviviente, los hijos mayores de 18 años, los padres u otros familiares con lazo de consanguinidad.

Las personas mayores de edad pueden dejar documentada su voluntad a través de “directivas anticipadas” que deberán contar con la aprobación del médico a cargo. La expresión de la voluntad debe realizarse por escrito ante un escribano o en juzgado de primera instancia con la presencia de dos testigos. En cualquier momento el paciente podrá revocar su decisión.

“Lo que estamos haciendo en el día de hoy es atender un reclamo social, de muchas situaciones que se viven a lo largo del país y adecuándonos a tratados internacionales. El Estado está obligado a respetar el derecho a la vida, y por lo tanto el derecho a la muerte digna”, señaló el titular de la Comisión de Salud, el radical José Cano, primero de los más de 20 senadores que hicieron uso de la palabra. Cano reclamó además la pronta reglamentación de esta ley y recordó que la norma vigente hasta ahora –sancionada en 2009– nunca había sido reglamentada por el Ministerio de Salud. Fue también Cano quien aclaró que en ningún caso será la obra social, el Estado o las empresas de medicina prepaga los que definan sobre estas cuestiones, sino el paciente o sus familiares.

El único punto que fue cuestionado ayer por algunos senadores es el que se refiere a la suspensión de “la hidratación y la alimentación” del enfermo. “El proyecto contiene una incongruencia porque permite oponerse a cuidados y tratamientos médicos y farmacológicos desproporcionados, es decir los que prolongan la agonía en forma artificial, gravosa y penosa. Pero, además, dice que se pueden rechazar incluso los procedimientos de hidratación y alimentación como si pudieran tratarse de ensañamiento terapéutico. No es consistente con el concepto de muerte digna, por el contrario, estamos condenando a la persona a una muerte dolorosa por inanición y deshidratación”, señaló la senadora del peronismo disidente Sonia Escudero, que se abstuvo en ese artículo, acompañada por el santafesino Carlos Reutemann, el sanjuanino Roberto Basualdo y la catamarqueña Blanca Monllau.

El porteño Samuel Cabanchik (ProBaFe) se encargó de responderle que, en realidad, el texto de la ley es muy específico en los casos en los que se podrá quitar la hidratación y alimentación. Será sólo cuando los mismos produzcan “como único efecto” la prolongación en el tiempo de ese estadio terminal irreversible e incurable. Además, Cabanchik enmarcó la norma aprobada ayer dentro de lo que significaron en materia de ampliación de derechos la ley de matrimonio igualitario, ley de salud mental y ley de identidad de género, que se sancionó horas más tarde.

Durante el transcurso de la sesión se dejó en claro que la iniciativa no está relacionada con la eutanasia ni con el suicidio asistido, prácticas penadas por la ley argentina. “La posibilidad del paciente de consentir o rechazar estos procedimientos es también una cuestión de derechos humanos. La modificación de esta ley no consagra la eutanasia ni el suicidio asistido, sino que estamos garantizando el derecho del paciente sobre su calidad de vida”, explicó el kirchnerista Daniel Filmus.

A su turno, el ex jefe de Gabinete Aníbal Fernández relató que el tema lo involucró personalmente porque perdió a su padre en circunstancias abarcadas por la ley. El senador bonaerense defendió la medida desde su visión religiosa y recordó que el papa Juan Pablo II llamó a terminar con una concepción del autoflagelamiento o el dolor como condicionamiento para ganar el cielo.

“Creemos que esta ley no va contra ninguno de los principios bioéticos del país, los cuatro principios básicos de bioética están cumplidos en este proyecto. Hay mucha gente que hoy está esperando esta ley, que no tiene la oportunidad de morirse, que lo ha pedido y no existe un marco jurídico que permita la tranquilidad de los profesionales, de los familiares”, remarcó Jaime Linares, del GEN, la fuerza que lidera Margarita Stolbizer. Al momento de la votación, el diputado Gerardo Milman se había acercado a los palcos para acompañar a los familiares que habían decidido no moverse de su lugar hasta que se sancionara la ley.

Entre los senadores hubo reiterados reconocimientos a los familiares que reclaman desde hace años por esta situación. “Esta ley no llega por motivaciones médicas o jurídicas, llega por necesidades humanas. Llega por iniciativa de quienes padecen estas situaciones. Llega por la lucha de gente que ha trabajado para que fuera posible. Es la mamá de Melina, de Pablo, de Camila, es el reconocimiento a familiares que pedían poner fin al calvario y al suplicio”, concluyó así el socialista Rubén Giustiniani.

POR: Soledad Vallejos. Sebastian Abrevaya
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ARREGLO:ALBERTO CARRERA