¿Puede la publicidad electoral ser analizada como documento político? Se
puede argumentar mucho a favor de una respuesta negativa, especialmente
porque la materia de la que está hecha no son los argumentos, ni los
relatos ni la reflexión, sino la sugestión que logre producir a favor de
determinada fórmula. Sin embargo, queda en pie que el producto que se
intenta vender es político, por lo cual la forma está subordinada al
objetivo de inducir una determinada conducta política. Además, ¿dónde
está escrito que los documentos específicamente políticos manejan
solamente recursos argumentativos racionales? Ninguna historia de
partido político alguno habilitaría ese hiperracionalismo
interpretativo. Puede aceptarse que la publicidad es un lenguaje
específico y no se le puede exigir que se someta a cánones estilíticos
ajenos a esa condición. No podrá, en ningún caso, ignorarse que el
“lenguaje publicitario” termina constituyéndose socialmente en la manera
concreta de hablar de un grupo de candidatos.
Vale, entonces, preguntarse por el contenido político de las actuales
campañas publicitarias de los partidos políticos. Lo más interesante de
ese contenido es, a nuestro juicio, la aparición de un conjunto de
spots que discurren alrededor de la unidad y la división entre los
argentinos. Está el spot de la parrilla que se vacía de chorizos, el
número de cuyos consumidores parece reducirse de reunión en reunión, en
la medida en que la política va dividiendo a los amigos. “En un país
normal, la política une, no divide, llamalos”, dice la voz en off
cerrando el obvio hilo argumental. Hay otro spot que va más allá, hasta
imaginar dos países, Argen y Tina, enfrentados por el odio más cerril.
Tiene variantes: en una de ellas dos mujeres intercambian “puntos de
vista” sobre la inflación; el razonamiento de la que argumenta “en
contra” de la inflación es “en Tina con seis pesos nos hacemos una
fiesta”, con lo que el problema parece desplazarse de la existencia de
dos países al hecho de que uno de ellos ha entrado en estado de locura.
Stolbizer y Alfonsín dicen después que vienen a “unir a los argentinos”.
Ecos de ese deseo obsesivo de unidad aparecen también en la consigna
“Juntos podemos” que curiosamente unió en estos días a la derecha
macrista con un sector de la izquierda. Es decir, de lo que se habla es
de la unidad nacional.
Claramente, el diagnóstico que presenta la publicidad es que el país
está desunido y que esa es la causa de todas las desgracias. No se
dice, pero enfáticamente se sugiere, que el culpable de la división es
el Gobierno y se remata con que serán los candidatos publicitados los
que restablezcan la perdida unidad. La unidad nacional es uno de los
problemas centrales de la historia política moderna; los últimos cinco
siglos de debate teórico giran en torno de ese problema. ¿Cómo pueden
instalarse estados nacionales únicos en territorios poblados de
antagonismos étnicos, territoriales, religiosos y sociales? Ese parece
ser uno de los enigmas fundamentales. Con el fenómeno de la
globalización, el problema ha adquirido un giro aún más dramático y ha
puesto en cuestión la viabilidad de los estados nacionales en un mundo
“desterritorializado” por las múltiples redes –centralmente las
financieras– que lo atraviesan y lo convierten en una unidad global.
Siempre la unidad nacional es una unidad precaria y relativa: ni los
más duros regímenes autoritarios se han propuesto la imposible tarea de
destruir la pluralidad; siempre han trabajado más bien por someter esa
pluralidad a su propio poder. El signo de la unidad es variable: hay
unidades nacionales posdictatoriales y posbélicas, las hay pactadas y de
hecho, las hay más estables y más inestables. Argentina vive hace tres
décadas en el régimen democrático, lo que supone un pacto
nacional-constitucional y social para dirimir sus diferencias en los
marcos jurídicos preestablecidos. Es un pacto que ha sobrevivido las
tensiones más radicales, cuando hace doce años el país vivió el
dramático pasaje del derrumbe social más profundo de su historia. Dentro
del ciclo de unidad nacional en democracia abierto en 1983, se abrió en
los años del descalabro un capítulo específico de la unidad nacional
argentina, el capítulo kirchnerista.
En cada etapa concreta, la unidad nacional adopta una forma
específica. Esta forma no surge de un acuerdo general espontáneo sino
que es una decisión hegemónica. Cuando se trata de pensar esta unidad
nacional que estamos transitando es aconsejable remitirnos a sus
orígenes, a cuáles fueron las condiciones en las que se gestó y de qué
forma se respondió a esas condiciones. Allá por marzo de 2002 se conoció
en la Argentina la propuesta de Rudiger Dornbusch (economista ortodoxo
estadounidense fallecido poco tiempo después) y Roberto Caballero
(chileno) para enfrentar la crisis argentina. Según Clarín del 3 de
marzo de ese año, la propuesta consistía “en una virtual intervención
externa sobre el gobierno argentino: al menos sobre las palancas de la
política fiscal, monetaria y la administración de impuestos”. No era,
como pudiera pensarse hoy, un planteo marginal y algo delirante, sino
una expresión (acaso particularmente radical) del estado de opinión
predominante entre los poderes fácticos que buscaban equilibrar en algún
punto la desmadrada situación argentina. Fue el tiempo del default
externo y de la disolución interna de la moneda –arrinconada por
papelitos con valor oficial que se imprimían desde diferentes
provincias– y de la confianza política. De ese estado de cosas hay que
hacerse cargo para explicar el ciclo político que entonces comenzó. Un
ciclo político al que se le pueden criticar muchas cosas, pero no el no
haber recuperado los instrumentos básicos de la autonomía nacional.
Resulta entonces que la apelación nostálgica a la unidad nacional
perdida lleva a los orígenes de la experiencia que estamos viviendo por
caminos mucho más fructíferos que las apelaciones morales contra las
divisiones. En 2003 se gestó una fórmula concreta de unidad nacional. Ya
llevamos una década entera viviendo, unidos, bajo esa fórmula. Es bueno
dirigir hacia allí la mirada, porque es lo que está en discusión y es
lo que seguramente aleja a algunos comensales de algunas parrillas. Esta
fórmula tiene un principio central muy simple y muy claro: el Gobierno
gobierna. Depositario como es de la voluntad soberana del pueblo,
expresada en las mayorías requeridas por la Constitución, el Gobierno no
tiene el derecho de gobernar sino la obligación democrática de hacerlo.
¿Eso elimina el sistema de pesos y contrapesos que predica el
liberalismo? No, no lo elimina. Simplemente pone el peso del Gobierno en
la balanza y lo hace sentir. Este punto es la principal ruptura de la
experiencia kirchnerista con el resto de la experiencia democrática de
estas tres décadas: la extendida autonomía relativa del gobierno
político respecto de los círculos fácticamente poderosos de la
Argentina. Otro rasgo saliente de la fórmula es un notorio giro en la
manera de interpretar la ya célebre “gobernabilidad”: desde el incendio
de fines de 2001 empezó a quedar claro que los equilibrios de la
Argentina gobernable no podían ser sostenidos en los inéditos índices de
pobreza y marginación entonces alcanzados. La clave de la
gobernabilidad dejó de ser el “riesgo país” dictaminado por terapeutas
que eran parte de la enfermedad argentina y pasó a ser el nivel de
empleo y de recuperación de ingresos por los sectores más vulnerables. Y
ese giro tenía que ser acompañado por un brusco cambio de lugar del
Estado en el conflicto social argentino: un giro comprometido con la
redistribución del ingreso y la apuesta a un nivel de
reindustrialización de la economía argentina. La política de memoria,
verdad y justicia actuó como un garante ético de la unidad nacional y el
relacionamiento internacional regionalmente dirigido del país fue
desarrollándose como su reaseguro estratégico en tiempos mundiales
crecientemente convulsionados.
Esta unidad nacional es conflictiva. En rigor no hay unidad nacional
que no lo sea; lo fue también el menemismo, cuya fórmula excluyente fue
la readaptación radical del país a los vientos neoliberales. Solamente
que el conflicto de entonces (los trabajadores despedidos, la economía
desnacionalizada, la producción acorralada) no tenía la voz social
suficientemente potente para hacerse oír. Quienes hoy se sienten
perjudicados disponen de enormes recursos de comunicación e influencia
social y cultural y los hacen valer, lo que es claramente legítimo y
democrático. No existe el “contrapeso” liberal de la acción policial
contra la protesta, como lo vemos a diario en las muy liberales
democracias europeas. Aquí hay movilizaciones callejeras muy importantes
de la oposición sin la más mínima molestia y hay diarios y cadenas
noticiosas trabajando 24 horas al día para emponzoñar el clima social;
ejercen, a su manera, la libertad de expresión. Claro, hay también mucha
actividad del gobierno y de quienes lo apoyan para defender esta
fórmula de unidad nacional (y esa actitud movilizadora es otro de los
rasgos importantes de la propia fórmula). La pregunta por la unidad
nacional interpela también a la propia fuerza de gobierno y a su
capacidad de autorrecreación en condiciones cambiantes y de creciente
exigencia.
La unidad nacional está críticamente planteada en la campaña
electoral. Por ahora más en la forma de una queja o una vaga nostalgia
por un ayer que nunca existió que como propuesta política novedosa.
Todavía no apareció ningún spot capaz de explicar cómo puede construirse
la nueva unidad nacional desde uno de los bandos en los que hoy se
reconoce dividida. Allí es donde la “noble bandera” de la unidad
nacional debe reconocer su esencia diabólica, irreductible a la virtud
moral, es decir su naturaleza irrevocablemente política.
POR: Edgardo Mocca - PAGINA12.COM.AR
FOTOGRAFÌA: WEB
ARREGLOS: ALBERTO CARRERA
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ARREGLOS: ALBERTO CARRERA
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